Golpe de Estado. El Mundo. Madrid

Bela Kun, Pilsudsky o Trotsky, cuyas distintas actuaciones le sirvieron a Curzio Malaparte para  elaborar su célebre Tecnica del colpo di Stato, no pudieron prever la más sutil manera de prepararlo: desde el propio seno del poder que se pretende derribar. Los que criticamos al Gobierno de Pedro Sánchez tendríamos que reconocer al menos que posee una indudable originalidad, consciente o inconscientemente está llevando a cabo, utilizando los resortes en su poder del aparato del Estado, la demolición del régimen de 1978 cuya legitimidad  le sirve para gobernar. Frente a un intento de esa clase, claramente desestabilizador, la oposición parece querer oponerse solamente desde la gestión, rechazando el combate ideológico. ¿Han perdido la cabeza?

 

La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria  (artículo 1.3 de la Constitución), cuyas reglas de funcionamiento están garantizadas por  jueces y tribunales que dotan de seguridad jurídica al sistema y tutelan los derechos y libertades de todos los españoles. La legitimidad de este Estado deriva de un pacto fundacional firmado en diciembre de 1978, que puso fin al régimen anterior confirmando el acto de perdón  colectivo que los representantes del pueblo español se habían dado previamente mediante la Ley de Amnistía. Es decir, el nuevo régimen nace sobre las ruinas del franquista, la aprobación del  texto constitucional mediante referéndum consagra así un nuevo pacto social. Todo esto se pretende demoler,  veamos:

 

Primero.-Desde el momento en que  se excluye la presencia del Jefe del Estado en una Comunidad Autónoma, se está privando de efectos al propio texto constitucional. El Rey es símbolo de unidad y permanencia en cualquier parte del Estado, caso contrario estaríamos aceptando por vía fáctica las pretensiones independentistas sobre la inexistencia de monarquía en Cataluña.  ¿Es que no se dan cuenta? Para conseguir objetivos tácticos, como la aprobación de los presupuestos, se estaría dando la razón a los golpistas.

 

Segundo.-Con respecto al poder judicial, es incomprensible que se esté dando la impresión de que los tribunales están solos en la lucha contra la criminalidad. Ciertamente, los indultos constituyen una forma más en la reacción frente al delito, y son una medida de gracia que puede ser utilizada por razones de reinserción, incluso de conveniencia. También es legítimo proceder a la modificación de tipos penales, como la sedición, en orden a conseguir mayor eficacia y modernidad. Pero resulta indignante proceder a todo ello, sin consenso con la oposición, y con la idea vendida públicamente de que se pretende reparar la condena desproporcionada de un tribunal que se ha limitado a resolver, con imparcialidad, un problema estricto de tipificación punitiva. ¿Cómo entonces defendemos a nuestros jueces?

 

Tercero.-Por último, vender la idea de que se puede prescindir de la ley de Amnistía en base a los textos internacionales firmados por España no sólo es un disparate conceptual, contrario a técnicas elementales de derecho constitucional y penal,  constituye la mejor demostración de que se pretende deshacer el pacto social que dio origen a nuestro Estado. Nuestros populistas quieren destruir el lema de “Paz, piedad y perdón” que con grandeza solicitaba Don Manuel Azaña

 

 

¿Y si se encierra? El Mundo Madrid

El tópico marxista, reflejado en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, según el cual la historia se repite dos veces, la segunda en forma de comedia, no siempre es verdad. Al menos en  lo que se refiere a quienes quieren propiciar un  nuevo de golpe de estado en Cataluña. Nos referimos a las palabras de Quim Torra sobre su reacción ante la posibilidad de una sentencia del Supremo confirmatoria de su inhabilitación. Desde luego  puede parecer surrealista encerrarse en una habitación de la Presidencia de la Generalitat pero, por ridículo que sea, sus efectos pueden resultar dramáticos para una sociedad tan vulnerable como la española. Convendría precisar:

 

Primero.-El artículo 118 de la Constitución española establece taxativamente lo siguiente: “Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso de un proceso y en la ejecución de lo resuelto”. Si Torra se negase a acatar el fallo incurriría en nueva responsabilidad, y nuestros tribunales  dispondrían de todos los medios para la ejecución de lo que disponga. En un Estado de Derecho nadie puede dejar de cumplimentar lo acordado por los jueces.

 

Segundo.-Además, si el Sr. Torra provocase con su incumplimiento  manifestaciones o desórdenes de carácter violento, o actitudes de resistencia activa de esa índole, incidiría inmediatamente en actos de análoga tipificación a los que fueron imputados a los protagonistas del denominado “procés”. No hace falta recordar, por otra parte, que en nuestra opinión siempre ha podido considerase palmaria la participación del referido señor en actos que expresan una continuidad delictiva con los  protagonizados, sea cuál sea la forma en que se califiquen, por el Sr. Puigdemont.

 

Tercero.-El problema es que nuestros jueces y tribunales se encuentran solos frente a los “golpistas”. Nadie en su sano juicio puede considerar normal que, mientras se sustancian unas diligencias sobre la desobediencia del Sr. Torra, nuestro gobierno quiera reanudar las conversaciones sobre Cataluña con las fuerzas políticas que se levantaron en su día. ¿Con qué tranquilidad lo contemplarán los ciudadanos que defienden nuestro ordenamiento jurídico?

 

Claro que es necesario dialogar, Cataluña se ha convertido en un problema político que imposibilita la convivencia. Se puede hablar sobre una reforma de carácter federal, nuestro país es ya materialmente una federación, sobre la potenciación de los signos catalanes de identidad, o incluso de una capitalidad compartida con Barcelona. Pero no se puede ceder sobre la soberanía española en su conjunto. Y a veces da la impresión de que todo es posible…¿No comprenden nuestros representantes que ya nadie del resto del Estado quiere residir en Cataluña con lo que supone de abandono, incluso electoral.

 

Se mire como se mire, un gobierno que se apoya en fuerzas independentistas puede ser objeto de chantaje, ¡y ya está bien! No parece una política honesta buscar la conservación del poder a toda costa. En 1934 el Estado supo defenderse, ahora parece que no.

 

 

 

 

 

 

 

Martín Villa y la "memoria histórica". El Mundo. Madrid

 

Se anuncian en nuestro país diversas iniciativas sobre la denominada “memoria histórica” cuando  lo más sensato  sería olvidar. Señalaba Stanley Payne en Los orígenes de la Guerra civil española, obra colectiva en la que participó, que determinadas historias sólo sirven para dar un ejemplo negativo a otros países de cómo no debían portarse. Se basaba en consideraciones del filósofo decimonónico Chaadayev, que aludía a Rusia. Sin embargo, la II República y nuestra guerra civil constituyen un exponente bien claro de acontecimientos que sólo deben inspirar vergüenza. Unos y otros fueron responsables de aquel desastre. Los franquistas se sublevaron es cierto, pero las fuerzas de izquierda lo hicieron también en el año 1934. La República fue un sueño hermoso pero acabó mal y con crueldad.

 

Los partidarios de fomentar memorias de esa clase han aplaudido la declaración de Rodolfo Martín Villa, instada por una magistrada argentina, sobre presuntos crímenes cometidos en la transición española. Aparte de lo sencillamente disparatado que parece todo, habría que recordar los siguientes hechos elementales:

 

Primero.-En España no existe otra jurisdicción que la nuestra. Ningún órgano judicial de otro país puede incoar diligencias contra un compatriota por hechos ocurridos en el nuestro. Esto lo sabe cualquier estudiante de derecho, y lo deberían saber nuestras instituciones. Bastaría con leer las leyes de Enjuiciamiento Criminal y la Orgánica del Poder Judicial.

 

Segundo. La Ley de Amnistía elaborada por las Cortes en 1977 extendió sus efectos sobre todos los hechos con intencionalidad política, tipificables como delito, con anterioridad a la llegada de la democracia. No se trató de ninguna “Ley de punto final” como las que se dieron los dictadores latinoamericanos para protegerse frente a la acción de la justicia. Por el contrario, nuestra Amnistía pretendía servir como instrumento de reconciliación: lograr la piedad y el perdón que dramáticamente solicitaba en 1938 Don Manuel Azaña.

 

Tercero.-Nuestros populistas son de una enorme ingenuidad. Si no se hubiera elaborado la Ley de Amnistía, personajes como Santiago Carrillo, en cuyo partido milité, podían haber sido procesados por los sucesos de Paracuellos del Jarama. ¿Es que no lo saben? Cabía alegar que se trataba de un delito de lesa humanidad, incluso un genocidio, no susceptible de prescripción. La Amnistía fue dada a unos y a otros, era la única manera de inaugurar un nuevo régimen sin hipotecas. No se trató de un escudo para los represores, fue un acto de perdón colectivo.

 

Cuarto.-Todo esto obedece, además, a una dinámica lógica: si se destruye la Monarquía, se desprestigia sistemáticamente al poder judicial, y se descalifica a los personajes que hicieron posible nuestra transición hacia las libertades públicas y la democracia, el régimen constitucional quebrará. Queda bien poco ya. ¿A quién beneficia este fracaso? Es evidente: a los independentistas, a los populistas y a los irresponsables de toda clase y condición. Si a esto unimos la cobardía de partidos que prefieren eliminar a brillantes dirigentes, Cayetana Álvarez por ejemplo,  con tal de sobrevivir entre medianías, queda poco por hacer.

 

Hay jueces que pretender ser debeladores de entuertos urbi et orbi sin darse cuenta, como señalaba el pobre Tomás y Valiente, que lo único que desean es reforzar su narcisismo.