miércoles, 20 de noviembre de 2019

Con tristeza y piedad


Nos dice el Evangelio: Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos. (Mt 5,3-12) y hay ocasiones en que una elemental piedad nos obliga a recordarlo. La justicia no la imparten sólo los órganos del Poder Judicial, por desgracia en la práctica se encarga de ello la opinión pública.
Termino de leer, a estas horas finales de la tarde, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla el día de ayer en el caso de los ERE, y me gustaría dejar por escrito las siguientes reflexiones, dejando para otro tipo de artículo especializado el análisis estrictamente jurídido de su contenido:
1) José Antonio Griñán y Manuel Chaves, otros de los condenados también, son personas honorables y buenas. Ambos son, además,  brillantes y de gran valía profesional. La sentencia no puede poner en cuestión nada de esto. 
2) Manuel Chaves y José Antonio Griñán han representado con dignidad y honor la presidencia de la Junta de Andalucía. Es una auténtica tragedia que terminen su vida política en estas condiciones, no se lo merecen. Son personas de categoría muy por encima de la media de nuestro país.
3) Su responsabilidad ha sido política: la derivada de que sus subordinados, no todos por supuesto,  han gestionado fraudulentamente el patrimonio público,  comportándose como auténticos sinvergüenzas y  protagonizando actitudes tercermundistas y cutres. El Partido Socialista Obrero Español no debería nunca haber permitido su actuación, y desde luego es responsable.
4) En los países civilizados, la responsabilidad política se dirime con instrumentos de esa clase. La torpeza de nuestros dirigentes ha sido incapaz de hacerlo, y ha preferido abandonar el tema a los jueces. Se ha destrozado a personas honorables por no saber ejercitar los adecuados instrumentos de oposición. Los miembros del partido en el poder y los de la oposición han actuado de manera vulgar, cateta incluso.
5) La conversión de la responsabilidad política en responsabilidad penal constituye ya  una lacra de nuestra democracia. Como nuestros representantes carecen de la capacidad intelectual necesaria para desenvolverse con categoría, simplifican cualquier problema: se comportan como inquisidores y prefieren llevar a la hoguera a los contrarios. Eso vale para unos y para otros, no saben distinguir.

6) Con absoluto respeto a la autoridad judicial, me gustaría observar que en mi opinión la conciencia de la injusticia, palmaria ilegalidad o arbitrariedad, de las resoluciones que han constituido el objeto del enjuiciamiento no resultan en absoluto acreditadas con respecto al menos a los Sres. Griñán y Chaves. ¿Es lógico pensar que un Presidente de Gobierno o un Ministro conocen en profundidad las actuaciones de sus subordinados?
7) ¿Es sensato pensar que Griñán, Chaves, otros también, conocían la manifiesta ilicitud de las transferencias de financiación? Desde luego, un Presidente del Gobierno no está para ocuparse de cuestiones de detalle, su misión es la "alta política", la determinación de los programa y objetivos. La actuación de los gestores departamentales se rige por una relación de confianza. Y si los subordinados no la merecen, el problema es político. 
 ¿Por otra parte, de verdad es posible hablar de malversación en la actuación de Griñán? No resulta así de la atenta lectura de los hechos probados que no pueden partir de “relatos” o presunciones previas. Supongo que el Tribunal Supremo tendrá algo que decir. Hacer de la responsabilidad penal una responsabilidad por el resultado destruye las bases esenciales del Código Penal y elimina la presunción de inocencia.

Sólo de manera excepcional deberá responderse penalmente por la actuación de otros. Una relación de confianza puede generar consecuencias penales sólo en los casos en que, por su naturaleza, la actuación del subordinado implicase la del superior jerárquico. Las actividades delictivas no pueden presumirse.

 8) La sentencia obvia una distinción elemental: una cosa es la naturaleza jurídica de las subvenciones, que podría llevar a la creencia por su excepcionalidad y urgencia de un control distinto a los rigurosamente procedimentales, y otra bien distinta es que concretos y determinados personajes hayan dilapidado los caudales públicos. 

9) ¿Un Estado de Derecho puede tolerar que se utilice a la instructora de las diligencias en un medio de comunicación, en forma claramente contraria a los procesados, durante el desarrollo del juicio  oral? De hecho, se les consideraba sin matices como culpables. ¿Puede aceptarse, en estas condiciones, que el proceso se desarrolló con imparcialidad? Por el contrario, desde ese momento estuvo afectado de nulidad además de constituir un auténtico disparate conceptual. En cualquier país civilizado, sería intolerable que quien ha instruido unas diligencias judiciales interfiera después en el curso del juicio oral con declaraciones en la prensa. Para colmo, en contra de los acusados. Nadie dijo nada, ¿nos hemos vuelto locos?

10) Por otra parte, con independencia de su buena fe y capacidad de trabajo que no se ponen en duda, ¿respetó la instructora de las diligencias las garantías constitucionales y estatutarias denominadas prerrogativas parlamentarias? En nuestra opinión, la distinción entre mera imputación e inculpación, que tuvo lugar forzadamente desde el principio, fue utilizada de una manera claramente desfavorable para los acusados.  Y no podemos olvidar el hecho, verdaderamente llamativo y grave, de haber acordado unas diligencias con respecto al Parlamento de Andalucía, institución protegida por la inviolabilidad del Poder Legislativo.  ¿Cómo es posible que no se haya tenido en cuenta todo esto?

¿Han tenido, entonces,  José Antonio Griñán y Manuel Chaves, otros también,  un proceso justo? Técnicamente, entendemos que no.

11) Hasta Daniel Defoe, por limitarnos al campo bien conocido de la novela, llegó a decir que los españoles somos crueles. Basta con ir a Twitter para comprobarlo: crueles y malvados. Quienes difrutan con el daño ajeno no son personas nada recomendables, máxime si pretenden obtener ventajas de cualquier clase, incluso políticas, con su dolor.
12) Mientras España se fragmenta territorialmente, Pedro Sánchez solicita irresponsablemente el apoyo de los independentistas y el prestigio del Estado se hunde internacionalmente, nos dedicamos, como hemos hecho a lo largo de la historia, a llevar a pobre gente a la hoguera.
En fin, quiero repetirlo las veces que sean necesarias, José Antonio Griñán y  Manuel Chaves son personas brillantes, buenas y honestas. Otros de los condenados también.  

La incidencia de la opinión publicada sobre los procesos jurídicos nos lleva a lamentar su capacidad de presión e influencia sobre nuestros jueces y magistrados que, la mayoría de las veces inconscientemente, no son capaces de oponerse a la dictadura interesada de las masas y sus medios. En este caso, tal presión ha sido enormemente perjudicial para los intereses de la Justicia.
Todo ello con independencia, como es natural, de que lo ocurrido resulte vergonzoso y deba llevar al PSOE a una profunda reflexión, no nos merecemos lo que ha pasado

viernes, 15 de noviembre de 2019

¿Saben lo que nos jugamos? El Mundo. Madrid


Los Sres Pedro Sánchez y Pablo Iglesias inciden con su preacuerdo en clara irresponsabilidad. No es ninguna exageración, pues sin hablar con el resto de los partidos prescinden de los siguientes  hechos: 

Primero.- El escrito del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre la inmunidad de Junqueras, es de enorme gravedad para los intereses de nuestro país. No es vinculante, pero sus conclusiones son desalentadoras. Es verdad que entiende que la consulta del Tribunal Supremo carece de sentido una vez dictada sentencia condenatoria con inhabilitación para cargo representativo. A cambio señala dos cosas a cual más nefasta: Junqueras sería diputado del Parlamento Europeo por el simple hecho de la elección, y el Tribunal Supremo no debería haber planteado ninguna objeción a su toma de posesión en Bruselas.

A la vista de ello, y no es de extrañar, la defensa del condenado anuncia la presentación de una solicitud de nulidad de la sentencia del TS, incluso en el supuesto de que se considerase  extemporánea la consulta de la Sala Segunda. Independientemente de que el mencionado Abogado General demuestra no conocer en profundidad el instituto de las prerrogativas parlamentarias, confunde conceptualmente por ejemplo  la que denomina “suspensión de inmunidad”, lo cierto es que el peligro para el prestigio de nuestro sistema jurídico y la estabilidad institucional no puede ser más grave. Máxime cuando tal interpretación podría llevar  al Parlamento Europeo a considerar la exacta condición del Sr. Puigdemont. Lo diga el Abogado General, o su porquero, ni Junqueras ni Puigdemont podrían ostentar la prerrogativa de la inmunidad cuando con anterioridad a las elecciones habían sido procesados.

Con arreglo al artículo 9 del Protocolo Europeo sobre privilegios e inmunidades no cabe impedir la actuación de un tribunal español en este caso, máxime cuando Puigdemont es un rebelde a la justicia, y sería una  burla que una institución internacional lo protegiera. Conforme a nuestro ordenamiento, sobre una persona en prisión preventiva ya procesada no hubiera sido necesario siquiera realizar consulta alguna. Constituye un disparate pensar en la puesta en libertad de un preso, ahora ya condenado, para facilitar su huida. Solamente sería posible en los casos de prisión sin inculpación, en verdad excepcionales. Cosa distinta es que el propio Parlamento Europeo plantease la cuestión de su condición al tribunal español, lo que no es lo mismo. El Abogado General alude a que no cabe una exégesis literal del referido Protocolo. Tal alegación es absurda, o se deroga ese instrumento o se aplica como está redactado. La seguridad jurídica a este respecto es imprescindible.

Segundo.-Al mismo tiempo, el Parlament ha vuelto a votar una moción de autodeterminación. Se les ha advertido de ilegalidad, ¿qué hacemos de persistir la desobediencia? ¿Dejamos que los tribunales se enfrenten solos al tema? Unidas Podemos y el PSOE no pueden gobernar sin un pacto con todos los partidos constitucionales. ¿Qué confianza se puede tener sobre una organización, Unidas Podemos, que defiende  el derecho a decidir de una Comunidad  sobre la soberanía de todos y cada uno de los españoles? La verdad es que no saben nada de ciencia política ni de patriotismo constitucional, deben leer a Jürgen Habermas. En estas condiciones, el acuerdo constituye un riesgo que no es sensato asumir.


sábado, 9 de noviembre de 2019

Narcisismo irresponsable. El Mundo. Madrid



Un psiquiatra, interesado en la cultura, diría al observar los autorretratos de Albrecht Dürer (Durero) que reflejan una alteración conocida en la clínica, también en la literatura, como narcisismo. La verdad es que para la historia del arte nada importaría, sus cuadros son expresión de inteligencia y de belleza, y los desórdenes mentales de su autor  deberían quedar al margen. No en vano se ha señalado que la genialidad va unida a la locura. Problema distinto es cuando esa enfermedad es padecida por un político, sobre todo cuando ostenta la presidencia de un gobierno aunque sea en funciones.  ¿Cómo se le ocurrió a Pedro Sánchez comprometerse a traer a Puigdemont, como si pudiera dar órdenes a la Fiscalía y a nuestros tribunales? ¿Es un niño bravucón? Haya alcanzado o no la madurez, lo cierto es que su comportamiento resulta irresponsable y muy peligroso por varias razones:

Primero.-Sus palabras afectan a la separación de poderes, cuyo respeto es uno de los requisitos necesarios al juzgar el carácter democrático de un Estado. Pedro Sánchez, por ignorancia o infantilismo, parece no darse cuenta que los inconvenientes que tenemos para la entrega de los rebeldes a la acción de la justicia derivan de una profunda desconfianza sobre el normal funcionamiento de nuestro sistema, no ya estrictamente del poder judicial. El problema es que ningún país civilizado puede comprender como un conflicto de la gravedad del catalán ha sido imposible resolverlo en su terreno normal, el político.

Los independentistas han atacado nuestras instituciones de una manera claramente criminal, al desobedecer reiteradamente las órdenes del Tribunal Constitucional y alzarse, con el auxilio de las masas afines, al objeto de conquistar el poder en Cataluña. Es cierto que, por torpeza de nuestra clase política, se ha judicializado una cuestión que debía haber sido resuelta mucho antes en el terreno parlamentario y de la palabra, pero eso es otra cuestión. El hecho es que de una manera desleal, y estrictamente penal que es lo decisivo, nos encontramos ante la imputación de conductas criminales. Todo eso hay que saber explicarlo para evitar las dudas de los jueces extranjeros. Manifestaciones como las de Pedro Sánchez favorecen la estrategia de los enemigos de del Estado.

Segundo.-España ha tenido presidentes de gobierno de muy diferente estilo. Los ha habido claramente intelectuales, caso de Manuel Azaña, que también lo fue de la II República, brillantes como Felipe González, prudentes y serios como Rajoy, también algún memo hay que reconocerlo. Pero personas que pongan claramente en peligro nuestras instituciones hubo una, Santiago Casares Quiroga. Parece que ahora quiere unirse a él Pedro Sánchez. En el debate electoral señaló, de manera orgullosa, que contaba como futura Vicepresidenta con Nadia Calviño. Y es cierto que tiene en su Gabinete excelentes Ministros, la señalada y Josep Borrell por ejemplo. ¿Por qué no se deja aconsejar por ellos?

Este país no se merece estar a merced de personas que no sólo protagonizan una moción de censura aliadas con independentistas, son también incapaces de formar gobierno y terminan, con sus imprudencias, poniendo en peligro el prestigio del Estado

jueves, 7 de noviembre de 2019

"Causa general" y tratamiento cruel contra Chaves y Griñán


Sobre la pretendida comparecencia en el día de hoy de los antiguos Presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, me gustaría señalar que no solamente constituye un fraude constitucional, pues se trata de convertir la investigación de una comisión parlamentaria en instrumento para alterar una campaña electoral, lo que carece de legitimidad; supone también un atentado a los derechos fundamentales de ambas personas, pues, en la práctica y sin motivo razonable que lo justifique, se les somete a  una “causa general” que conduce a un “trato inhumano y degradante” rechazado expresamente por el artículo 15 de la Constitución Española.

Para desvanecer cualquier objeción, he de aclarar que las “causas generales”, que atentan contra el “principio acusatorio”, pueden ser protagonizadas por cualquier poder público, y no sólo en el ámbito judicial. Chaves y Griñán, personas ciertamente respetables por el elemental hecho de haber sido Presidentes de nuestra Comunidad Autónoma y mantener intacto su derecho a la dignidad como cualquier otro ser humano, son objeto también al menos desde el año 2012 de una continua inquisición, no sólo procesal penal, a la que todos los ciudadanos pueden ser sometidos es cierto, también a la de los medios de comunicación y, sobre todo, a la de los círculos políticos y parlamentarios.


Se encuentran de hecho en la situación del hombre que se sabe sometido a una investigación pero ignoran de qué se les acusa concretamente, como se dijo en la STC 14/1986. Son objeto de comisiones de investigación, procesos penales e  indagaciones inquisitoriales en los medios sin otra justificación, en algunos casos, que la necesidad de mantener el interés morboso de una opinión pública a la que se pretende orientar y las conveniencias tácticas de los partidos políticos. Todo ello  es inadmisible en un Estado de Derecho.

En la práctica, sufren un acoso que ya es cruel e innecesario. Todo el mundo es consciente que su responsabilidad es estrictamente política. La judicialización derivada del mal funcionamiento de nuestro sistema, y de la torpeza de absolutamente todos los actores partidarios, les está ocasionándo unos daños que moralmente son rechazables. ¡Ya está bien! Las declaraciones decimonónicas establecieron que todos los seres humanos tienen unos derechos sagrados e inalienables cuales son la  vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad (Declaración de Derechos del hombre y del ciudadano de 1789, Constitución francesa de 1791 y Declaración de Independencia norteamericana). Ese es el fin de la política, sin que se puedan amparar las conductas tendentes a la destrucción de los adversarios, que constituyen pura y simplemente una maldad.

Los errores que los Sres. Manuel Chaves y José Antonio Griñán pudieran haber cometido en su gestión ya los han pagado con exceso con las críticas que han venido recibiendo en los últimos ocho años.

Decía Albert Camus que era necesario mostrar “un mínimo al menos de piedad”, la que no se está teniendo con dos seres humanos sometidos desde hace tiempo a comportamientos que exceden de la pertinencia investigadora, para convertirse en innecesarios y crueles. El Parlamento de Andalucía, mi Parlamento, no debería tolerarlo, no es justo. ¿A estas alturas qué pueden aportar ya Chaves y Griñán, salvo su angustia y dolor? Como ciudadano, quiero expresar mi indignación Entre unos y otros están haciendo imposible la gobernabilidad de nuestro querido país. Las escenas que se han visto en la comparecencia de Manuel Chaves producen vergüenza y pena. 

Por otra parte, se olvida un hecho elemental: las personas que comparecen ante una Comisión de Investigación  no pueden ser consideradas testigos de un proceso judicial. Ésa no es su función,  son ciudadanos llamados a aportar información ante un órgano político. El ordenamiento jurídico penal tipifica su incomparecencia y el testimonio falso, pero nada más. No legítima el trato desconsiderado ni la violencia verbal. Por ello, nadie podría acusar penalmente al compareciente que se niega a responder a los malos modos de Gabriel Rufián, en el Congreso de los Diputados, o de cualquier otro parlamentario. No someterse a una humillación no puede ser delito ni está así tipificado

viernes, 1 de noviembre de 2019

Torra, suicidio gubernamental. El Mundo. Madrid


Me entero que un alto miembro de nuestro Gobierno en funciones ha declarado que "no se puede actuar contra Torra, la democracia tiene mucha finura, el brochazo gordo no existe". ¿Sabe lo que está diciendo? Por mucha finura que deba tener un Estado de Derecho, desde los inicios mismos de la revolución francesa de 1789 quedó claro que no podía haber libertad para los enemigos de la libertad. Constituye un ejemplo la prohibición constitucional de los partidos contrarios al sistema, se ha hecho en Italia y Alemania y nadie ha podido objetarlo. No se puede admitir el “quintacolumnismo” cuando pretende vulnerar las reglas del ordenamiento. Es preciso tomar medidas de una vez:

Primero.- ¿De verdad no se puede hacer nada contra las actuaciones de Quim Torra? Sería un disparate pensarlo cuando reconoce que consulta continuamente con un rebelde a la acción de la justicia, Puigdemont,  que protagoniza una persistente conducta de desprestigio del Estado español y sus instituciones. Que nuestro Gobierno proclame su inacción ante la actitud de un Presidente de Comunidad Autónoma que justifica sin rubor su connivencia, al menos intelectual, con los que quieren destruirnos, resulta llamativo y escandaloso. ¿No saben que la Constitución ofrece los medios necesarios? La prudencia es suicida cuando una parte significativa de la población constitucionalista empieza a plantearse salir de Cataluña. ¿La abandonamos a los subversivos?

Segundo.- ¿De verdad un Gobierno socialista no es capaz de rechazar las amenazas del nacionalismo reaccionario? ¿Se han olvidado de Indalecio Prieto? Cuando el señor Torra proclama su simpatía a los CDR, reconociendo su esfuerzo por la instauración de la República, sin rechazar la violencia que están protagonizando, un estadista serio, aunque esté en funciones, debe expresar su inmediata repulsa. No basta con no coger un teléfono, simple gesto para la galería. Es necesario defender a los compatriotas que son objeto de coacción y vejaciones por matones autoritarios. ¿Es que Pedro Sánchez no conoce los remedios que pone a su disposición nuestro ordenamiento jurídico? Si no lo sabe, no está a la altura de sus viejos camaradas que tanto amaron a España.

Tercero.-Cuando los universitarios no pueden ir a la Facultad, los funcionarios deben ocultar sus verdaderos sentimientos para evitar la marginación, los viajeros se ven impedidos de trasladarse a sus lugares de trabajo por hordas fanáticas y se hace una propaganda sistemática contra España, nuestro Gobierno no tiene más remedio que reaccionar y hacerlo cuanto antes. Si no se ataja, el odio es contagioso y la realidad es que los subversivos lo pretenden extender al conjunto del Estado.

España es una realidad contingente pues tiene un carácter histórico. Pero es una obra conseguida a base del sueño de millones de personas que han vivido en ella durante siglos. No podemos dejarla en manos de irresponsables. Los pactos de Munich expresaron la debilidad de las democracias, y llevaron al auge del totalitarismo y a la guerra mundial. Un sevillano es tan catalán como un barcelonés, y tiene tanto derecho a decidir como él. Es necesario dejarlo claro de una vez, pues el referéndum es un imposible jurídico y político.¡Ya está bien!