¿Nos equivocamos? ABC de Sevilla

Nací en el año 1952, pertenezco a una generación que está jubilándose ahora y que, en gran medida, vivió acomplejada frente a los países europeos más desarrollados. Al ser de Tánger, ciudad de carácter internacional, percibí la superioridad que los franceses nos manifestaban. Me llegué a convencer de que el problema era de carácter político: la pervivencia del régimen franquista, que había sido apoyado por los regímenes derrotados de Alemania e Italia,  sería el motivo real del rechazo. La Constitución de 1978 supuso, en consecuencia, una liberación psicológica. Ya éramos iguales, y más cuando nos integramos en la Unión Europea, todo al fin se habría normalizado. De hecho, nuestros hijos carecen  de género alguno de complejo frente a sus amigos de “Erasmus”. Sin embargo, hay veces que las dudas me asaltan: ¿es normal que los tribunales europeos nos estén dando tantos bofetones y que Inglaterra, aun con Brexit, parezca tener más influencia que nosotros?

Kenneth Clark, profesor de la Universidad de Oxford y uno de los grandes historiadores del arte del siglo XX, consiguió la consagración internacional al publicar su libro Civilisation: A Personal View, traducida y editada en España por la prestigiosa Alianza Editorial. Se trata de un libro que leí con enorme interés en los años ochenta. Lamentablemente, al iniciarlo, me encontré que en su prólogo se incluía lo siguiente: ”Cuando uno se pregunta qué ha hecho España por ampliar la conciencia humana y colaborar al progreso de la humanidad, la respuesta es menos clara. ¿Don Quijote, los grandes santos, los jesuitas de América del Sur?”. Esta duda le lleva a omitirnos de su estudio sobre la civilización, terminando su análisis con la afirmación de que España ha sido sencillamente España, lo que no puede resultar más ofensivo.  Basta con recordar que somos la tierra de Velázquez, Goya y Picasso para contestar a una estupidez de ese género. Y si se considera que el arte por sí solo no implica civilización, podemos exhibir, ya desde el siglo XVI, la Legislación de Indias con su reconocimiento de la humanidad de todos los seres e idéntica necesidad de protección por el poder político, lo que los anglosajones tardaron en hacer.

¿Existe entonces un rechazo hacia España? Si uno visita Bruselas, se encontrará fácilmente con el monumento a los duques de Egmont y Hornes “asesinados por las tropas españolas”, según así se indica. Personalmente, es verdad que los dos holandeses con los que recuerdo haber tenido un diálogo iniciaron la conversación hablándome del Duque de Alba, y no es ninguna broma. En el fondo, existe un problema real perteneciente al mundo de los sueños y las ideas, por tanto a la psicología colectiva de los pueblos, a sus mitos. La Europa que conocemos se formó en lucha contra España. No es sólo el caso de Holanda y Bélgica, cuya nacionalidad no puede entenderse sin su rebelión, también el de la moderna Italia y los países luteranos.  El “rêve d’avenir partagé” que, según Renan, caracteriza la formación de una nación, consiguió realizarse mediante la creación de un enemigo monstruoso contra el que luchar: los demonios del mediodía, es decir los españoles.

La civilización española, en su época de mayor esplendor, no puede entenderse sin su defensa del Antiguo Régimen, y las cualidades de carácter superestructural, en el sentido marxista, que la caracterizaban: aventura, excepcionalidad, sentido del honor, orgullo, virilidad, defensa de la Iglesia, magia…siempre presentes en nuestro arte, literatura y en la forma de comportarnos como nación. Todo lo contrario de lo que impulsaron los países luteranos y, en general, los que en Occidente alumbraron el mundo contemporáneo. Para ellos, en la forma que preconizaron las declaraciones revolucionarias de los siglos XVIII y XIX, la felicidad constituía un derecho fundamental de todos los hombres al mismo nivel que la vida y la libertad. El desarrollo se convirtió en su objetivo, la racionalidad y secularización en sus instrumentos. Así, necesitaron destruir las justificaciones ideológicas que se les oponían y que en gran medida habían constituido nuestras banderas.

Turquía aspiró a ingresar en la Unión Europea, y al ser rechazada ha empezado a desarrollar la idea de volver a sus orígenes: los que la convirtieron durante siglos en la mayor potencia del mundo mediterráneo. De hecho, su influencia cada vez es mayor. Nosotros tuvimos la opción de  mantenernos fuera de la UE, varios dirigentes hispanoamericanos, recuerdo a Fidel, nos lo pidieron expresamente. Teníamos una posición privilegiada en América, pero también en el mundo árabe que desgraciadamente hemos perdido. En Europa, en cambio, ni siquiera nuestra lengua tiene suficiente peso y para la cultura francesa siempre seremos un rival. ¿Cuál habría sido nuestro destino de haber optado por otra dirección? Y digo todo esto porque, sea uno de izquierdas o de derechas,  ser patriota es amar a tu Patria en el sentido de Azaña, desde nuestra querida Cataluña a Vejer de la Frontera.

España creó a Franco. El Mundo. Madrid

Durante mucho tiempo se pensó, a la manera de Thomas Carlyle, seducido por la idea de la relevancia de los héroes, que eran los grandes personajes los que daban sentido al universo. Es falso, sus características son siempre moldeadas por la fuerza irresistible de la inmensa mayoría. La tragedia del Gulag no es obra exclusiva de Stalin, fue una convulsa y paranoica sociedad rusa la que lo creó. ¿Hubiera sido posible Napoleón sin el proceso revolucionario iniciado en 1789? Para bien o para mal, son las masas las que dibujan el mundo. Así, el significado de Franco no puede abstraerse de la personalidad de nuestra nación durante gran parte del siglo XX. Igual que Alemania fue culpable del  fenómeno hitleriano, y es perfectamente consciente de ello, España fue el país creador del franquismo. Todos fueron responsables, desde los catalanes, ¿no han leído Los cipreses creen en Dios de Gironella?, hasta los canarios. Es algo elemental:

Primero.-Franco careció de la grandeza intelectual de Manuel Azaña, y de su conmovedora capacidad para pedir perdón. Tampoco tenía la memorística erudición de Alcalá Zamora ni la calidad humana y filosófica de Julián Besteiro. En cambio, representó perfectamente el miedo de una parte importante de la sociedad española ante los desórdenes derivados del pistolerismo fascista y anarquista, y la inseguridad que generó la lamentable revolución asturiana de 1934. Es indudable, Franco se alzó militarmente en 1936  pero la mitad de la sociedad española estuvo con él. Las elecciones celebradas en febrero de ese año demuestran la división de nuestro país.

Segundo.-Nuestra Guerra Civil generó personalidades trágicas, también valientes. Así, el famoso dirigente anarquista Francisco Ascaso murió en Barcelona en los primeros días del Alzamiento, defendiendo en las calles a la República. Por su parte, José Antonio Primo de Rivera fue cobardemente asesinado en Alicante por sus ideas. A diferencia de ellos,  Franco expiró en la cama con más de 80 años. Y si lo consiguió fue porque, salvo al inicio del Régimen, la mayoría de los españoles decidieron, por convicción o miedo, que era más sensato acomodarse a la situación.

Tercero.-Franco fue un hombre vulgar, careciendo de la grandeza de De Gaulle. Jamás intentó la reconciliación y, como muestra de su crueldad, firmó penas de muerte hasta los últimos momentos. Sin embargo, esa obstinada y vengativa personalidad nos reflejó muy bien. ¿No decía Pascal que la piedad no era una virtud española?

Cualquier psicólogo de tres al cuarto aconseja superar los traumas. Si al cabo de cuarenta años no somos capaces de hacerlo con Franco, puede deberse a dos razones: necesidad de conocer la propia historia, objetivo siempre legítimo, o búsqueda de enemigos imaginarios para mantener interesadas posiciones de poder. Da la impresión de que es esto lo que nuestro gobierno pretende. Si es así, es grave su responsabilidad pues divide a una  sociedad que necesitaría estar más unida que nunca ante los ataques a su régimen constitucional. Además, complacerse en la exhumación de cadáveres más bien recuerda el carácter morboso, esencialmente descompuesto y enfermo, de nuestro país.

María Dolores Cospedal. ABC de Sevilla

En los inicios del régimen constitucional de 1978, se enfrentaron personas de la talla de Felipe González, Santiago Carrillo, Manuel Fraga y Miguel Roca, entre otros. A todos les cabía el Estado en la cabeza. No es que se tratara de catedráticos e intelectuales; es verdad que los había y muchos, basta citar a Gregorio Peces Barba, Raúl Morodo o Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Pero la izquierda obrera,  tanto comunista como socialista, aportó representantes de la categoría de Marcelino Camacho  o Eduardo Saborido. Ahora, en cambio, nos encontramos con Pedro Sánchez, Pablo Casado, Iglesias y Albert Rivera. Una cierta diferencia, la verdad…

El abandono de la política por las élites no es sólo un fenómeno español. ¿Puede compararse Trump con Kennedy? Su razón de ser es muy clara: nadie que tenga algo que perder, aunque sea simplemente su honor, quiere exponerse. Los medios de comunicación han alumbrado una teoría según la cual, en los asuntos que tengan un interés público, las libertades de información y expresión prevalecerán sobre el honor. Una auténtica aberración en sus resultados, por mucha necesidad que se tenga de respetar el debate ciudadano. Pero es que los propios tribunales, empezando por la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, han consolidado una doctrina según la cual si quieres ser valorado tienes que someterte al ojo escrutador de los medios de comunicación: demostrarás si eres digno, o no. Paradójicamente tal doctrina tenía  origen en las órdenes impartidas por el Consistorio de Ginebra, controlado por Calvino, a los habitantes de su ciudad para que no pusieran cortinas en las ventanas y así evitar que cometieran pecado. El Juez Brandeis, clásico representante del puritanismo calvinista estadounidense, dirá posteriormente en sus sentencias que “la luz del sol es el mejor de los desinfectantes”, el secreto sería por esencia pecaminoso. Pero si todo se conoce, al final todos  seremos pecadores con lo que nos llevarán a la hoguera.

Desde que los tribunales y las declaraciones de derechos lo justificaron, el chismorreo inquisitorial se legitimó, se convirtió en algo útil para las sociedades humanas, amparado por las libertades de expresión e información. Se dio seriedad a algo que tenía su último fundamento en la competitividad animal: los mejor dotados se aseguran los instrumentos para exhibirse y trasmitir sus genes, en tanto que la mayoría, que rencorosamente les observa, buscará aliarse para eliminarlos. Pero la coartada que se utilizará, aunque bien cínica, no podrá ser más correcta,  se trata de mejorar el funcionamiento social, pues los que sobresalen, incluso en actividades lúdicas, influyen en el público. Por tanto, si actúas ante los demás deberás exponerte a la crítica. El razonamiento es impecable, el problema es que, poco a poco, el margen de libertad se ha ampliado hasta el punto de que las informaciones que tengan interés ciudadano, y hoy día se nos quiere hacer creer que todo lo tiene, se valorarán por encima del derecho a la intimidad.

¿Por qué ha tenido que renunciar a su escaño y abandonar sus responsabilidades María Dolores Cospedal? Pura y sencillamente porque en nuestro país no hay ya lucha política, y menos intelectual. Se ha legitimado la destrucción del adversario por cualquier medio, incluso  los más repulsivos. Si una persona es brillante, Abogada del Estado, Secretaria General de un Partido y goza de influencia social, como la Cospedal, terminará arrojada cruelmente a los infiernos. Pues bien, en 1920, el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos acuñó su doctrina del “árbol envenenado”, que contamina todos sus frutos. El aparato punitivo del Estado no podrá servirse de ellos. Es el caso de las grabaciones sin orden judicial, los delitos provocados, los registros policiales sin autorización y de todos aquellos en que el delito es perseguido utilizando instrumentos ilegales o de carácter inmoral. Y si el criminal tiene derecho a que el Estado juegue limpio con él, mucho más lo debe tener un ciudadano, incluso un político, en relación con la crítica de la opinión y de los medios de comunicación. No es lícito utilizar la vileza, y el hecho de prevalerse de grabaciones, cuya exactitud además no es posible de comprobar, carece de legitimidad moral alguna. Eso no es política, es bazofia.

Ante un caso así, parece mentira que su propio partido la entregue a los leones. ¿Acepta entonces que se actúe en esa forma? Si es así, el PP no se da cuenta que estamos asistiendo a un serio intento de quiebra de la Constitución de 1978 y de la unidad del Estado español con el acoso a sus dos más claros puntales: el poder judicial y la institución monárquica. En vez de ocuparse de esto, parece que nuestros partidos prefieren dedicarse a la eliminación del adversario sin importar la forma; uno caerá hoy y el otro mañana. Limitar la política a la búsqueda de los pecados ocultos no es propio de estadistas, todos los tienen,  sino de chismosos viles y torpes que nos conducirán a la ruina. Si desaparece la ideología, nos quedaremos con charlatanes tramposos.

Carlos Lesmes y Díez Picazo. El Mundo. Madrid

En la Convención, el 3 de diciembre de 1792, Maximilien Robespierre,  con el estilo apasionado y pomposo que le caracterizaba, pronunció su célebre discurso, “Sobre el proceso al Rey”, en el que defendiendo su ejecución señaló: “Pero si Luis puede ser absuelto, si Luis puede ser presunto inocente, ¿en qué se convierte entonces la Revolución?”. Era consciente de que, en ese caso, su actuación perdería toda legitimidad moral. En la misma forma, Quim Torra, sin la categoría del dirigente jacobino y una cerrazón mental impropia de un estadista, parece convencido de que su tesis sobre los presos requiere la culpabilidad del Tribunal Supremo. Por eso, según noticias de agencia, tiene previsto instar a la Fiscalía General del Estado a la investigación de su presidente, Carlos Lesmes, y al de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, Luis María Díez-Picazo, por las resoluciones contradictorias relativas al impuesto de actos jurídicos documentados. Todo es un disparate, pero tiene una estrategia clara. Veamos:

Primero.-Desde un estricto punto de vista jurídico penal, constituye un absurdo conceptual pensar que, por su cambio de criterio, ningún miembro del Tribunal Supremo haya incidido en delito. Eso lo sabe hasta un estudiante de primero de derecho. Los cambios doctrinales en la jurisprudencia constituyen una facultad, también una garantía de acierto para los ciudadanos, derivada de la independencia judicial. El que no sepa esto o padece una ignorancia lamentable o bien, y es lo que ocurre, quiere poner en cuestión la imparcialidad de nuestros jueces al objeto de invalidarlos ante la opinión pública europea.

Segundo.- Eso no quiere decir que una contradicción entre decisiones judiciales sucesivas no constituya un problema. Puede suponerlo de otra índole: de carácter constitucional en relación con el principio de igualdad en la aplicación de la Ley. Un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, lo ha dicho repetidamente el TC ya desde su sentencia 63/1984, de 21 de mayo. Pero, con independencia de lo que finalmente pudiera ser resuelto, para que exista una vulneración son necesarios dos requisitos: que el órgano judicial sea el mismo, no es este el caso pues nos encontramos ante una sección y su pleno, y que no se ofrezca una motivación razonable para el cambio. ¿Por qué no la leen? Convertir un problema constitucional en penal es muestra de supina ignorancia.

 

Tercero.-Para destruir un sistema se requiere, desde la propaganda, eliminar sus justificaciones ideológicas y las instituciones que las encarnan. Los independentistas lo saben, por ello necesitan deslegitimar a nuestros tribunales. Así lo vienen intentando desde antes de la demanda contra Llarena en Bélgica. La Constitución de 1978 depende en estos momentos del Poder Judicial y de la institución monárquica. Ambos están sometidos a hostigamiento permanente que lógicamente produce grietas. ¿No se da cuenta Pedro Sánchez? A veces, los ciudadanos se suicidan y es lamentable. Mucho más grave es que sean animados a ello por su propio Gobierno.

¿Tiene legitimidad moral nuestro Gobierno? ABC de Sevilla

 ¿Es legítimo nuestro actual Gobierno? Desde el punto de vista jurídico es indudable que sí, es la consecuencia de un instrumento, la moción de censura, previsto en el artículo 113 de la CE. Dicha moción se decía motivada por la corrupción puesta de manifiesto por distintas resoluciones judiciales, que revelarían la implicación del partido que sostenía al Gobierno. Nada habría que objetar, por tanto, si la justificación estaba en la necesidad de regeneración de la vida política: todos los partidos se habrían puesto de acuerdo para castigar la responsabilidad gubernamental, incluso las fuerzas antisistema. Pero si ése era el motivo, el único resultado lógico era la convocatoria inmediata de elecciones para que el cuerpo electoral tomase la decisión final. No se hizo así, y Pedro Sánchez pretende prolongar o agotar la legislatura apoyado por los independentistas, moralmente carece entonces de legitimación:

Primero.-No hace falta ser Maquiavelo para darse cuenta que  los apoyos de un Gobierno dependen de las cesiones que está dispuesto a realizar. En este caso, los independentistas pretenden consolidar sus posiciones y, sobre todo, conseguir las mayores garantías en relación con la situación procesal, penitenciaria y penal de sus dirigentes. Es tan elemental que lo primero que exigieron,  y obtuvieron sin problemas, fue el traslado de los presos a Cataluña.  Lo siguiente es crear la atmósfera necesaria para debilitar las decisiones sobre la prisión preventiva y, sobre todo, desacreditar la calificación fiscal, fuera ésta la de rebelión, sedición o cualquier otra. Si llevas a la opinión pública la idea de que los jueces inciden en injusticia, será mucho más difícil que se mantengan en sus pronunciamientos.

Segundo.- Constituye una característica elemental de un Estado de Derecho la existencia de un Poder judicial independiente e imparcial. Corresponde, en primer lugar, a los poderes públicos la preservación de dicha garantía. Sería disparatado que el propio Gobierno la pusiera en cuestión, y si fuera tan irresponsable que lo hiciera sus Jueces y Tribunales adolecerían de una falta de credibilidad que haría imposible el funcionamiento del sistema, nadie los respetaría. Además, lo que es determinante en este caso, los tribunales extranjeros, piénsese por lo que nos afecta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, acogerían con sospecha cualquier decisión proveniente de los mismos. A pesar de ello, diversos ministros han llegado a sostener que la prisión provisional es irrazonable, que la acusación por el delito de rebelión es difícil de sostener y, en algún caso, se ha llegado a coquetear con la idea de indulto. ¿Están locos los que hacen esto? Parece que no, son algunos miembros de nuestro Gobierno.

Tercero.-Es inmoral, pura y simplemente inmoral, llegar a decir todo esto si su único objetivo fuera mantenerse en el poder.  Los jueces y tribunales no pueden ser inquietados en el ejercicio de sus funciones. Si se llegara a hacer, sobre todo si es desde las propias instituciones, se estaría poniendo en peligro la convivencia ciudadana que no es posible mantener sin confianza en la Justicia.  Lo anterior no haría falta decirlo, es elemental. Para colmo, todo resulta disparatado si se tiene en cuenta que cualquier estudiante de derecho sabe que lo que pasó en Cataluña el año pasado fue una rebelión política extremadamente grave, cuya exacta calificación jurídica corresponde ahora al Tribunal Supremo. Y si de rebelión se trata, sea propiamente tal o una sedición, los procesados deben seguir en prisión preventiva al objeto de evitar una fuga íntimamente conectada con la gravedad de los hechos y los peligros de la reincidencia delictiva.

La decisión final del Tribunal podría ser incluso absolutoria con respecto a todas o algunas de las acusaciones. Esa es la grandeza de nuestro sistema, pero si el Gobierno pretendiera condicionar una sentencia no solamente actuaría con irresponsabilidad, perdería también toda legitimidad.

 Lo anterior no es obstáculo para aceptar que es necesario fortalecer el diálogo. Nadie lo duda, sobre todo si se trata de recuperar la normalidad en esa parte de España, Cataluña, que es de todos nosotros. Cierto también que serían deseables iniciativas como las que puso en marcha el Gobierno de Gran Bretaña cuando, ante el problema escocés, organizó campañas como la del Better togheter. Y, en cualquier caso, es necesario poner de manifiesto que el problema separatista nace de un enorme error conceptual: el sujeto del derecho de autodeterminación no puede derivarse del nacimiento en Cataluña, sino de la nacionalidad española. Un sevillano es tan catalán como alguien nacido en Sabadell, es el sentimiento de pertenencia a una misma cultura jurídica lo que atrae la nacionalidad.