Bela Kun, Pilsudsky o Trotsky, cuyas distintas actuaciones le sirvieron a Curzio Malaparte para elaborar su célebre Tecnica del colpo di Stato, no pudieron prever la más sutil manera de prepararlo: desde el propio seno del poder que se pretende derribar. Los que criticamos al Gobierno de Pedro Sánchez tendríamos que reconocer al menos que posee una indudable originalidad, consciente o inconscientemente está llevando a cabo, utilizando los resortes en su poder del aparato del Estado, la demolición del régimen de 1978 cuya legitimidad le sirve para gobernar. Frente a un intento de esa clase, claramente desestabilizador, la oposición parece querer oponerse solamente desde la gestión, rechazando el combate ideológico. ¿Han perdido la cabeza?
La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria (artículo 1.3 de la Constitución), cuyas reglas de funcionamiento están garantizadas por jueces y tribunales que dotan de seguridad jurídica al sistema y tutelan los derechos y libertades de todos los españoles. La legitimidad de este Estado deriva de un pacto fundacional firmado en diciembre de 1978, que puso fin al régimen anterior confirmando el acto de perdón colectivo que los representantes del pueblo español se habían dado previamente mediante la Ley de Amnistía. Es decir, el nuevo régimen nace sobre las ruinas del franquista, la aprobación del texto constitucional mediante referéndum consagra así un nuevo pacto social. Todo esto se pretende demoler, veamos:
Primero.-Desde el momento en que se excluye la presencia del Jefe del Estado en una Comunidad Autónoma, se está privando de efectos al propio texto constitucional. El Rey es símbolo de unidad y permanencia en cualquier parte del Estado, caso contrario estaríamos aceptando por vía fáctica las pretensiones independentistas sobre la inexistencia de monarquía en Cataluña. ¿Es que no se dan cuenta? Para conseguir objetivos tácticos, como la aprobación de los presupuestos, se estaría dando la razón a los golpistas.
Segundo.-Con respecto al poder judicial, es incomprensible que se esté dando la impresión de que los tribunales están solos en la lucha contra la criminalidad. Ciertamente, los indultos constituyen una forma más en la reacción frente al delito, y son una medida de gracia que puede ser utilizada por razones de reinserción, incluso de conveniencia. También es legítimo proceder a la modificación de tipos penales, como la sedición, en orden a conseguir mayor eficacia y modernidad. Pero resulta indignante proceder a todo ello, sin consenso con la oposición, y con la idea vendida públicamente de que se pretende reparar la condena desproporcionada de un tribunal que se ha limitado a resolver, con imparcialidad, un problema estricto de tipificación punitiva. ¿Cómo entonces defendemos a nuestros jueces?
Tercero.-Por último, vender la idea de que se puede prescindir de la ley de Amnistía en base a los textos internacionales firmados por España no sólo es un disparate conceptual, contrario a técnicas elementales de derecho constitucional y penal, constituye la mejor demostración de que se pretende deshacer el pacto social que dio origen a nuestro Estado. Nuestros populistas quieren destruir el lema de “Paz, piedad y perdón” que con grandeza solicitaba Don Manuel Azaña
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