viernes, 29 de marzo de 2019

El error de Iceta. El Mundo. Madrid


Nos advertía Hermann Hesse que es imposible expresar con palabras lo que uno siente en lo profundo de su intimidad, y probablemente sea cierto. Mucho más grave es que la incomunicación derive del desconocimiento o de la pura y simple confusión conceptual. Ha dicho Iceta que si más de un 65% de los catalanes votase a favor de la independencia sería necesario encontrar una solución. El problema es que parece ignorar las características elementales del ordenamiento jurídico e, incluso, de lo que pudiera entenderse por Nación, que ya no responde al romanticismo irracional decimonónico. Cuando Max Weber escribió “El político y el científico” no pudo imaginarse que en el siglo XXI los políticos argumentaran sin una idea mínimamente sólida del fundamento de sus planteamientos. Es bien sencillo:

Primero.-No existen derechos sin sujeto, de tal manera que el de autodeterminación tiene que tener su correspondiente titular. La cuestión es que los independentistas nos han generado un enorme problema sin saber exactamente a favor de quién están reclamando la secesión. ¿Quiénes son catalanes? Los que, como Torra o Puigdemont, conservan una  concepción inmadura e infantil del mundo que les rodea no sabrán responder de una manera precisa porque necesitarían poseer nociones jurídicas (ius sanguinis, ius soli…), culturales y antropológicas de las que carecen.

Si se les dice que Renan definía la Nación como “un sueño de porvenir compartido” se mostrarán entonces satisfechos sin saber lo que significa. En la práctica, todo lo contrario de lo que preconizan, pues los Estados de Derecho representan a ciudadanos cuya patria es la Constitución, es decir un  conjunto de normas que responden a una misma sensibilidad jurídica y cultural. Por tanto, todos los españoles somos extremeños, castellanos y vascos a la vez. Pensar que sólo lo son los residentes en determinada Comunidad, además de provinciano y cateto, constituye un disparate intelectual. La nacionalidad la define el pasaporte, el que escribe se ha sentido siempre tan catalán o más que canario o andaluz. ¿Con que fundamento se me pretende usurpar una exacta condición nacional que adquirí en el momento de nacer?

Segundo.-Sería absurdo sostener que el deseo de secesión de un 65% de la población de Cataluña no constituyese un problema. Claro que lo supondría, implicaría el rechazo del mundo de valores que encarna nuestra Constitución. Sería suicida no tenerlo en cuenta políticamente, pero lo que no se podría hacer en ningún caso es prescindir del derecho de decidir que tenemos el resto de los españoles, tan catalanes como los residentes en Gerona o en Manresa.

Tercero.- Los independentistas tienen  una solución bien sencilla: convencernos a los demás. Ninguna Constitución, con el mundo de sensibilidades que implica, ha sido escrita para toda la eternidad. Existen mecanismos bien claros de reforma, y están a su disposición. Es ridículo pretender utilizar la vía más cómoda para la independencia prescindiendo del derecho de los demás. ¿Por qué se niegan a utilizar las fórmulas jurídicas ya existentes? Eso sí, sin trampas como las de autorizar un referéndum mediante mecanismos que eludan la soberanía de todos y cada uno nosotros. De manera freudiana, se podría afirmar que los independentistas lo que pretenden es vencer mediante la humillación.

martes, 19 de marzo de 2019

Subversión permanente. El Mundo. Madrid


Cuando Curzio Malaparte escribió su Técnica del Golpe de Estado no previó que en el siglo XXI se pudiera ejecutar  simplemente mediante la burla sistemática de la autoridad y la utilización fraudulenta de los instrumentos ofrecidos por el Estado de Derecho, sin necesidad de mayor artificio. Los independentistas catalanes vienen actuando con notable éxito en esta forma mucho antes de los sucesos del 1 de octubre de 2017. Ahora se niegan a acatar los acuerdos de la Junta Electoral Central al parecer con el argumento de que vulneran la libertad de expresión, sin tener en cuenta el dato elemental de que los límites de dicha libertad no pueden ser fijados a su conveniencia. Para colmo, parecen creer que se arriesgan exclusivamente a la imposición de una multa de 300 a 3000 euros. Lo que pretenden, mediante la utilización de recursos, es que la orden de la Junta Electoral no pueda hacerse efectiva a tiempo, es elemental, y debiera tenerse en cuenta lo siguiente:

Primero.- La Junta Electoral Central, que tiene por específica finalidad garantizar la transparencia, imparcialidad y objetividad de los distintos procesos electorales, debe considerarse como autoridad a los efectos del vigente Código Penal. Quienes se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a sus decisiones, órdenes o acuerdos pueden incidir  en los  tipos de desobediencia previstos en nuestro ordenamiento. Es verdad que la LOREG prevé la mencionada sanción de 300 a 3000 euros para la infracción de sus preceptos, pero, y se dice expresamente, siempre que no constituya delito. Si lo fuera, nos encontraríamos en otro campo.

Segundo.-Cuando el obligado al cumplimiento de un acuerdo de la Junta Electoral Central niega su legitimidad, pone en cuestión el ordenamiento constitucional o utiliza de manera fraudulenta sus recursos para eludirlo, no está infringiendo determinada normativa, que también, vulnera el Código Penal. El que conscientemente se sitúa al margen del Derecho deberá atenerse a las consecuencias, lo contrario sería una burla no susceptible de ampararse pues el sistema jurídico rechaza el absurdo. Es a la autoridad judicial a la que corresponderá establecer las sanciones por su desobediencia, adoptando además de inmediato las medidas conducentes a restablecer el orden  violado. Es decir, proceder a retirar los símbolos partidistas de los establecimientos públicos.

Tercero.- Con todo esto se vuelve a poner de manifiesto el absurdo que supone rechazar la aplicación del artículo 155 de la CE con la argumentación de que la Generalitat no está dando motivos racionales para ello. ¿Cómo es posible? El delito que pudieran haber cometido los dirigentes del procés, actualmente sometidos a juicio penal, sea rebelión, sedición o desobediencia, el Supremo lo dirá, no ha cesado sus efectos. Igual que se mantiene la presidencia teórica de Puigdemont,  se rechaza la autoridad del Rey y del Tribunal Constitucional, y se pone en cuestión la jurisdicción de nuestros tribunales, ahora se niega el acatamiento de las órdenes de la autoridad electoral. ¿No atenta todo ello gravemente al interés general de España? Por supuesto que es necesario el diálogo, pero nunca con quienes quieren destruir el Estado.