¿Qué nos pasa?

Un importante miembro del Poder Judicial se ha descolgado con unas declaraciones sobre los “escraches” que, probablemente mal interpretadas, han fortalecido la posición de quienes sostienen que es una práctica totalmente legal. Ciertamente, el derecho de manifestación tiene un carácter fundamental que nadie puede discutir. Sin embargo, me gustaría reflexionar sobre la intimidación que supone el simple hecho de convocar un acto ante el domicilio de una persona, no una institución, en protesta contra la misma. ¿De verdad carece de toda relevancia penal? Y los actos qué pueden producirse a continuación, desde insultos hasta vejaciones de toda índole, ¿tampoco la tienen? Me da la impresión de que debería ser más cauto en sus palabras, los medios de comunicación no suelen destacar por los matices de sus noticias. Hasta hace pocos años, en la Escuela Judicial te enseñaban que un Juez debería limitarse a hablar a través de sus sentencias.

Por otra parte, un representante del pueblo se ha dado el placer de un parcial striptease, de nulo interés erótico desde luego, en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Al parecer, dice ser de un partido de izquierdas. ¿Se imaginan lo que pensaría Dolores Ibarruri de tamaño espectáculo? No duraría en su formación ni media hora, pues si ha habido un partido serio en España ha sido el de ella. En la ejecutiva del PCE estuvieron personalidades de la talla de Santiago Carrillo, Jorge Semprún y Fernando Claudín, jamás hicieron el ridículo. Algunos de ellos fueron depurados precisamente por su falta de frivolidad. ¿Por qué este hombre no se dedicará a estudiar? Podría hacerlo sobre lo que más le parece interesar: las implicaciones sociológicas de los procedimientos hipotecarios. Sería más útil.

Nuestros respetables conciudadanos, por su parte, se vienen dedicando al barato deporte de insultar a los políticos como si se tratase de una actitud bien digna y valiente. Y la verdad es que nuestros representantes no destacan ni por su inteligencia ni seriedad, para colmo a veces tampoco por su honestidad. Pero hay una cosa que tengo clara: no son mejores ni peores que el resto de los españoles, los reflejan muy bien. Al parecer, hemos llegado a una situación en que la enfermedad, la bancarrota y el fracaso son siempre culpa de los demás. A veces lo son, pero no es infrecuente que su origen se encuentra en la propia culpa personal.

Lo único cierto es que la democracia representativa, su mundo de valores, está en crisis. El Parlamento constituyó el símbolo de la libertad, hicieron falta muchas generaciones para que se pudiera consolidar, algo que muchos niñatos no parecen saber. Por eso, lo quieren matar.

Un robot sin intimidad

¿Vivimos en una sociedad libre? Por supuesto que no. ¿Padece usted una depresión, o tiene síntomas de ansiedad? Si es así, nada extraño en los tiempos actuales, después de la consulta del médico se dirigirá a una farmacia para comprar la prescrita medicación. Para su sorpresa, le pedirán inmediatamente el documento nacional de identidad, y después de mirarle inquisitivamente anotarán todos sus datos en el ordenador, junto con los del doctor. Finalmente, y por si fuera poco, dejarán escrupulosa constancia de la fecha de la expedición estampando un sello en la receta. No solamente se trata de una humillación innecesaria, constituye también una vulneración de nuestro derecho a la intimidad.

¿Por qué nadie ha planteado todavía una acción de carácter jurídico? Por una razón bien sencilla: todo el mundo tiene miedo de dar todavía más publicidad a su enfermedad. Además, si se atreve a insinuar la más mínima objeción, le contestarán que la sociedad necesita defenderse del comercio, o la proliferación sin control de sustancias potencialmente lesivas. Parece muy sensato, pero de aceptar un razonamiento de esta índole, a medio plazo el conocimiento de nuestra personalidad no podrá ser más intenso. Además, ¿quién maneja los datos? Por muy honestos que pudieran ser los funcionarios, nadie puede garantizarnos que no vayan a utilizarse al final por chantajistas, aunque la moralidad social pudiera constituir su objetivo declarado.

Si después del disgusto, se dirige usted a su trabajo, sobre todo si se trata de cualquier Administración Pública, será objeto de un espionaje muy superior al que sufrieron los alemanes sometidos al régimen hitleriano. Desde todos los ángulos, le enfocarán innumerables cámaras de televisión. Todo el mundo lo acepta, convivimos con ellas como si fuera una cosa completamente normal. Y no lo es, desde el momento en que la integridad de nuestras relaciones, comportamientos, incluso palabras, van a ser conocidas por lo demás. ¿Quién controla el invento? Los defensores del sistema dirán que, hoy día, es completamente necesario por razones de seguridad. Muy correcto sí, pero habrá que reconocer que la diferencia individual corre el riesgo de desaparecer.

¿Por qué no leen “Defensa de lo privado” de Wolfgang Sofsky? Las dictaduras más peligrosas son las que están basadas en el consentimiento de la inmensa mayoría. Los totalitarismos clásicos perseguían una sociedad utópica, basadas en el orden o la justicia. Se mostraron ineficaces por razones técnicas, no tenían instrumentos para vigilar las conciencias, el alma permanecía siempre en libertad. La tiranía es perfecta hoy, el control ya es absoluto.

En defensa de Urdangarín

Las últimas decisiones judiciales en el caso Urdangarín están sirviendo para el regocijo de los defensores del sistema: se trataría de la mejor muestra de un país en el que todos seríamos iguales ante la ley. Es falso de toda falsedad, volvemos a las técnicas inquisitivas propias de otro tiempo. Es cierto que una ciudadanía desconocedora de las técnicas procesales, y ávida de noticias que coloquen a los poderosos bajo la sombra de la guillotina parece bien satisfecha también. Pero en mi opinión lo que está ocurriendo es lamentable, basta para llegar a dicha conclusión con analizar la incondicionada admisión de los email remitidos al Juzgado por la defensa de Torres. Su incorporación a la causa, al menos en la forma en que se está haciendo, vulnera las exigencias de un proceso acusatorio con daño al principio elemental  de la “igualdad de armas” que debe regir en el mismo.

El acusado, en cualquier procedimiento, debe saber  en cada momento no sólo de lo que se le acusa, sino también de las armas con las que cuenta el acusador. En caso contrario, carecerá de los instrumentos necesarios para planificar su defensa. Como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si un imputado se ve limitado en sus derechos organizará su defensa con una capacidad considerablemente disminuida, pues le dominará la angustia. Cualquiera de nosotros puede colocarse mentalmente en el lugar de Urdangarín, ¿qué hacemos cuándo el que nos denuncia posee un material que administra a su antojo en la forma en que más le conviene? ¿De qué se nos va a acusar en cada momento?  Procesalmente, las posibilidades de remediar una vulneración de dicha naturaleza son claras: conceder un plazo límite para la entrega de la documentación en poder de las partes. Es cierto que Torres no forma parte técnicamente de la acusación, pero de hecho opera como tal.  

Louis Antoine de Saint-Just, el “arcángel de la guillotina”, uno de los más brillantes líderes de la Convención francesa, afirmó que “los reyes nunca son inocentes”. Una contundente frase destinada a la inmortalidad, en la forma que tanto gustaba a los jacobinos. En la práctica sirvió para que la condena a muerte de María Antonieta se fundamentase en acusaciones tan deleznables como la de haber incurrido en incesto con el delfín. Lo que se quería era la muerte de la familia real, las exigencias de un proceso justo se convertían entonces en meros obstáculos.

Todos incluso los reyes somos inocentes. La sociedad de hoy, como la de otros tiempos, disfruta con la ejecución de los “privilegiados”, una simple muestra de su envidia y crueldad. Vichinsky ha sido sustituido por un fiscal más cruel: la opinión pública. A todos nos alcanzará.