A finales del siglo XIX, los narradores franceses Émile
Erckmann y Alexandre Chatrian escribieron conjuntamente “Le fou Yégof”
sosteniendo que “los locos conocen el pasado y el porvenir y están poseídos por
Dios”. En forma poética, pusieron de manifiesto lo que ya todo el mundo sabía,
que estaban como una regadera. Lo que no nos consta es que los testigos de la
defensa, en el proceso que se desarrolla actualmente en el Supremo, estén
también enajenados aunque alguno de ellos haya afirmado bien solemnemente que
se sintió alucinado el 1 de octubre. Lo que sí parece es que los que los han
propuesto no dominan una buena técnica de defensa. Creen que basta con probar
la fuerza policial para descartar cualquier acusación penal por desobediencia,
rebelión o sedición.
Tal visión de los hechos se nos antoja bastante
disparatada. Aun suponiendo que ningún manifestante hubiera ejercido violencia
activa, lo que es muy discutible pues todo el mundo es consciente de que arrojaron
vallas y hasta pusieron tractores a modo de barricadas, basta constatar que
algunos resistieron activamente a un mandato judicial para apreciar que
incurrieron, los que lo hicieron, en un ilícito penal previsto y sancionado en
nuestro vigente Código. No se dan cuenta de que utilizar la fuerza, aunque se diga
meramente defensiva, contra la autoridad policial supone incidir en violencia
por mucho que, al mismo tiempo, canten, levanten las manos o arrojen flores en
señal de paz, lo que no representa más que una técnica, bien tramposa por
cierto, orquestada por quienes los organizaron. La resistencia activa, el
simple hecho de entrecruzar los brazos para impedir el paso, es violencia. Lo
sabe cualquier estudiante de primero de derecho. Además, convendría señalar lo
siguiente:
Primero.-Policía y Guardia Civil están obligadas a cumplir
los mandatos judiciales, empleando si fuese preciso la violencia necesaria
para ello. El 1 de octubre los independentistas catalanes pretendieron,
mediante un referéndum, consumar su ruptura con el Estado vulnerando el ordenamiento
constitucional. Las fuerzas de orden público estaban entonces perfectamente
legitimadas para impedir tal intento. La lucha contra el delito ha requerido,
desde el establecimiento de sociedades civilizadas, la utilización del
monopolio de la violencia por los
defensores de la legalidad. Es posible que, en dicha defensa, se produzcan
excesos que habrá que castigar pero los delincuentes deben ser conscientes de
las consecuencias de sus actos y son los principales responsables de ellos. Es
algo elemental.
Segundo.-Basta ver las imágenes del 1 de octubre para
comprobar la resistencia activa de la que hablamos, una buena parte de los
manifestantes sabían lo que hacían. No eran santos aunque lo fingieren con
llamamientos a la desobediencia pacífica. La Guardia Civil y la Policía
Nacional fueron además tratadas con un odio que mueve a indignación, pues son
nuestros servidores. El problema de los independentistas es que no son capaces
de ponerse en el lugar de unas personas que, abandonados por los “mozos de
escuadra” y rechazados por las turbas, se encontraron solos en la defensa de la
legalidad. El Estado no puede ignorar las actuaciones delictivas de los
ciudadanos, aunque se disfracen de monjas de la caridad. Y Cataluña es
demasiado querida e importante como para dejarla en manos de fanáticos.
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