¿Un nuevo Govern? El Mundo

Si hay algo que define el derecho penal liberal, que se impone en Occidente desde Cesare Beccaria, es la máxima “los pensamientos no pagan aduana”. Somos libres de elaborar nuestras ideas, por atroces que parezcan, sin que el aparato punitivo del Estado pueda intervenir. Nadie en su sano juicio, cierto que hay muchos que no lo tienen, puede discutirlo. Pero esto es muy distinto a que nuestro gobierno quiera sostener, con pretendido riguroso formalismo, que el mantenimiento de las medidas previstas en el artículo 155 de la CE exigiría una actuación ilícita por parte de Quim Torra, como si las que viene realizando no lo fueren ya. Se sugiere incluso que cabría la posibilidad de aceptar el nombramiento de nuevos consejeros siempre que estuviesen “limpios”. ¿Es sensato jurídicamente lo anterior? Desde luego que no, y por razones elementales:

Primero.- El nombramiento de consejeros en prisión preventiva, o rebeldes a la acción de la justicia, refleja claramente la ilicitud del actuar de Quim Torra. El artículo 9 de la CE señala tajantemente que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. ¿Cómo puede atreverse a nombrar a unas personas cuya capacidad de actuar política está sujeta a la autorización de un juez instructor? Conformarse con una nueva designación en estas condiciones, no sólo sería chapucero implicaría aceptar que el fraude es gratis.

Segundo.-Del sumario, según se refleja en el auto de procesamiento, se deduce la existencia de un proyecto delictivo en cuyo decurso se preveían incidencias de confrontación con el estado tal y como las que ahora se  están desarrollando. ¿Hay que esperar ingenuamente algo más? Se produce una conspiración para la rebelión, o una propia rebelión o sedición, se desoyen sistemáticamente las advertencias con implicaciones penales del Tribunal Constitucional, se declara la independencia de Cataluña y ahora parece que hay que volver a empezar. ¿Es serio? Lo mínimo a tener en cuenta es que la posible implicación de Torra en los hechos merecería el examen de los tribunales de justicia.

Tercero.- Es cierto que el conflicto que se desarrolla en una Cataluña, que por cierto amamos, tiene un  carácter político que nuestros gobiernos no han sido capaces de prever ni de resolver. Con independencia de ello, si vivimos en un Estado de Derecho tendremos que movernos con arreglo a sus premisas. Entre ellas una elemental, la de que las actuaciones delictivas no pueden fundamentar las decisiones de carácter político.

Convendría señalar además que las medidas que hubiere que adoptar en relación con la defensa de nuestro orden constitucional no pueden subordinarse a consideraciones tácticas en relación con la aprobación de los presupuestos o las  relaciones con el PNV. Sería bien triste y decepcionante. Y no hay que olvidar que vivimos un conflicto que podemos perder por irresponsabilidad o torpeza.