A la vista de la sentencia dictada
en el día de ayer por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, debe
precisarse lo siguiente:
1) El relato construido por las
defensas a raíz de su publicación es falso de toda falsedad. Entre otras cosas,
porque no distinguen entre la inmunidad estricta y la necesidad de permitir el
acceso a la condición de diputado del Sr. Junqueras, son cosas distintas. El
Tribunal Supremo sigue teniendo un amplio margen de acción
2) No está obligado indefectiblemente
a poner, en este momento, en libertad al Sr. Junqueras. Una lectura estricta de
la sentencia lo que exigiría, en todo caso, es someter a la consideración del
Parlamento Europeo la gravedad de su puesta en libertad para los intereses de
la justicia, y esperar su decisión.
3) Puede también no hacer nada, si
considera que carece de sentido plantear un “suplicatorio” cuando existe una
condena firme, y se da la paradoja de que el Sr. Junqueras ha sido
inhabilitado. Es una decisión arriesgada,
y podría tener consecuencias muy negativas en el devenir judicial, pero puede
defenderse de forma razonable. El Supremo tendrá que estudiarlo con
detenimiento.
4) Aun con esta resolución, el Sr.
Puigdemont sigue siendo un rebelde a la justicia española, carece de estricta
inmunidad, y se encuentra en flagrante delito, con lo que supone si vuelve a
España. Al Tribunal Supremo le queda ahora una impresionante labor, pero no hay
duda de que ha garantizado las exigencias de un “proceso justo.
En cualquier caso, decía Jaime Gil
de Biedma que “de todas las historias de la Historia la más triste es la de
España porque termina mal”. No es un destino irremediable, más bien es consecuencia
de la capacidad de autodestrucción y odio
de los que habitan esta tierra. También, no conviene olvidarlo, de su estulticia.
Así, hay quienes pretenden un mandato del Parlamento Europeo cuando su
actividad se ha caracterizado por el ataque sistemático a la función esencial
del Poder Legislativo: hacer la ley. Puigdemont y Junqueras quieren ampararse en
las garantías que protegen a los representantes del pueblo sin ser capaces de
reflejar su grandeza. Habría que recordar su infantilismo frente al carácter mítico
de las palabras de Robespierre a los miembros de la Convención en 1793: “Os
corresponde hacer libres a los hombres
mediante las leyes”. Ellos, en cambio, inciden en delito al intentar
destruir el ordenamiento jurídico. No parecen muy coherentes.
El Parlamento llevó a sus últimas consecuencias la idea de
que "en el principio fue el verbo". Basta leer los discursos de
Barnave, Brissot o Mirabeau, ejercicio bien útil cuando tantas simplezas se escuchan,
para darse cuenta de que las palabras movieron el mundo. En nuestra
civilización, “la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones
constituye uno de los derechos más preciosos del hombre” como decía el artículo
11 de la Declaración de Derechos de 26 de agosto de 1789. La función de los
parlamentarios tenía tal fuerza, y no sólo en los tiempos revolucionarios de
Robespierre, que se hubiera considerado inconcebible, fruto de la más pérfida
reacción, intentar limitarla ni siquiera mediante instrumentos jurídicos. Para
su protección se crearon las “prerrogativas”.
Con este
origen histórico, el artículo 71.2 de nuestra Constitución señala: “Durante el
período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y
sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados
ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva”.
Sin embargo, la crisis
del parlamentarismo, el hecho de que el pueblo no se sienta ya representado, ha reducido la autonomía de las Asambleas hasta
el punto de que sus garantías son puestas en cuestión. Con respecto a la inmunidad,
el descrédito de la institución está generalizado: ¿qué sentido puede tener que
unos señores por el simple hecho de titularse representantes del pueblo queden sustraídos
al juez? No tiene lógica, se trata de un
privilegio decimonónico. Pero, además, el principio de igualdad ante la ley,
que domina nuestro constitucionalismo, hace especialmente rechazable el “abuso
de derecho”. Si está claro que Puigdemont y Junqueras pretenden con la
adquisición de la condición
parlamentaria sustraerse a los jueces y tribunales, ¿por qué protegerlos? Es
una burla.
Lo han intentado por todos los medios, desde la
huida, a la presentación de candidaturas al Congreso de los Diputados, al
Senado y ahora al Parlamento Europeo. Podría calificarse todo de ridículo si
sus consecuencias no fueran tan graves. Pero éste es el problema real que ha
dado lugar a la resolución del Tribunal de Justicia dictada en el día de hoy:
quieren eludir sus responsabilidades. Y la verdad es que las instancias
jurídicas internacionales no hacen más que ponernos obstáculos. Sin embargo,
hoy por hoy, incluso con los términos de esta sentencia, la cuestión sigue en
manos de nuestros Tribunales de Justicia.
Por otra parte, en
Europa siguen sin comprender cómo nuestros Gobiernos no fueron capaces de
solucionar un problema político con instrumentos de ese género. Pero nuestros
independentistas no sólo fueron desleales, incidieron en tipos delictivos
frente a los que la sociedad no puede dejar de reaccionar. No es sensato que la
decisión de un Parlamento autonómico suprima la soberanía del pueblo español,
no es normal. Y la única posibilidad que le quedaba al Estado era la de
utilizar los instrumento en su poder, entre ellos el punitivo, pero hay que
saber explicarlo.
Una parte importante
del pueblo catalán se ha desgajado de España, nos odia, al final y como
señalaba un político tan prestigioso como Ramón Jáuregui parece necesario
encontrar una solución . Desde luego, con respeto al hecho de que todos somos
catalanes, y titulares de la soberanía en su conjunto. Así, hay que evitar pactos de gobierno que nos
sometan a las pretensiones desleales, incluso delictivas, de los independentistas.
Nadie en su juicio puede aceptar que nuestro porvenir se encuentre en manos de
los Sres. Rufián y Lastra. Azaña lo hubiera considerado infantil y tonto.
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