Los votantes de los Partidos Socialista, Popular y
Ciudadanos constituyen un porcentaje nada desdeñable de la población, y que se
sepa no están aquejados de la enfermedad de la peste ni de ninguna otra plaga
bíblica. Son compatriotas y están obligados a convivir los unos con los otros,
se proclaman además constitucionalistas. Entonces, ¿por qué les resulta imposible
pactar? Es lo propio de cualquier sociedad civilizada, aunque los españoles no
hemos sido capaces de hacerlo ni siquiera para evitar la Guerra Civil. En junio
de 1936, Miguel Maura publicó varios artículos en El Sol en los que proponía un
pacto de todos los partidos republicanos, sin diferenciar que fueren de
izquierda o derecha, “que sean capaces de anteponer el interés supremo de
España a toda mira partidista o de clase”. Advirtió que no abrigaba “la más
mínima esperanza de que mis razonamientos logren convencer a quienes tienen
sobre sí el peso de la mayor responsabilidad en la hora actual de España”. En
efecto, nadie le hizo caso, prefirieron matarse durante tres años.
¿Es que Pedro Sánchez, Pablo Casado y Albert Rivera son irresponsables
y mezquinos? No son intelectuales ni parece que les preocupe demasiado el mundo
del arte ni de la cultura en general, pero al menos debería interesarles la
supervivencia del país por encima de sus pulsiones narcisistas o de vanidad
estrictamente personal. Si no es así, ¿qué pintan? Ya Ortega y Gasset
denunciaba que en este país no existían “minorías egregias” y “que lo que no ha hecho el pueblo se ha
quedado sin hacer”. ¿Son los tres tan tontos que no se dan cuanta de que lo que
está actualmente en juego es el propio régimen constitucional? No sólo son los
independentistas catalanes, Podemos es claramente ambiguo sobre el referéndum
de autodeterminación, con olvido reaccionario de los derechos soberanos del
resto de los españoles, y el PNV aboga claramente por una relación bilateral
con el resto de España. ¿Cómo es posible, entonces, seguir peleándose como niños
malcriados y torpes?
Un pacto de legislatura entre los partidos que se
proclaman constitucionalistas no sólo parece sensato, probablemente sea lo recomendable
a la vista de los desafíos que se avecinan en el caso de sentencia condenatoria
de la Sala segunda del Tribunal Supremo. ¿Es que no se dan cuenta que, de
producirse, Quim Torra disolverá el Parlament con una convocatoria
plebiscitaria de elecciones? ¿Queremos arriesgarnos a una nueva declaración de
independencia? Sería ingenuo pensar que la posición del Estado Español sería de
nuevo fuerte. Todo lo contrario, las instancias internacionales podrían
desequilibrar la balanza. Nos han dado bastantes advertencias: la actitud
frente a las órdenes europeas de detención, la declaración de 41 senadores
franceses contra la represión del Estado y el cómodo autoexilio de los rebeldes
a la acción de nuestra justicia, sin que sea posible desdeñar a una opinión
pública que, por razones que analizaría mejor Elvira Roca, sigue desconfiando
de España.
El objetivo de ese pacto sería evidente, dedicar la
legislatura a la resolución del problema territorial. La posible reforma
constitucional, la actitud a adoptar ante medidas de gracia que pudieran
solicitarse, el fortalecimiento del aparato estatal ante nuevos desafíos, y la
adopción de políticas tendentes a la seducción de los catalanes ahora
desafectos, constituyen medidas que sólo pueden afrontarse con el concurso de
los partidos que representan a la inmensa mayoría de los españoles. Todo lo
demás es subsidiario, pues sin un aparato estatal firme no podrían mantenerse
las conquistas sociales.
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