En los inicios del régimen constitucional de 1978, se enfrentaron
personas de la talla de Felipe González, Santiago Carrillo, Manuel Fraga y Miguel Roca, entre otros.
A todos les cabía
el Estado en la cabeza. No es que se tratara de catedráticos
e intelectuales; es verdad que los había
y muchos, basta citar
a Gregorio Peces Barba, Raúl Morodo
o Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.
Pero la izquierda obrera, tanto comunista como socialista, aportó representantes de la categoría de Marcelino Camacho
o Eduardo Saborido. Ahora, en cambio,
nos encontramos con Pedro Sánchez, Pablo Casado,
Iglesias y Albert Rivera. Una cierta diferencia, la verdad…
El abandono de la política por las élites
no es sólo
un fenómeno español. ¿Puede compararse Trump con Kennedy? Su razón de ser es muy clara: nadie
que tenga algo que perder, aunque sea simplemente su honor, quiere exponerse.
Los medios de comunicación han alumbrado una teoría según la cual, en los
asuntos que tengan un interés público, las libertades de información y
expresión prevalecerán sobre el honor. Una auténtica aberración en sus
resultados, por mucha necesidad que se tenga de respetar el debate ciudadano.
Pero es que los propios tribunales, empezando por la Corte Suprema de los
Estados Unidos de Norteamérica, han consolidado una doctrina según la cual si quieres ser valorado tienes que someterte al ojo escrutador de los medios
de comunicación: demostrarás si eres digno,
o no. Paradójicamente tal doctrina tenía origen
en las órdenes impartidas por el Consistorio de Ginebra, controlado por Calvino, a los habitantes de su ciudad para que
no pusieran cortinas en las ventanas y
así evitar que cometieran pecado. El Juez Brandeis, clásico representante del puritanismo
calvinista estadounidense, dirá posteriormente en sus sentencias que “la luz
del sol es el mejor de los desinfectantes”, el secreto sería por esencia
pecaminoso. Pero si todo se conoce, al final todos seremos pecadores con lo que nos llevarán a
la hoguera.
Desde que los tribunales y las declaraciones de derechos lo justificaron,
el chismorreo inquisitorial se legitimó, se convirtió en algo útil para las sociedades humanas, amparado por las libertades de expresión e información. Se dio seriedad a algo que tenía su último fundamento en la competitividad
animal: los mejor dotados se aseguran los instrumentos para exhibirse y trasmitir sus
genes, en tanto que la mayoría, que rencorosamente les observa, buscará aliarse para eliminarlos. Pero la coartada que se utilizará, aunque bien cínica,
no podrá ser más correcta, se trata
de mejorar el funcionamiento
social, pues los que sobresalen, incluso en actividades lúdicas, influyen en el público. Por tanto,
si actúas ante los demás deberás exponerte a la crítica. El razonamiento es impecable, el problema es que,
poco a poco, el margen de libertad se ha ampliado hasta el punto
de que las informaciones que tengan interés ciudadano, y hoy día se nos quiere
hacer creer que todo lo tiene, se valorarán por encima del derecho a la intimidad.
¿Por qué ha tenido que renunciar a su
escaño y abandonar sus responsabilidades María Dolores Cospedal? Pura y
sencillamente porque en nuestro país no hay ya lucha política, y menos
intelectual. Se ha legitimado la destrucción del adversario por cualquier
medio, incluso los más repulsivos. Si
una persona es brillante, Abogada del Estado, Secretaria General de un Partido
y goza de influencia social, como la Cospedal, terminará arrojada cruelmente a
los infiernos. Pues bien, en 1920, el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos acuñó su doctrina
del “árbol envenenado”, que contamina todos sus frutos. El aparato punitivo del Estado no podrá servirse de ellos. Es el caso de las grabaciones sin orden judicial, los delitos provocados, los registros policiales sin autorización y de todos
aquellos en que el delito es perseguido utilizando instrumentos ilegales o de
carácter inmoral. Y si el criminal tiene derecho a que el Estado juegue limpio
con él, mucho más lo debe tener un ciudadano, incluso un político, en relación
con la crítica de la opinión y de los medios de comunicación. No es lícito
utilizar la vileza, y el hecho de prevalerse de grabaciones, cuya exactitud
además no es posible de comprobar, carece de legitimidad moral alguna. Eso no
es política, es bazofia.
Ante un caso así, parece
mentira que su propio partido la entregue a los leones. ¿Acepta entonces que se
actúe en esa forma? Si es así, el PP no se da cuenta que estamos asistiendo a
un serio intento de quiebra de la Constitución de 1978 y de la unidad del Estado
español con el acoso a sus dos más claros puntales: el poder judicial y la
institución monárquica. En vez de ocuparse de esto, parece que nuestros
partidos prefieren dedicarse a la eliminación del adversario sin importar la
forma; uno caerá hoy y el otro mañana. Limitar la política a la búsqueda de los
pecados ocultos no es propio de estadistas, todos los tienen, sino de chismosos viles y torpes que nos
conducirán a la ruina. Si desaparece la ideología, nos quedaremos con
charlatanes tramposos.
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