Persecución cruel. El Mundo. Madrid

Louis Antoine de Saint-Just, el “arcángel de la guillotina”, uno de los más brillantes líderes de la Convención francesa, afirmó que “los reyes nunca son inocentes”. Una contundente frase destinada a la inmortalidad, en la forma que tanto gustaba a los jacobinos. En la práctica sirvió para que la condena a muerte de María Antonieta se fundamentase en acusaciones tan deleznables como la de haber incurrido en incesto con el delfín. Lo que se quería era la muerte de la familia real, las exigencias de un proceso justo se convertían entonces en meros obstáculos.

Todos incluso los reyes somos inocentes. En cambio,  la sociedad de hoy, como la de otros tiempos, disfruta con la ejecución de los “privilegiados”, una simple muestra de su envidia y crueldad. Antoine Fouquier de Tinville, el siniestro fiscal revolucionario, ha sido sustituido en los tiempos modernos por otro peor: la opinión pública. Robespierre quiso ser más claro: “Es preciso que los Capeto mueran para que Francia viva”. ¿Ocurre lo mismo en la España actual? ¿De verdad es necesario humillar a nuestros borbones para salvar la democracia?

 

En absoluto, la acusación contra ellos tiene concretos instigadores y carece de los fundamentos jurídicos necesarios para sostener un proceso penal, ni siquiera político. Veamos:

 

Primero: A la hora de plantear cualquier acusación, resulta imprescindible interrogarse sobre los reales intereses en juego: normalmente reparar los daños causados a la sociedad o a concretos perjudicados. En este caso, hay uno muy claro: el independentismo catalán que es consciente de que la estructura misma de nuestro sistema constitucional se basa en la monarquía y en el poder judicial. Habría que suprimir a los dos y lo están haciendo muy eficazmente. ¿Somos tan torpes que no nos damos cuenta? Lo que está en juego es el Régimen del 78, que es lo que se pretende derribar.

 

Segundo.-Los penalistas han explicado siempre que todos los actos de los hombres son equívocos; pueden ser interpretados de muy diversa y contradictoria manera. Solamente cuando no cabe más que un entendimiento incuestionable es posible deducir acusación penal. Si, por las razones que fuesen, surgiese un interés poderoso en lograr la condena del papa Francisco lloverían las informaciones continuas sobre sus relaciones con la dictadura argentina, de hecho existieron. Así, todos los regímenes inquisitoriales se han basado en la generalización de la sospecha. La culpabilidad se presume, hay que esforzarse en demostrar la inocencia.

 

Tercero.-El Rey emérito se ha convertido en sospechoso y ya sabemos que el mismo Saint Just aseguraba que el hecho de serlo bastaba para su condena. Si de algo es culpable el rey Juan Carlos es de su propia ingenuidad,  torpeza y rijosidad, pero eso no es bastante para llevar adelante un proceso penal. La forma en que se están desarrollando las acusaciones por una opinión pública morbosa y carente de precisión jurídica hace que nos encontremos ante una “causa general” que repugna a las exigencias más elementales de un Estado de Derecho.

 

Cuando todos los cobardes denuncian, aprovechando la obligación de silencio del acusado, la moral pública y la inteligencia dejan de existir.