Cadena perpetua ABC Sevilla

Durante siglos, la justicia constituyó un instrumento al servicio de la intolerancia y la crueldad de los hombres. Con un ejemplo nos basta, el del caballero  de la Barre. Se trataba de un joven de diecinueve años de edad, habitante de Abbeville, que había pasado a unos metros de una procesión sin quitarse el sombrero, lo que aprovechó un enemigo para denunciarle por delito de blasfemia. Fue condenado a “ser conducido a la plaza del mercado, atado a un poste con una cadena de hierro y quemado a fuego lento”. El espectáculo fue terrible hasta el punto de llamar la atención de Voltaire que, escandalizado al conocer el hecho, escribió su “Relation de la mort du chevalier de la Barre”, en el que contó, nos recuerda Juan Antonio Delval, que el pobre muchacho se limitó, mientras lo ejecutaban, a lamentarse al religioso que lo atendía en la siguiente forma: “No creo que se pueda hacer morir a un gentilhombre por tan poca cosa”

Más directamente, el moderno proceso penal no puede entenderse sin las consecuencias del juicio y ejecución de Robert François Damiens, culpable de intento de asesinato a Luis XV: ataron sus extremidades a cuatro tiros de caballos hasta desmembrarlo. Según nos dice Michel Foucault, “esta última operación fue muy larga, porque los caballos que se utilizaban no estaban acostumbrados a tirar; de suerte que en lugar de cuatro, hubo que poner seis, y no bastando aún esto, fue forzoso para desmembrar los muslos del desdichado cortarle los nervios y romperle a hachazos la coyuntura…”. El pobre infeliz repetía: “Dios mío, tened piedad de mí; Jesús socorredme”. La agonía duró veinticuatro horas, y lo arrojaron después a la hoguera vivo todavía. Este tormento tuvo tal repercusión  que dio lugar, tan sólo siete años después, a que Cesare Beccaria escribiese su célebre  “De los delitos y de las penas”. El libro tuvo tal fuerza que, desde entonces, se inicia un movimiento humanitario, también científico, dirigido a someter el proceso a reglas, a una lógica jurídica que evitase la venganza y la arbitrariedad.

Se ha dicho que el problema de la pena radica en que constituye simplemente una amarga necesidad en una comunidad de seres imperfectos como son las personas. Efectivamente, para  Beccaria,  “su fin no puede ser  atormentar y afligir a un ente sensible”. Se trata de una conclusión impuesta desde hace tiempo en la ciencia y en los ordenamientos jurídicos de los estados civilizados.  Todo esto es evidente,  y causa asombro la forma cómo se ha desarrollado recientemente en el Congreso de los Diputados el debate sobre la denominada “prisión permanente revisable”. Sobre ello, convendría decir lo siguiente:

Primero.- El artículo 25.2 de la Constitución Española señala: “La penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas  hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados…”. Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha sido bien clara: "Este tribunal ha reiterado en numerosas ocasiones que la finalidad reeducadora y de reinserción social a que constitucionalmente debe servir la imposición de una pena privativa de libertad constituye un mandato al legislador para orientar la política penal y penitenciaria”, por más que la consagración constitucional de esta finalidad no sea excluyente de otras.

Segundo.-La reeducación sería una muestra de humanidad de nuestro sistema penal, y obligaría a arbitrar los medios para que fuera efectiva, y el condenado pudiera volver a la sociedad. Para sus críticos, la cadena perpetua, por esencia, excluye la posibilidad de reinserción en tanto que eliminaría de la sociedad al delincuente, se le impondría una muerte en vivo. Y si la pena de muerte es cruel e irreparable, ¿qué decir encerrar a un individuo para toda la eternidad, sin ofrecerle una mínima esperanza de libertad?

Tercero.-Sin embargo, en el caso en discusión no puede hablarse de “cadena perpetua”, se trata de una “prisión permanente revisable”, que es algo sustancialmente distinto. Es elemental, desde que existe la posibilidad de revisión desaparece el estigma de la perpetuidad. Confundir los conceptos puede dar lugar a la demagogia y a la simplificación. No es lo mismo que te arrojen de por vida a la isla de If, enterrado para siempre, que ser condenado a una pena permanente, sí, pero con posibilidad de reinserción y libertad al cabo de cierto tiempo.

 Cuarto.-Es verdad, en el ordenamiento jurídico no existen soluciones simples, y menos cuando los intérpretes están sometidos a las torpezas y pasiones de la política diaria. Una prisión permanente revisable podría equivaler  a la cadena perpetua cuando el mínimo a cumplir fuese tan elevado que la esperanza de libertad se desvaneciese en el terreno de los sueños. Pero la correcta fijación de los plazos de revisión, y sus condiciones, constituye la misión de un legislador prudente, que tiene para ello a su disposición los trámites del procedimiento legislativo, e incluso utilizar la vía de las enmiendas.  En cualquier caso, cadena perpetua y prisión revisable no son conceptos idénticos ni mucho menos.

Delito de rebelión y violencia El Mundo. Madrid

Es sorprendente la facilidad con que algunos comentaristas opinan de causas judiciales sobre las que rige el “secreto del sumario”. Si los documentos que figuran en el mismo no pueden ser conocidos en su plenitud, ¿cómo es posible sacar ninguna conclusión? Sorprendentemente lo hacen y además con aires de infalibilidad. En el caso de la prisión preventiva de los Jordis, Junqueras y Forn, se ha llegado a afirmar que no existe causa suficiente, y, con respecto a la acusación por rebelión, que al no haberse podido constar un alzamiento violento la tipificación resulta inadecuada. Si ello es así, y lo afirman con rotundidad, podría pensarse que nuestros tribunales están incidiendo incluso en un delito de prevaricación, lo que es singularmente grave si se tiene en cuenta que se trata nada más y nada menos que del Tribunal Supremo.

Los que así opinan no saben de los hechos, salvo filtración completa altamente improbable, más que lo que usted y yo podemos saber. Muy poco, lo que se reflejó en los medios de comunicación: intervención de la Guardia Civil en la Consejería de Economía, su asedio por la muchedumbre, el estado en que quedaron sus vehículos, el referéndum ilegal del 1 de octubre, la actitud pasiva de la policía autonómica,  las cargas policiales, la declaración de independencia y la existencia de una documentación en la que figuraría la “hoja de ruta del procés”, que es crucial para averiguar la planificación de los hechos, y consiguiente voluntad delictiva. Pues bien, si esto es lo único que pueden saber, ¿cómo es posible que aseguren la inexistencia del tipo de rebelión”. Con independencia de que en el “iter criminis” podrían darse también supuestos de tentativa, lo que no se puede desechar sin más ni más, hemos de indicar lo siguiente:

Primero.-La conspiración existe, dice nuestro Código Penal, cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo, y expresamente está castigada en los supuestos de rebelión. ¿Cómo, sin conocer el sumario, puede afirmarse que no existió? Todo lo contrario, de lo hasta ahora revelado, parece deducirse la realidad de un acuerdo previo encaminado hacia la desconexión del Estado, proceso en el que “podían llover hostias”, como afirman dijo el actual President del Parlement

Segundo.-Avancemos en los hechos, ¿no hubo violencia alguna? Claro que la hubo, y en dos supuestos especialmente: en la intervención en la Consejería de Economía y el 1 de octubre. Con posterioridad, también en los distintos paros. La propaganda independentista alega que, en todo caso, lo que habría es desobediencia, nunca un alzamiento violento y público. Tal afirmación es falsa de toda falsedad pues la resistencia activa constituye pura y simple violencia. Y muchos de los que participaron en el pretendido referéndum la ejercieron. ¿Esa violencia fue prevista por los investigados? Eso es uno de los objetos del sumario, y a priori nadie puede negar la existencia de delito.

Tercero.- Es falso igualmente que el 1 de octubre el objetivo fuese expresar el voto. Ése podía ser el de algunos ciudadanos aisladamente considerados, a nivel colectivo de lo que se trataba era de manifestar un rechazo al aparato del estado, y proclamar el derecho superior de Cataluña a expresar su autodeterminación. Por tanto, sociológicamente se vivió un supuesto claro de rebelión ciudadana. ¿Hubo también un delito de rebelión?, eso es lo que tratan de determinar los tribunales de justicia? En principio, es indudable que sí.

La cuestión es bien simple, el día del referéndum nadie se encontró con un escenario idílico, todo lo contrario: tractores en los centros de voto, vallas, multitudes en las puertas, ataques a la policía, enfrentamientos de algunos mossos con miembros de la Guardia Civil…Las personas convocadas fueron utilizadas, de existir un plan previo, para resistirse a la policía, por tanto para emplear violencia contra violencia. Por tanto, por lo menos en principio y a reserva de lo que resulte del sumario, podríamos perfectamente hablar de un delito de rebelión. Poner en cuestión la independencia de nuestra judicatura, sin base real alguna para ello, se nos antoja bastante arriesgado e irresponsable, y no contribuye demasiado a pacificar los ánimos.

España ABC Sevilla

Nací en Tánger, en una familia que se sentía profundamente española Cuando visitábamos a mis abuelos, en una casa llena de recuerdos marroquíes, siempre me impresionó una estatuilla que representaba a Don Quijote y Sancho colocada en el pasillo. El amor por España es uno de los sentimientos que experimenté desde niño,  de hecho me ha acompañado toda la vida, incluso en mi juventud comunista. La  resistencia del Madrid republicano durante cerca de tres años, el paso del Ebro, la poesía de Miguel Hernández o de León Felipe me impresionaban, no por mi ideología, que también, sino porque reforzaban las obras de mi país. Por eso,  me emocionaba tanto el discurso de Don Manuel Azaña en 1938, a punto de perder la guerra, en el Ayuntamiento de Barcelona: “¡Todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo arroyo. Ahí está la base de la nacionalidad y la raíz del sentimiento patriótico, no es un dogma que excluya de la nacionalidad a todos los que no la profesan, sea un dogma religioso, político o económico”.

El gran pensador británico John Ruskin dijo que “las grandes naciones escriben  sus autobiografías en tres manuscritos: el libro de sus hechos, el libro de sus palabras y el libro de su arte. No se puede entender ninguno de estos libros sin leer los otros dos, pero de los tres el único fidedigno es el último”. Pues bien, el de las palabras de nuestro país puede sintetizarse en la indicadas de Azaña y, sobre todo, en las que recordaba que ser un patriota significa luchar “por el aumento y conservación de ese caudal de belleza, de bondad y libertad, en suma de cultura, que es lo que nuestro país, como cada país, aporta en definitiva a la historia como testimonio de su paso por el mundo y como ejecutoria de su nobleza”. Picasso, Alejandro Casona, Pau Casals, Max Aub y Sender, entre muchos otros, siguieron aportando belleza en el exilio.

Si queremos contemplar el libro de los hechos, del relativo al arte sería absurdo siquiera hablar, nos bastaría con leer a Bernal Díaz del Castillo en su “Historia verdadera de la conquista de Nueva España” cuando al referirse al encuentro de Hernán Cortés con Montezuma, “que venía cerca en ricas andas, acompañado de otros grandes señores y caciques que tenían vasallos”, nos dice: “teníamos muy bien en  la memoria las pláticas e avisos que nos dieron los de Guaxocingo e Tlascala y Tamanalco, y con otros muchos consejos que nos habían  dado  para que nos guardásemos de entrar en México, que nos habían de matar cuando dentro nos tuviesen. Miren los curiosos lectores esto que escribo, si había bien que ponderar en ello; ¿qué hombres ha habido en el universo que tal atrevimiento tuviesen?” Ciertamente, podría decirse que la civilización española se expresó con intensidad en la premodernidad.

Nuestro universo cultural se forjó sobre la tumba de Santiago, la idea de cruzada, el valor, la conquista, la defensa de la Iglesia, el Quijote, la mística… Creamos obras sublimes como “La vida es sueño” de Calderón, “Las coplas a la muerte de su padre” de Jorge Manrique, la poesía de San Juan de la Cruz, y tantas otras. Inventamos géneros literarios como la picaresca o las crónicas de Indias que permanecerán durante siglos, personajes eternos como Don Juan y, sobre todo, una lengua única. Es indudable que la Reforma protestante y el liberalismo sobre los que se edificó la Europa moderna necesitaban destruirnos por razones estrictamente objetivas. No sólo éramos una potencia militar, ejercíamos una influencia decisiva desde el punto de vista cultural. El mundo anglosajón, enfrentado con nosotros a todo lo largo de los siglos XVIII y XIX nos fue derrotando no sólo en los campos de batalla, sobre todo en el terreno del prestigio y la influencia; pero las derrotas son también bellas si las llenas de poesía.

Al parecer, Álvarez Junco nos ha recordado que dentro de tres mil años no existirá España, tampoco Cataluña, ni ninguna de las naciones conocidas. Es cierto, pero los seres humanos necesitamos vivir de sueños y, para la gente de mi generación, España fue uno bien hermoso. Al nacer en el extranjero, soy español por el pasaporte; no soy andaluz ni catalán sino ambas cosas a la vez, y vasco y canario, gallego también. Si alguien quiere quitarme alguna de esas identidades, me estará usurpando mi propia manera de ser. Se dice que la izquierda no se siente española, si fuera así bien poca sensibilidad demostraría. La Unión Soviética venció a Alemania en el mismo momento en que Stalin apeló a la “santa madre patria” y los franceses, de todas las tendencias, se emocionan al oír la Marsellesa. Es lógico, demuestran que tienen una causa que defender.

Pasarán los años y ya no estaremos aquí. Nada de lo que hemos amado se conservará. Como decía el Eclesiastés, vanidad de vanidades y todo vanidad, “todo ha salido del polvo y todo vuelve al polvo”. Pero siempre ha habido gente capaz de conservar sentimientos hermosos, otros que no. Estos últimos suelen ser desleales y tóxicos, y con frecuencia almacenan odio en su corazón.

Historias falsas ABC de Sevilla

Decía Jean Paul Sartre que todas las historias son falsas, pues sirven para dar explicación con un principio y un final a hechos que, al producirse, son susceptibles de ser interpretados en múltiples formas. En cambio, uno elige la que más puede convenir a sus intereses. Hacerse dueño del relato, como en cursi forma se dice hoy día, se ha convertido en un elemento de primera magnitud en la lucha política. Los movimientos subversivos son tan conscientes que pretenden apoderarse no sólo de la historia sino del mismo lenguaje. A  los verdugos se les hace pasar  por víctimas y  a las víctimas por verdugos, con lo que ninguna comunicación es posible desde que las palabras pierden su exacto significado. El problema reside en que las historias falsas se montan siempre contra alguien. En España esto lo estamos viviendo, en forma bien intensa, con respecto a la explicación que los independentistas catalanes dan sobre los hechos del pasado 1 de octubre.

El relato que han construido es bien simple: las fuerzas policiales del estado español habrían actuado con una violencia desproporcionada que originó centenares de heridos, y que dicen que no pueden perdonar ni olvidar. Para mayor gravedad, habría sido ejercida contra pacíficos ciudadanos que simplemente querían ejercer su legítimo derecho a votar. La sesgada cobertura que dieron medios televisivos de Cataluña, esencialmente de TV3, contribuyó a difundir tal interpretación con lo que nos colocan desde el principio en una posición defensiva a la hora de razonar. Habría que contestar tajantemente que se trata de afirmaciones falsas de toda falsedad, el Estado lo que hizo es reaccionar contra un intento preconcebido de rebelión, conspiración para la rebelión o sedición, la exacta calificación jurídica la harán los tribunales de justicia, que pretendía pronunciarse sobre la unidad del estado español, por medio de un referéndum, lo que estaba radicalmente prohibido. Todos eran conscientes de ello, no sólo por el hecho elemental de que la Generalitat catalana carecía de competencias para cualquier convocatoria en ese sentido sino porque los tribunales de justicia, en particular y por su relevancia el Tribunal constitucional, así lo habían advertido una y otra vez.

El relato independentista ha triunfado en tal forma que torpemente las fuerzas constitucionalistas, cuando son interrogadas sobre el tema, eluden tratarlo. En ocasiones se refugian en la idea de que hubo un fracaso de gestión, nos limitamos a citar el ejemplo de Inés Arrimadas en entrevista en TV3. Puede haberse dado o no un fracaso en ese aspecto, pero lo que es indudable es que la policía española actuó en la misma forma en que lo hubiera hecho cualquier otra. De manera mucho más proporcionada incluso que las desarrolladas en represión de los distintos altercados ocasionados por las cumbres del G8. No es posible olvidar que el 1 de octubre se produjo un asalto al orden constitucional, y al efecto nos limitaremos a señalar lo siguiente:

Primero.- De manera bien expresa, el artículo 2 de la CE señala que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…”. Organizar, entonces,  un referéndum de autodeterminación en cualquier parte del Estado vulnera radicalmente nuestro ordenamiento jurídico. Así lo había aclarado, con ocasión del procés, en distintas ocasiones nuestro Tribunal Constitucional.

Segundo.- El Estado tiene, como nota característica de su soberanía, el monopolio del uso de la  fuerza. Y si un individuo, organización política, o incluso elementos integrados en su propia estructura territorial, pretendiesen la fragmentación de dicha unidad, fuera de los cauces establecidos por el ordenamiento jurídico, nos encontraríamos ante una grave vulneración constitucional que sería elemental reprimir, estaría en juego la existencia del propio Estado.

Tercero.- El que desobedece a la autoridad cuando actúa en el ejercicio de sus funciones incurre en una infracción tipificada penalmente, que el aparato estatal debe reprimir. Ciertamente, la reacción debe ser proporcionada; y no se puede tratar en la misma forma a Mahatma Gandhi cuando ayunaba en protesta por la discriminación sufrida por su pueblo que a una muchedumbre organizada que pretende enfrentarse con las instituciones establecidas.

Cuarto.- Cuando la desobediencia no es meramente pasiva, y se impide la actuación policial, nos encontramos ante una resistencia activa que merece la calificación de violencia: tractores en los centros de voto, vallas,  multitudes en las puertas… Eso fue lo que ocurrió en Cataluña, y es falso afirmar que las personas convocadas iban a expresar su voto. Muchas de ellas fueron utilizadas para resistirse a la policía, y emplear violencia contra la que legítimamente podían utilizar los agentes. La guardia civil y la policía nacional se encontraron ante un movimiento organizado de rebelión; y ninguna democracia avanzada puede tolerarla, pues su resultado supondría siempre el triunfo de una dictadura carente de legitimidad.

        

¿Délito político? El Mundo

Anna Gabriel está siendo investigada no por sus ideas sino por su conducta. De lo que se trata es de determinar si participó en un movimiento tendente a modificar fuera de las vías legítimas un orden constitucional de carácter democrático. Si lo hizo, su delito tendría el mismo carácter político que el del teniente coronel Tejero. Y a nadie, en la Europa civilizada, se le ocurriría calificar en forma benevolente su actividad. Con respecto a su incomparecencia, y refugio en Ginebra, leo en noticias de agencia que “Suiza advierte que no autorizará una extradición por delitos políticos”. Si fuera verdad, el portavoz que lo ha dicho no tiene la menor idea de lo que se considera, hoy día,  un delito de esa naturaleza.

Una ignorancia así es de enorme gravedad cuando la precisión del concepto se ha venido realizando ya desde el siglo XIX. Surge con las revoluciones burguesas, cuando el Antiguo Régimen intenta eliminar a los rebeldes que se oponían a las arbitrariedades del absolutismo. En un principio, el descrédito de la “reacción” inspiró un tratamiento comprensivo hacia los “delincuentes” de ese género. Así, todos los delitos que atentasen a la estructura constitucional de un estado serían políticos; y a sus autores se les protegía de la extradición en tanto se partía de la idea de que era la forma del estado lo que originaba su conducta, en otro régimen, se sobreentendía más humano y liberal, no se habría colocado fuera del sistema.

Personalidades como la de Garibaldi no podían ser analizadas más que desde la simpatía, con independencia de que fuese capaz de tomar las armas contra los austriacos. Y no digamos los “liberadores” sudamericanos en lucha contra la España de las hogueras, como nos calificaba Jules Michelet. Así, Simón Bolívar, San Martín o Francisco Miranda fueron caudillos revolucionarios,  utilizaron la violencia como instrumento de lucha, la reivindicaron. Merecieron, sin embargo, la calificación de delincuentes políticos porque en el imaginario “progresista” de la época, todos los medios eran legítimos cuando se trataba de luchar contra el opresor. Y los españoles lo éramos claramente. Tal entendimiento llegó a impregnar la ciencia penal de finales del siglo XIX.

La cuestión cambió cuando la rebeldía dejó de ser protagonizada por románticos idealistas, compañeros de clase social de los defensores del sistema, y apareció la violencia anarquista o, tras la Comuna de 1870, la que revestía carácter comunista. Angiolillo o Malatesta no podían considerarse seres honorables desde el mismo momento que se valían del terror para conseguir sus objetivos. Se realizó entonces todo un esfuerzo doctrinal para distinguir la delincuencia de pensamiento de la de acción, y sólo la primera merecería la protección de la sociedad civilizada. Así, sería preciso indicar lo siguiente:

Primero.-Sólo es posible hablar de delito político con respecto a Estados que no comparten los valores de la primacía del derecho, la separación de poderes y el respeto a los derechos individuales. Es decir, los que están fuera del marco occidental. Caso contrario, estaríamos favoreciendo a los golpistas, fascistas y totalitarios.

Segundo.-La rebelión, la conspiración para la rebelión y la sedición contra un Estado de derecho no son delitos políticos a no ser que permanezcan en el abstracto mundo de las ideas y no lleguen a materializarse. Y eso es una cuestión que corresponde determinar a los jueces competentes, bajo la premisa de que en España un juez que condenase en base a ideas estaría cometiendo un delito de prevaricación.

Tercero.-Una cosa es un delito político y otra, muy distinta, un delito con dicha motivación. Se puede robar, estafar o matar para favorecer determinado movimiento, ejemplo clásico es de la recaudación de dinero para una organización terrorista, y, sin embargo, sería absurdo considerar que se trata de un delito político tal y como lo entiende el derecho penal internacional.

Si Anna Gabriel mereciese el calificativo de delincuente en España, los tribunales lo dirán, no sería nunca una delincuente política sino una rebelde o sediciosa, que es cosa distinta.

Sospechosos ABC

De todas las  dictaduras,  las de la “virtud” han sido siempre especialmente peligrosas porque implican un chantaje moral. Los que las defienden, aseguran que su finalidad es el establecimiento de la igualdad, la bondad o la justicia en el mundo, y,  como se lo creen y tienen a la “verdad” de su parte, no dudan en utilizar todos los medios, aun los más crueles. Así, los judíos fueron perseguidos por matar a Jesucristo, los herejes, da igual que fueran papistas o luteranos, por falsificar la palabra de Dios, los comunistas por subversivos, y así hasta el infinito. Como los objetivos eran buenos, incluso santos,  los errores no podían existir o carecían de trascendencia. Actualmente, ha surgido un nuevo sospechoso no por sus actos sino por su sexo, el hombre. Hay aquí una buena dosis de ignorancia: en los años cuarenta del pasado siglo, un extraordinario científico francés, Jean Rostand, afirmó que “el hombre no era un ser biológicamente necesario”. Para liquidarlo, hubiera bastado entonces con el tiempo.

Los persecutores actuales juegan, probablemente de buena fe como en otros tiempos inquisitoriales, con la estulticia, es decir, con la necedad de sus semejantes. Es evidente que los que desean sexo a costa de la libertad no saben amar, son enfermos y delincuentes. Los violadores, los maltratadores, los que abusan sexualmente de las mujeres prescindiendo de su dignidad y decisión son odiosos y miserables. Pero, para eliminar sus delitos no se puede subvertir las reglas esenciales del derecho penal, como la presunción de inocencia, la necesidad de pruebas incriminatorias, o la defensa de la honorabilidad de todas las personas. El jacobino Saint Just, uno de los más brillantes seguidores del atormentado Robespierre, señaló que la Revolución debía eliminar no sólo a los reaccionarios y  monárquicos, también a los “sospechosos”. En su opinión, el peligro principal estaba en ellos porque era difícil obtener pruebas en su contra, con  lo que podían quedar a salvo. Con razonamientos de esta clase, Francia asistió al denominado “reino del Terror”, que llevó a la guillotina a miles de inocentes condenados por el miedo y el fanatismo. Han hecho falta muchos siglos para que la sociedad constatase que la educación es más efectiva que la represión, y que nadie es culpable por su religión, raza o condición social o de género.

La civilización ha implicado un lento proceso de superación de la animalidad, de la atávica violencia de los machos en defensa de sus tierras, mujeres, o de la expresión de su propia rabia. En sociedades desarrolladas y ricas, como las occidentales, las mujeres al incorporarse masivamente al trabajo y dejar de ser propiedad de celosos varones necesitan proteger su seguridad y las denuncias aumentan, no porque los comportamientos violentos sean ahora más frecuentes sino porque psicológicamente se perciben con más claridad. A la manera de los viejos anarquistas, podemos decir, no es nada original, que estamos asistiendo a la definitiva revolución: la de la liberación de la mujer que conquista por fin su sexualidad y autodeterminación laboral. Pero toda acción da lugar a reacción, a contrarrevolución, a veces incluso es conveniente verla con nitidez para defenderse mejor. En definitiva, vivimos un momento histórico que no puede comprenderse con fórmulas estereotipadas, ni con lo políticamente correcto ni con estupidez.

El 9 de diciembre de 1484, el papa Inocencio VIII publicó  la bula “Summis desiderantes affectibus” en la que comunicaba a los fieles de manera bien solemne lo siguiente: “Recientemente ha venido a nuestro conocimiento, no sin que hayamos pasado por un gran dolor, que en algunas partes de Alemania cierto número de personas de uno y otro sexo, olvidando su propia salud y apartándose de la fe católica, se dan a los demonios íncubos y súcubos por sus encantos”. Interpretaba la realidad de una manera delirante, pero en la misma forma que lo hacían sus conciudadanos. Con la fuerza que proporcionaba la autoridad del papado, ofrecía una explicación a los miedos de éstos. La consecuencia fue atroz: los bosques centroeuropeos se llenaron de hogueras, y nadie podía estar seguro pues de una manera u otra todos podían ser culpables, al no poder controlar el pensamiento ni desdeñar la inteligencia y perfidia de los demonios.  Es cierto que muchos de los quemados, herejes o locos, se dedicaban a tratos inmorales, sucios y criminales. Pero, lo que ocurría en realidad es que sus semejantes estaban llenos de odio. Una sociedad enferma necesita culpables para justificar sus problemas, y si no los encuentra en un lado los encuentra en otro. Basta con saber mirar y, sobre todo, captar las necesidades del momento.

Se ha dicho que “la historia es la ciencia de la desgracia de los hombres”. Lo único seguro es que una y otra vez repetimos los mismos errores. Todos, hombres o mujeres es indiferente, somos inocentes y dignos. Y aunque no lo seamos, tenemos derecho a un juicio justo e imparcial. En caso contrario, la sociedad nos estará tratando con la misma crueldad con que lo hizo con los pobres judíos. Sin embargo, parece prudente advertir que, a la manera darwiniana, cada período histórico determinará lo que  convenga más allá de consideraciones sobre el bien y el mal. Es una triste conclusión.

Puigdemont no goza de inmunidad El Mundo Madrid

El problema de Cataluña ha dejado de afectar al Derecho, sería absurdo planteárselo en esa forma. Cuando los delincuentes vulneran el ordenamiento jurídico, se aplica la sanción que corresponde y punto. Pero cuando abordan un escenario bélico, el Estado debe ser consciente y actuar en consecuencia. Los independentistas ya no están interesados en vencer legalmente, aspiran a la destrucción del contrario por cualquier medio, incluido el del engaño.

Los representantes de Junts per Catalunya alegan ahora que Puigdemont está protegido por la prerrogativa de la inmunidad, y por tanto no puede ser detenido. Manipuladoramente, sostienen también que el Parlement es inviolable, nadie, ni siquiera la autoridad judicial, podría acordar ninguna medida de privación de libertad de un parlamentario en su interior.  Ambas afirmaciones son falsas,  basta con precisar lo siguiente:

Primero.-Sólo los miembros de las Cortes Generales, Diputados y Senadores, gozan de inmunidad en sentido estricto: es decir, según el artículo 71. 2 de la Constitución española, de la imposibilidad de ser procesados  o inculpados sin la previa autorización de la Cámara correspondiente. Tampoco pueden ser detenidos salvo caso de flagrante delito.

Segundo.-Los miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cambio, no gozan de esa prerrogativa. Y tan ello es así que, cuando la Ley 2/1981, de 12 de febrero, del Parlamento Vasco, pretendió atribuírsela a sus parlamentarios, la STC 36/1981 declaró tajantemente que dicha norma era inconstitucional.

Tercero.- Está claro por tanto que no goza de inmunidad. ¿Cuál es, entonces, la razón del problema? Muy simple: los diputados de dichas Asambleas Legislativas son titulares de una denominada “semiinmunidad”, circunscrita a la imposibilidad de detención salvo en caso de flagrancia. De hecho, así lo declara  el Estatuto de Autonomía para Cataluña en su Artículo 57.

Cuarto.-Se dirá, entonces, que tienen razón: no puede ser detenido. Pero eso constituiría un puro disparate. Las normas jurídicas no pueden interpretarse literalmente, es necesario hacerlo de acuerdo con el contexto y antecedentes. Lo que los textos jurídicos han protegido desde la revolución inglesa del siglo XVII, y la Constitución francesa de 1791, es la libertad del parlamentario frente al arresto gubernativo o policial, que es algo completamente distinto de lo que ahora se trata. Una cosa es la policía y otra muy distinta un Juez, que constituye la última garantía.

Quinto.- Pero, además y es algo elemental, Puigdemont incide hoy día, y mientras no sea puesto a disposición del Juez, en flagrante delito.  Su actitud es susceptible de calificarse jurídicamente como rebelde y sediciosa, sin que tal actividad haya sido consumada. Bien al contrario, sigue manifestándose y con enorme riesgo para la seguridad jurídica. En cualquier momento, entonces,  puede y debe ser detenido.

Sexto.- En definitiva, Puigdemont no goza de inmunidad. No hay nadie que esté por encima del Juez, y menos los rebeldes y sediciosos que en este mismo momento están cometiendo el delito.

         Por último, es necesario recordar que la inviolabilidad de una Asamblea Legislativa sólo se mantiene en tanto actúe conforme a derecho. Caso contrario, se coloca fuera del sistema y  la obligación de un Juez es  acordar lo necesario para su vuelta a la legalidad. Si hay que entrar en su interior, por supuesto se puede entrar. Entender otra cosa, sería un disparate conceptual. Un Estado serio no puede dejarse vencer por las dudas cuando está en juego su propia supervivencia