Decía Jean Paul Sartre que
todas las historias son falsas, pues sirven para dar explicación con un
principio y un final a hechos que, al producirse, son susceptibles de ser
interpretados en múltiples formas. En cambio, uno elige la que más puede
convenir a sus intereses. Hacerse dueño del relato, como en cursi forma se dice
hoy día, se ha convertido en un elemento de primera magnitud en la lucha
política. Los movimientos subversivos son tan conscientes que pretenden apoderarse
no sólo de la historia sino del mismo lenguaje. A los verdugos se les hace pasar por víctimas y a las víctimas por verdugos, con lo que ninguna
comunicación es posible desde que las palabras pierden su exacto significado. El
problema reside en que las historias falsas se montan siempre contra alguien. En
España esto lo estamos viviendo, en forma bien intensa, con respecto a la
explicación que los independentistas catalanes dan sobre los hechos del pasado
1 de octubre.
El relato que han construido
es bien simple: las fuerzas policiales del estado español habrían actuado con
una violencia desproporcionada que originó centenares de heridos, y que dicen
que no pueden perdonar ni olvidar. Para mayor gravedad, habría sido ejercida
contra pacíficos ciudadanos que simplemente querían ejercer su legítimo derecho
a votar. La sesgada cobertura que dieron medios televisivos de Cataluña,
esencialmente de TV3, contribuyó a difundir tal interpretación con lo que nos
colocan desde el principio en una posición defensiva a la hora de razonar. Habría
que contestar tajantemente que se trata de afirmaciones falsas de toda
falsedad, el Estado lo que hizo es reaccionar contra un intento preconcebido de
rebelión, conspiración para la rebelión o sedición, la exacta calificación
jurídica la harán los tribunales de justicia, que pretendía pronunciarse sobre
la unidad del estado español, por medio de un referéndum, lo que estaba
radicalmente prohibido. Todos eran conscientes de ello, no sólo por el hecho
elemental de que la Generalitat catalana carecía de competencias para cualquier
convocatoria en ese sentido sino porque los tribunales de justicia, en
particular y por su relevancia el Tribunal constitucional, así lo habían
advertido una y otra vez.
El relato independentista ha
triunfado en tal forma que torpemente las fuerzas constitucionalistas, cuando
son interrogadas sobre el tema, eluden tratarlo. En ocasiones se refugian en la
idea de que hubo un fracaso de gestión, nos limitamos a citar el ejemplo de
Inés Arrimadas en entrevista en TV3. Puede haberse dado o no un fracaso en ese
aspecto, pero lo que es indudable es que la policía española actuó en la misma
forma en que lo hubiera hecho cualquier otra. De manera mucho más proporcionada
incluso que las desarrolladas en represión de los distintos altercados
ocasionados por las cumbres del G8. No es posible olvidar que el 1 de octubre
se produjo un asalto al orden constitucional, y al efecto nos limitaremos a
señalar lo siguiente:
Primero.- De manera bien
expresa, el artículo 2 de la CE
señala que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española,
patria común e indivisible de todos los españoles…”. Organizar, entonces, un referéndum de autodeterminación en cualquier
parte del Estado vulnera radicalmente nuestro ordenamiento jurídico. Así lo
había aclarado, con ocasión del procés, en distintas ocasiones nuestro Tribunal
Constitucional.
Segundo.- El Estado tiene, como nota característica de su
soberanía, el monopolio del uso de la
fuerza. Y si un individuo, organización política, o incluso elementos
integrados en su propia estructura territorial, pretendiesen la fragmentación
de dicha unidad, fuera de los cauces establecidos por el ordenamiento jurídico,
nos encontraríamos ante una grave vulneración constitucional que sería
elemental reprimir, estaría en juego la existencia del propio Estado.
Tercero.- El que desobedece a la autoridad cuando actúa en
el ejercicio de sus funciones incurre en una infracción tipificada penalmente, que
el aparato estatal debe reprimir. Ciertamente, la reacción debe ser proporcionada;
y no se puede tratar en la misma forma a Mahatma Gandhi cuando ayunaba en
protesta por la discriminación sufrida por su pueblo que a una muchedumbre
organizada que pretende enfrentarse con las instituciones establecidas.
Cuarto.- Cuando la desobediencia no es meramente pasiva, y
se impide la actuación policial, nos encontramos ante una resistencia activa
que merece la calificación de violencia: tractores en los centros de voto,
vallas, multitudes en las puertas… Eso
fue lo que ocurrió en Cataluña, y es falso afirmar que las personas convocadas
iban a expresar su voto. Muchas de ellas fueron utilizadas para resistirse a la
policía, y emplear violencia contra la que legítimamente podían utilizar los
agentes. La guardia civil y la policía nacional se encontraron ante un
movimiento organizado de rebelión; y ninguna democracia avanzada puede
tolerarla, pues su resultado supondría siempre el triunfo de una dictadura carente
de legitimidad.
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