¿Délito político? El Mundo

Anna Gabriel está siendo investigada no por sus ideas sino por su conducta. De lo que se trata es de determinar si participó en un movimiento tendente a modificar fuera de las vías legítimas un orden constitucional de carácter democrático. Si lo hizo, su delito tendría el mismo carácter político que el del teniente coronel Tejero. Y a nadie, en la Europa civilizada, se le ocurriría calificar en forma benevolente su actividad. Con respecto a su incomparecencia, y refugio en Ginebra, leo en noticias de agencia que “Suiza advierte que no autorizará una extradición por delitos políticos”. Si fuera verdad, el portavoz que lo ha dicho no tiene la menor idea de lo que se considera, hoy día,  un delito de esa naturaleza.

Una ignorancia así es de enorme gravedad cuando la precisión del concepto se ha venido realizando ya desde el siglo XIX. Surge con las revoluciones burguesas, cuando el Antiguo Régimen intenta eliminar a los rebeldes que se oponían a las arbitrariedades del absolutismo. En un principio, el descrédito de la “reacción” inspiró un tratamiento comprensivo hacia los “delincuentes” de ese género. Así, todos los delitos que atentasen a la estructura constitucional de un estado serían políticos; y a sus autores se les protegía de la extradición en tanto se partía de la idea de que era la forma del estado lo que originaba su conducta, en otro régimen, se sobreentendía más humano y liberal, no se habría colocado fuera del sistema.

Personalidades como la de Garibaldi no podían ser analizadas más que desde la simpatía, con independencia de que fuese capaz de tomar las armas contra los austriacos. Y no digamos los “liberadores” sudamericanos en lucha contra la España de las hogueras, como nos calificaba Jules Michelet. Así, Simón Bolívar, San Martín o Francisco Miranda fueron caudillos revolucionarios,  utilizaron la violencia como instrumento de lucha, la reivindicaron. Merecieron, sin embargo, la calificación de delincuentes políticos porque en el imaginario “progresista” de la época, todos los medios eran legítimos cuando se trataba de luchar contra el opresor. Y los españoles lo éramos claramente. Tal entendimiento llegó a impregnar la ciencia penal de finales del siglo XIX.

La cuestión cambió cuando la rebeldía dejó de ser protagonizada por románticos idealistas, compañeros de clase social de los defensores del sistema, y apareció la violencia anarquista o, tras la Comuna de 1870, la que revestía carácter comunista. Angiolillo o Malatesta no podían considerarse seres honorables desde el mismo momento que se valían del terror para conseguir sus objetivos. Se realizó entonces todo un esfuerzo doctrinal para distinguir la delincuencia de pensamiento de la de acción, y sólo la primera merecería la protección de la sociedad civilizada. Así, sería preciso indicar lo siguiente:

Primero.-Sólo es posible hablar de delito político con respecto a Estados que no comparten los valores de la primacía del derecho, la separación de poderes y el respeto a los derechos individuales. Es decir, los que están fuera del marco occidental. Caso contrario, estaríamos favoreciendo a los golpistas, fascistas y totalitarios.

Segundo.-La rebelión, la conspiración para la rebelión y la sedición contra un Estado de derecho no son delitos políticos a no ser que permanezcan en el abstracto mundo de las ideas y no lleguen a materializarse. Y eso es una cuestión que corresponde determinar a los jueces competentes, bajo la premisa de que en España un juez que condenase en base a ideas estaría cometiendo un delito de prevaricación.

Tercero.-Una cosa es un delito político y otra, muy distinta, un delito con dicha motivación. Se puede robar, estafar o matar para favorecer determinado movimiento, ejemplo clásico es de la recaudación de dinero para una organización terrorista, y, sin embargo, sería absurdo considerar que se trata de un delito político tal y como lo entiende el derecho penal internacional.

Si Anna Gabriel mereciese el calificativo de delincuente en España, los tribunales lo dirán, no sería nunca una delincuente política sino una rebelde o sediciosa, que es cosa distinta.

Sospechosos ABC

De todas las  dictaduras,  las de la “virtud” han sido siempre especialmente peligrosas porque implican un chantaje moral. Los que las defienden, aseguran que su finalidad es el establecimiento de la igualdad, la bondad o la justicia en el mundo, y,  como se lo creen y tienen a la “verdad” de su parte, no dudan en utilizar todos los medios, aun los más crueles. Así, los judíos fueron perseguidos por matar a Jesucristo, los herejes, da igual que fueran papistas o luteranos, por falsificar la palabra de Dios, los comunistas por subversivos, y así hasta el infinito. Como los objetivos eran buenos, incluso santos,  los errores no podían existir o carecían de trascendencia. Actualmente, ha surgido un nuevo sospechoso no por sus actos sino por su sexo, el hombre. Hay aquí una buena dosis de ignorancia: en los años cuarenta del pasado siglo, un extraordinario científico francés, Jean Rostand, afirmó que “el hombre no era un ser biológicamente necesario”. Para liquidarlo, hubiera bastado entonces con el tiempo.

Los persecutores actuales juegan, probablemente de buena fe como en otros tiempos inquisitoriales, con la estulticia, es decir, con la necedad de sus semejantes. Es evidente que los que desean sexo a costa de la libertad no saben amar, son enfermos y delincuentes. Los violadores, los maltratadores, los que abusan sexualmente de las mujeres prescindiendo de su dignidad y decisión son odiosos y miserables. Pero, para eliminar sus delitos no se puede subvertir las reglas esenciales del derecho penal, como la presunción de inocencia, la necesidad de pruebas incriminatorias, o la defensa de la honorabilidad de todas las personas. El jacobino Saint Just, uno de los más brillantes seguidores del atormentado Robespierre, señaló que la Revolución debía eliminar no sólo a los reaccionarios y  monárquicos, también a los “sospechosos”. En su opinión, el peligro principal estaba en ellos porque era difícil obtener pruebas en su contra, con  lo que podían quedar a salvo. Con razonamientos de esta clase, Francia asistió al denominado “reino del Terror”, que llevó a la guillotina a miles de inocentes condenados por el miedo y el fanatismo. Han hecho falta muchos siglos para que la sociedad constatase que la educación es más efectiva que la represión, y que nadie es culpable por su religión, raza o condición social o de género.

La civilización ha implicado un lento proceso de superación de la animalidad, de la atávica violencia de los machos en defensa de sus tierras, mujeres, o de la expresión de su propia rabia. En sociedades desarrolladas y ricas, como las occidentales, las mujeres al incorporarse masivamente al trabajo y dejar de ser propiedad de celosos varones necesitan proteger su seguridad y las denuncias aumentan, no porque los comportamientos violentos sean ahora más frecuentes sino porque psicológicamente se perciben con más claridad. A la manera de los viejos anarquistas, podemos decir, no es nada original, que estamos asistiendo a la definitiva revolución: la de la liberación de la mujer que conquista por fin su sexualidad y autodeterminación laboral. Pero toda acción da lugar a reacción, a contrarrevolución, a veces incluso es conveniente verla con nitidez para defenderse mejor. En definitiva, vivimos un momento histórico que no puede comprenderse con fórmulas estereotipadas, ni con lo políticamente correcto ni con estupidez.

El 9 de diciembre de 1484, el papa Inocencio VIII publicó  la bula “Summis desiderantes affectibus” en la que comunicaba a los fieles de manera bien solemne lo siguiente: “Recientemente ha venido a nuestro conocimiento, no sin que hayamos pasado por un gran dolor, que en algunas partes de Alemania cierto número de personas de uno y otro sexo, olvidando su propia salud y apartándose de la fe católica, se dan a los demonios íncubos y súcubos por sus encantos”. Interpretaba la realidad de una manera delirante, pero en la misma forma que lo hacían sus conciudadanos. Con la fuerza que proporcionaba la autoridad del papado, ofrecía una explicación a los miedos de éstos. La consecuencia fue atroz: los bosques centroeuropeos se llenaron de hogueras, y nadie podía estar seguro pues de una manera u otra todos podían ser culpables, al no poder controlar el pensamiento ni desdeñar la inteligencia y perfidia de los demonios.  Es cierto que muchos de los quemados, herejes o locos, se dedicaban a tratos inmorales, sucios y criminales. Pero, lo que ocurría en realidad es que sus semejantes estaban llenos de odio. Una sociedad enferma necesita culpables para justificar sus problemas, y si no los encuentra en un lado los encuentra en otro. Basta con saber mirar y, sobre todo, captar las necesidades del momento.

Se ha dicho que “la historia es la ciencia de la desgracia de los hombres”. Lo único seguro es que una y otra vez repetimos los mismos errores. Todos, hombres o mujeres es indiferente, somos inocentes y dignos. Y aunque no lo seamos, tenemos derecho a un juicio justo e imparcial. En caso contrario, la sociedad nos estará tratando con la misma crueldad con que lo hizo con los pobres judíos. Sin embargo, parece prudente advertir que, a la manera darwiniana, cada período histórico determinará lo que  convenga más allá de consideraciones sobre el bien y el mal. Es una triste conclusión.

Puigdemont no goza de inmunidad El Mundo Madrid

El problema de Cataluña ha dejado de afectar al Derecho, sería absurdo planteárselo en esa forma. Cuando los delincuentes vulneran el ordenamiento jurídico, se aplica la sanción que corresponde y punto. Pero cuando abordan un escenario bélico, el Estado debe ser consciente y actuar en consecuencia. Los independentistas ya no están interesados en vencer legalmente, aspiran a la destrucción del contrario por cualquier medio, incluido el del engaño.

Los representantes de Junts per Catalunya alegan ahora que Puigdemont está protegido por la prerrogativa de la inmunidad, y por tanto no puede ser detenido. Manipuladoramente, sostienen también que el Parlement es inviolable, nadie, ni siquiera la autoridad judicial, podría acordar ninguna medida de privación de libertad de un parlamentario en su interior.  Ambas afirmaciones son falsas,  basta con precisar lo siguiente:

Primero.-Sólo los miembros de las Cortes Generales, Diputados y Senadores, gozan de inmunidad en sentido estricto: es decir, según el artículo 71. 2 de la Constitución española, de la imposibilidad de ser procesados  o inculpados sin la previa autorización de la Cámara correspondiente. Tampoco pueden ser detenidos salvo caso de flagrante delito.

Segundo.-Los miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cambio, no gozan de esa prerrogativa. Y tan ello es así que, cuando la Ley 2/1981, de 12 de febrero, del Parlamento Vasco, pretendió atribuírsela a sus parlamentarios, la STC 36/1981 declaró tajantemente que dicha norma era inconstitucional.

Tercero.- Está claro por tanto que no goza de inmunidad. ¿Cuál es, entonces, la razón del problema? Muy simple: los diputados de dichas Asambleas Legislativas son titulares de una denominada “semiinmunidad”, circunscrita a la imposibilidad de detención salvo en caso de flagrancia. De hecho, así lo declara  el Estatuto de Autonomía para Cataluña en su Artículo 57.

Cuarto.-Se dirá, entonces, que tienen razón: no puede ser detenido. Pero eso constituiría un puro disparate. Las normas jurídicas no pueden interpretarse literalmente, es necesario hacerlo de acuerdo con el contexto y antecedentes. Lo que los textos jurídicos han protegido desde la revolución inglesa del siglo XVII, y la Constitución francesa de 1791, es la libertad del parlamentario frente al arresto gubernativo o policial, que es algo completamente distinto de lo que ahora se trata. Una cosa es la policía y otra muy distinta un Juez, que constituye la última garantía.

Quinto.- Pero, además y es algo elemental, Puigdemont incide hoy día, y mientras no sea puesto a disposición del Juez, en flagrante delito.  Su actitud es susceptible de calificarse jurídicamente como rebelde y sediciosa, sin que tal actividad haya sido consumada. Bien al contrario, sigue manifestándose y con enorme riesgo para la seguridad jurídica. En cualquier momento, entonces,  puede y debe ser detenido.

Sexto.- En definitiva, Puigdemont no goza de inmunidad. No hay nadie que esté por encima del Juez, y menos los rebeldes y sediciosos que en este mismo momento están cometiendo el delito.

         Por último, es necesario recordar que la inviolabilidad de una Asamblea Legislativa sólo se mantiene en tanto actúe conforme a derecho. Caso contrario, se coloca fuera del sistema y  la obligación de un Juez es  acordar lo necesario para su vuelta a la legalidad. Si hay que entrar en su interior, por supuesto se puede entrar. Entender otra cosa, sería un disparate conceptual. Un Estado serio no puede dejarse vencer por las dudas cuando está en juego su propia supervivencia

¿Existe la izquierda? ABC

Los juristas medievales decían que la “cosa juzgada” era capaz de hacer de lo blanco negro, y de lo cuadrado redondo. Si eso hace la cosa juzgada, ¿qué no será capaz de hacer la propaganda? Con un ejemplo nos basta: la reivindicación de la igualdad. El tan celebrado Thomas Piketty afirma que nunca ha existido una sociedad tan desigual como la actual, y la izquierda nos denuncia continuamente el “aumento de las injusticias generadas por un capitalismo ávido y codicioso”. La verdad es que es algo radicalmente falso. En mi ciudad de origen, Tánger, cuando nací persistía la Edad Media, ahora sigue siendo pobre pero de amplias clases medias. Y en España, basta recordar que hace sesenta años se vivía en un mundo esencialmente rural, lo mismo podría decirse de Italia y no digamos de Portugal. En el fondo, no se enteran de que, desde el final de la segunda guerra mundial, Occidente ha experimentado la consolidación de una “sociedad de izquierdas” desde un estricto punto de vista marxista. Que pueda estar en peligro es una cosa completamente distinta.

Caído el “telón de acero” y desintegrada la Unión Soviética, es posible extraer la paradójica conclusión de que la famosa dialéctica marxista ha funcionado con todo su rigor: frente a un capita­lismo primario cruel y agresivo, tesis, se habría desarrollado la antítesis revolucionaria, singularmente comunista, que constituiría la negación radical de todas sus afirmaciones. Ambas, tesis y antítesis, habrían sido superadas progresivamente, síntesis, por un sistema que respetando el mercado y la libertad habría hecho posible la redistribución de la riqueza. El mundo occidental se habría aproximado al viejo sueño del socialismo en libertad, sin necesidad de acudir a peligrosos estallidos revolucionarios. La actitud neutral y pasiva ante las rela­ciones privadas de la burguesía va a evolucionar hacia el Estado del Bienestar. En la realidad, el miedo al atractivo comunista determinó que el aparato esta­tal se viese compelido a realizar el trabajo indispensable para la eliminación de los focos de miseria y desigualdad que la lucha por la existencia, propia del primer capitalismo, habían origina­do.

 Las principales manifestaciones de este nuevo modelo de Estado se encuentran en aquellos sectores económicos que más pueden afectar en la calidad de vida de las masas: la salud, la vivienda y la seguridad social van a ser objeto de políticas destinadas a asegurar su acceso a los sectores más desfavorecidos, evitando la marginalidad. Por otra parte, la generalización de la enseñanza se convierte en instrumento de promoción de tal eficacia que, desde finales de los años ochenta del pasado siglo, los programas Erasmus, por ejemplo, han conseguido que los estudiantes universitarios puedan completar su formación en centros de enseñanza de otros países. Lo que implica un proceso de intercambio de tal ambición como nunca antes se había podido realizar, y, en sí mismo, constituye un singular medio de igualación cultural.  Cualquiera, si tiene los méritos suficientes para ello, puede escalar a lo más alto de la pirámide social, por lo menos la educación que ha estado en condiciones de adquirir le permite soñar con ello.

Uno de los datos decisivos para comprobar el  carácter democrático de una sociedad es el análisis de su capacidad de movilidad. Y actualmente es tan efectiva que un modesto futbolista puede hacerse de oro en pocos años, adquiriendo una villa en el lago Como, lo que antes sólo los plutócratas podían hacer. No se trata de una cita al azar, al parecer Lionel Messi lo consiguió el año 2014. Nunca antes en la historia de la humanidad se había llegado a un nivel tan elevado, no ya de bienestar, de lujo cabría hablar, incluso de despilfarro. Lo que no impide apreciar la existencia de síntomas preocupantes de quiebra del sistema. En cualquier caso y aunque nunca pueda hablarse del “mejor de los mundos”, ni en la forma irónica de Voltaire ni en la pomposa de Leibniz, si alguna vez se lograse no estaría muy lejos del modelo en el que hemos vivido las décadas finales del siglo XX .

Han pasado muchos años, desde 1849, cuando el gran Víctor Hugo denunció ante la Asamblea Legislativa la miseria y angustia del proletariado francés, terminando su discurso en la siguiente forma: “Digo que  hechos como esos, en un país civilizado, comprometen la conciencia de la sociedad entera; que yo me considero, yo, que les estoy hablando, cómplice y responsable de ellos, y que tales hechos no son solamente injusticias para con los hombres: ¡son crímenes contra Dios!”. Pues bien, con el esfuerzo de personas y organizaciones, desde las cristianas hasta las de carácter  estrictamente socialista o comunista, hoy día vivimos en una realidad socialdemócrata tal igual como nunca en la historia ha existido. Es cierto que siguen actuando organizaciones que se califican de izquierdas, ¿lo son realmente? Si observamos sus programas, la verdad es que carecen de la visión ideológica globalizadora que tenía ella. La izquierda ha muerto porque sus proyectos han sido ya realizados. Defender a los sectores antisistema, como ahora se hace, es otra cosa.

Las raíces del populismo ABC

        

El "ya no nos representan" propio de las movilizaciones de los últimos años expresa una rebelión frente a la vieja política es cierto; pero hay algo más: una manifestación psicológica de rechazo hacía la superioridad ajena. Es una cuestión estrictamente personal: nadie tiene derecho a decidir por mí, que es tanto como decir que nadie es mejor que yo. La diferencia, incluso la de inteligencia, es negada, perseguida también. Entrar en la vida pública, y es muy claro en España, se convierte en algo esencialmente peligroso, un porcentaje nada desdeñable de quienes lo hacen terminan en la cárcel o crucificados. Es mejor recluirse en el mundo de lo privado, muy al contrario que en los tiempos clásicos en los que la brillantez debía exhibirse, si lo haces hoy los medios de comunicación, atentos siempre a las pulsiones de la mayoría, te eliminarán. Es el triunfo del populismo: la supresión de las élites, su misma idea es considerada ya como anacrónica.

Es paradójico que se denuncie la mediocridad de nuestros parlamentarios, cuando ha sido la propia sociedad la que lo ha fomentado, defendiendo la idea de que sólo pretenden acceder a los cargos públicos los que no tienen nada, ni siquiera reputación, que perder. Las masas han triunfado, aun cuando paradójicamente se presenten como víctimas. El fenómeno de ampliación del poder iniciado con las revoluciones americana y francesa parece agotar sus etapas: la soberanía ha ido pasando de la Nación a sus élites, y de ellas a la totalidad de la población utilizando sistemas de representación.  Mientras duró, el Estado del Bienestar parecía haber culminado el "mejor de los mundos". En una sociedad sólida económicamente, izquierda y derecha, progresivamente cercanas, contendían a través de personas con las que se encontraban vinculadas en una relación de confianza, en ocasiones de carácter carismático. Jean Jaurès, en Francia, no fue un simple diputado, llegó a constituir el símbolo de una parte de la Nación.

Como diría Pitkin, los que estaban ausentes, se hacían presentes, es decir,  actuaban mediante técnicas de representación. Y ello era posible porque se admitía la ficción de la superior capacidad de los parlamentarios. Nos basta con citar a Manuel Azaña, Gregorio Marañón o Indalecio Prieto en la II República, o a Felipe González y Fraga en los tiempos modernos. Pero cuando la generalidad de la población está alfabetizada, y en condiciones de opinar, ya nadie es más que nadie ni se acepta que unos pocos puedan adoptar las decisiones que afectan al conjunto. Nos encontramos en el momento final: cuando a la manera roussoniana se llega a la conclusión de que los mandatarios del pueblo no son otra cosa que usurpadores, y  se procede también a eliminarlos.  La inmensa mayoría conoce su fuerza, y se resiste a dejarla en manos de representantes que se han convertido en seres sospechosos.

La repetida idea de que todo poder corrompe, que operaba abstractamente de manera preventiva, es aceptada como un artículo de fe. Todo el mundo se ha convencido de su realidad. Ante una situación de esta naturaleza, el papel de los viejos políticos quiere ser ejercido ahora directamente por cada uno de los ciudadanos, que utilizarán como instrumento a jueces y medios de comunicación. Los segundos asumen la función de fiscales a la manera de Fouquier-Tinville o Vichinski, es decir, a la de épocas revolucionarias en las que el acusado carecía de garantías y su enjuiciamiento estaba sometido al control de los comisarios políticos. Los jueces, por su parte, se acomodan a las exigencias de los medios. Ha desaparecido su “temor reverencial” a la norma jurídica, pues  empiezan a compartir la idea de que no puede ser respetable la obra de unos legisladores a los que la opinión pública considera mediocres y corruptos. Entre unos y otros, están destruyendo un sistema cartesiano surgido de la Ilustración y la Revolución francesa.

Berlusconi, Trump, el mismo Puigdemont, entre muchos otros, son niños malcriados, singularmente soeces e incultos. Pero conocen su terreno: el de los ciudadanos irritados y simples. Es verdad que muchos de ellos poseen un título universitario, pero eso ya no significa absolutamente nada; lo que no tienen es la capacidad para desarrollar métodos de autocrítica que superen la  coartada de que el origen de tus males está en los demás. Todos somos responsables de nuestros actos, y tenemos los abogados, los fontaneros y los políticos que nos merecemos. Y si enfermamos resultaría absurdo prescindir de los médicos porque moriríamos. Parece lógico, ¿no? Pues en Cataluña, por ejemplo, le siguen echando la culpa de sus problemas a un diablo malvado que se llama España. Eso es el populismo…Estúpido sí, pero nos destruye. Ya decía Burke que la tiranía de la mayoría no es más que una tiranía generalizada. No hay democracia real sin inteligencia, buen gusto y duda, lo que no tiene Junqueras aunque se califique como cristiano. Los bárbaros están otra vez en nuestras fronteras.

Golpe de Estado y soberanía española ABC

         En los años treinta del pasado siglo, época dominada por agitaciones revolucionarias que liquidaron el pacífico mundo de formas jurídicas ideado por decimonónicos intelectuales burgueses, Curzio Malaparte publicó un deslumbrante ensayo, Técnica del golpe de Estado, en el que describía de forma estrictamente objetiva los distintos modos de acceder al poder por la fuerza, es decir, por vías no previstas legalmente. En su ensayo se ocupó de los supuestos más conocidos: “la marcha sobre Roma”,  los golpes de Piłsudski y Primo de Rivera, en Polonia y España, y, sobre todo, el leninista por el que parecía mostrar singular predilección pues bastaba controlar los centros reales de poder sin necesidad alguna de violencia. Su relación es bien interesante, sin embargo no pudo conocer una forma mucho más eficaz, la pujolista, que cabría sintetizar en dos frases: avui paciència, demà independència” y “fer país”.

Con esas dos frases, el genio maquiavélico que es Jordi Pujol sintetizó el golpe de estado que actualmente perpetran los independentistas. Se trataba de dejar transcurrir el suficiente  tiempo para “socializar” la población, es decir, homogeneizarla en el pensamiento nacionalista: bastaba controlar la educación, la enseñanza de la historia e imponer el catalán como “lengua vehicular y propia” de la Comunidad. Si se hace creer  a generaciones de niños que forman un pueblo con un destino especial, y conformas una historia a su medida, el golpe de estado independentista se hará efectivo a medio o largo plazo. De hecho, al cabo de cuarenta años de separación intelectual, una parte muy considerable de la sociedad catalana se ha desconectado. ¿No han observado como sus dirigentes, desde Marta Rovira a Puigdemont, sin necesidad de aludir al caso realmente espectacular de  la Consejera de Educación, son incapaces de expresarse correctamente en castellano? Los que no hablan la misma lengua, viven cerebralmente en mundos distintos, y cualquier antropólogo así lo reconoce.

¿Qué hacemos? Algo elemental, poner de relieve la falsedad conceptual del independentismo: ¿Cuál es el sujeto del derecho de autodeterminación? Sin resolver este problema, ¿cómo puede abordarse algo de tanta trascendencia? Los partidarios de la Esquerra nos dirán que ese sujeto se encarna en los ciudadanos que residen en dicha comunidad, sin ninguna restricción, y así lo establecen, en esencia, en su ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la Republica. Pero es  absurdo, y conduce a que un ciudadano de Marruecos, muy respetable desde luego, por el mero transcurso de cinco años de residencia se convierta en catalán, en tanto que los españoles de otras Comunidades quedan excluidos. Con este argumento, son catalanes exclusivamente los que tengan actualmente vecindad administrativa en esa región. Si no fuera tan dramático, sería risible. Y  demuestra que no saben lo que es una Nación, incluso en el sentido romántico y clásico del término.

El célebre Ernest Renan, en su opúsculo Qué es una Nación, se contestaba diciendo que era “un sueño de porvenir compartido”. Es decir, carece de connotaciones objetivas. Como diría un conocido profesor de derecho administrativo español, “forman parte de una Nación todos los que lo quieren hacer”. Si es así, los españoles somos catalanes por el simple hecho de nuestra condición nacional, que nos viene atribuida por el ordenamiento jurídico. El Derecho es un producto de la civilización, y la adhesión a sus preceptos no sólo determina un cuadro de facultades y deberes, moldea la personalidad hasta el punto de que, al darte una nacionalidad, te hace partícipe de su historia. El nacimiento, con arreglo a los requisitos establecidos en el Código Civil,  te atribuye la cualidad de español, que integra una complejidad territorial con plurales historias, y nadie te puede privar de ella. El sentimiento de pertenencia a un país, a una "patria", es algo subjetivo, simbólico, y no hay nada que contribuya más a la creación de símbolos que el ordenamiento jurídico.

   El imperio mediterráneo, obra en gran medida de una dinastía catalano aragonesa, las expediciones por Neopatria, la Renaixença y Tirante el Blanco constituyen el patrimonio de un gaditano en la misma medida que el de un barcelonés, y no nos lo pueden robar. Ramallets, Olivella, Segarra, Gensana, Tejada, Kubala y Czibor son tan nuestros como el canto de Els Segadors o Joan Manuel Serrat, también Gaudí. ¿En nombre de qué nos pueden privar de ellos? La historia de Cataluña es mi historia, así como la del califato omeya la de un barcelonés. La Constitución española de 1978 es nuestra fuente de patriotismo constitucional y, en tanto no la modifiquemos los españoles,  Cataluña es España. No cabe negociación alguna ni referéndum pactado. El artículo 1.2 de la CE señala que “la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado”. Mientras no se modifique, y depende de todos nosotros, no será posible independencia alguna. Si nos quitaran Cataluña, nos estaría usurpando nuestra nacionalidad.

Los padres de Asunta

          El miedo a ser destruido por hordas bárbaras es tan viejo como la humanidad. No es irreal, las grandes civilizaciones han ido desapareciendo para no volver. Quedan sus “pirámides”, sí, pero, ¿cuál fue su auténtica razón de ser? El proceso de nacimiento, desarrollo y muerte nos es consustancial: afecta a los hombres, las familias, las generaciones y las culturas. El permanente cambio es una ley de la naturaleza. Nada podemos hacer individualmente para impedirlo, a veces ni siquiera somos conscientes de que se produce. Si observamos los procesos históricos, lo único que puede constatarse es que las sociedades que han llegado a la cima pierden vitalidad y son sustituidas, a veces en forma violenta, en ocasiones paulatina, por otras más rudas e incultas, pero con la fuerza que proporciona la seguridad en sí mismas. Se ha comparado el devenir de las civilizaciones con el vuelo de una bandada de pájaros. No sirve de nada la observación de un solo ejemplar. Es el conjunto el que se mueve con un sentido que no somos capaces de descifrar, e indefectiblemente se extingue.

La decadencia de la civilización occidental es objeto de preocupante reflexión al menos desde Spengler. Da la impresión de que la conciencia de derrota nos impulsa a esperar resignadamente el final, no sabemos el momento exacto en que los bárbaros llegarán pero estamos convencidos de que lo harán. Hay quienes creen que ya están aquí, en un fascinante trabajo de Alessandro Baricco, Los bárbaros. Ensayo sobre la mutación, se afirma que se han apoderado ya de nuestra civilización. No se trata de los viejos y achacosos germanos, tampoco de los integristas musulmanes del presente cuyo desprecio hacia la inmoralidad y “afeminamiento de Occidente” les impulsa a reducirnos a cenizas, y vuelven a encontrase al otro lado de la frontera. No, los bárbaros son ahora nuestras propias masas, que decididas a ocupar todos los instrumentos de poder, aún los más prestigiosos, los vulgarizan y les hacen  perder su esencia. Poco a poco se van apoderando de las instituciones clave del aparato estatal. Ya lo han hecho con la Justicia, desde el momento en que sus decisiones dejan de estar en manos de los técnicos para confiarse al más “democrático” veredicto del pueblo. 

          Los padres de Asunta, por ejemplo, ¿han tenido hasta ahora un proceso con garantías? En mi opinión, no. Sean o no culpables, han sido arrojados a la morbosa curiosidad de una opinión pública sedienta de escándalo, y que no está interesada en la verdad ni siquiera la procesal. Por desgracia, la justicia penal ha dejado de ser el espacio reservado a la conciencia moral y a la bondad y técnica de los jueces clásicos, para entregarse a la demagogia de crueles, muchas veces también enfermos, inquisidores. En estas condiciones, cualquiera de nosotros puede convertirse en culpable, basta que a las masas, o a quienes las dirijan, pueda interesarles. El verdadero proceso, además, ya no se desarrolla en estrados sino en “mentideros” irresponsables. Los “hermanos” de la Inquisición eran capaces antes de llevarte a la hoguera, ahora te torturan anímicamente, han conseguido todos sus objetivos.