Carlos Lesmes y Díez Picazo. El Mundo. Madrid

En la Convención, el 3 de diciembre de 1792, Maximilien Robespierre,  con el estilo apasionado y pomposo que le caracterizaba, pronunció su célebre discurso, “Sobre el proceso al Rey”, en el que defendiendo su ejecución señaló: “Pero si Luis puede ser absuelto, si Luis puede ser presunto inocente, ¿en qué se convierte entonces la Revolución?”. Era consciente de que, en ese caso, su actuación perdería toda legitimidad moral. En la misma forma, Quim Torra, sin la categoría del dirigente jacobino y una cerrazón mental impropia de un estadista, parece convencido de que su tesis sobre los presos requiere la culpabilidad del Tribunal Supremo. Por eso, según noticias de agencia, tiene previsto instar a la Fiscalía General del Estado a la investigación de su presidente, Carlos Lesmes, y al de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, Luis María Díez-Picazo, por las resoluciones contradictorias relativas al impuesto de actos jurídicos documentados. Todo es un disparate, pero tiene una estrategia clara. Veamos:

Primero.-Desde un estricto punto de vista jurídico penal, constituye un absurdo conceptual pensar que, por su cambio de criterio, ningún miembro del Tribunal Supremo haya incidido en delito. Eso lo sabe hasta un estudiante de primero de derecho. Los cambios doctrinales en la jurisprudencia constituyen una facultad, también una garantía de acierto para los ciudadanos, derivada de la independencia judicial. El que no sepa esto o padece una ignorancia lamentable o bien, y es lo que ocurre, quiere poner en cuestión la imparcialidad de nuestros jueces al objeto de invalidarlos ante la opinión pública europea.

Segundo.- Eso no quiere decir que una contradicción entre decisiones judiciales sucesivas no constituya un problema. Puede suponerlo de otra índole: de carácter constitucional en relación con el principio de igualdad en la aplicación de la Ley. Un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, lo ha dicho repetidamente el TC ya desde su sentencia 63/1984, de 21 de mayo. Pero, con independencia de lo que finalmente pudiera ser resuelto, para que exista una vulneración son necesarios dos requisitos: que el órgano judicial sea el mismo, no es este el caso pues nos encontramos ante una sección y su pleno, y que no se ofrezca una motivación razonable para el cambio. ¿Por qué no la leen? Convertir un problema constitucional en penal es muestra de supina ignorancia.

 

Tercero.-Para destruir un sistema se requiere, desde la propaganda, eliminar sus justificaciones ideológicas y las instituciones que las encarnan. Los independentistas lo saben, por ello necesitan deslegitimar a nuestros tribunales. Así lo vienen intentando desde antes de la demanda contra Llarena en Bélgica. La Constitución de 1978 depende en estos momentos del Poder Judicial y de la institución monárquica. Ambos están sometidos a hostigamiento permanente que lógicamente produce grietas. ¿No se da cuenta Pedro Sánchez? A veces, los ciudadanos se suicidan y es lamentable. Mucho más grave es que sean animados a ello por su propio Gobierno.

¿Tiene legitimidad moral nuestro Gobierno? ABC de Sevilla

 ¿Es legítimo nuestro actual Gobierno? Desde el punto de vista jurídico es indudable que sí, es la consecuencia de un instrumento, la moción de censura, previsto en el artículo 113 de la CE. Dicha moción se decía motivada por la corrupción puesta de manifiesto por distintas resoluciones judiciales, que revelarían la implicación del partido que sostenía al Gobierno. Nada habría que objetar, por tanto, si la justificación estaba en la necesidad de regeneración de la vida política: todos los partidos se habrían puesto de acuerdo para castigar la responsabilidad gubernamental, incluso las fuerzas antisistema. Pero si ése era el motivo, el único resultado lógico era la convocatoria inmediata de elecciones para que el cuerpo electoral tomase la decisión final. No se hizo así, y Pedro Sánchez pretende prolongar o agotar la legislatura apoyado por los independentistas, moralmente carece entonces de legitimación:

Primero.-No hace falta ser Maquiavelo para darse cuenta que  los apoyos de un Gobierno dependen de las cesiones que está dispuesto a realizar. En este caso, los independentistas pretenden consolidar sus posiciones y, sobre todo, conseguir las mayores garantías en relación con la situación procesal, penitenciaria y penal de sus dirigentes. Es tan elemental que lo primero que exigieron,  y obtuvieron sin problemas, fue el traslado de los presos a Cataluña.  Lo siguiente es crear la atmósfera necesaria para debilitar las decisiones sobre la prisión preventiva y, sobre todo, desacreditar la calificación fiscal, fuera ésta la de rebelión, sedición o cualquier otra. Si llevas a la opinión pública la idea de que los jueces inciden en injusticia, será mucho más difícil que se mantengan en sus pronunciamientos.

Segundo.- Constituye una característica elemental de un Estado de Derecho la existencia de un Poder judicial independiente e imparcial. Corresponde, en primer lugar, a los poderes públicos la preservación de dicha garantía. Sería disparatado que el propio Gobierno la pusiera en cuestión, y si fuera tan irresponsable que lo hiciera sus Jueces y Tribunales adolecerían de una falta de credibilidad que haría imposible el funcionamiento del sistema, nadie los respetaría. Además, lo que es determinante en este caso, los tribunales extranjeros, piénsese por lo que nos afecta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, acogerían con sospecha cualquier decisión proveniente de los mismos. A pesar de ello, diversos ministros han llegado a sostener que la prisión provisional es irrazonable, que la acusación por el delito de rebelión es difícil de sostener y, en algún caso, se ha llegado a coquetear con la idea de indulto. ¿Están locos los que hacen esto? Parece que no, son algunos miembros de nuestro Gobierno.

Tercero.-Es inmoral, pura y simplemente inmoral, llegar a decir todo esto si su único objetivo fuera mantenerse en el poder.  Los jueces y tribunales no pueden ser inquietados en el ejercicio de sus funciones. Si se llegara a hacer, sobre todo si es desde las propias instituciones, se estaría poniendo en peligro la convivencia ciudadana que no es posible mantener sin confianza en la Justicia.  Lo anterior no haría falta decirlo, es elemental. Para colmo, todo resulta disparatado si se tiene en cuenta que cualquier estudiante de derecho sabe que lo que pasó en Cataluña el año pasado fue una rebelión política extremadamente grave, cuya exacta calificación jurídica corresponde ahora al Tribunal Supremo. Y si de rebelión se trata, sea propiamente tal o una sedición, los procesados deben seguir en prisión preventiva al objeto de evitar una fuga íntimamente conectada con la gravedad de los hechos y los peligros de la reincidencia delictiva.

La decisión final del Tribunal podría ser incluso absolutoria con respecto a todas o algunas de las acusaciones. Esa es la grandeza de nuestro sistema, pero si el Gobierno pretendiera condicionar una sentencia no solamente actuaría con irresponsabilidad, perdería también toda legitimidad.

 Lo anterior no es obstáculo para aceptar que es necesario fortalecer el diálogo. Nadie lo duda, sobre todo si se trata de recuperar la normalidad en esa parte de España, Cataluña, que es de todos nosotros. Cierto también que serían deseables iniciativas como las que puso en marcha el Gobierno de Gran Bretaña cuando, ante el problema escocés, organizó campañas como la del Better togheter. Y, en cualquier caso, es necesario poner de manifiesto que el problema separatista nace de un enorme error conceptual: el sujeto del derecho de autodeterminación no puede derivarse del nacimiento en Cataluña, sino de la nacionalidad española. Un sevillano es tan catalán como alguien nacido en Sabadell, es el sentimiento de pertenencia a una misma cultura jurídica lo que atrae la nacionalidad.

Sexo y género. ¿Una distinción real? ABC de Sevilla

Recientemente, el famoso físico teórico Carlo Rovelli en su libro El orden del tiempo nos ha narrado una historia contenida en un texto budista del siglo I de nuestra era, el Milinda-Pañja: A preguntas del rey Milinda, el sabio Nagasena niega su propia identidad personal diciéndole: “Me llamo Nagasena, ¡oh, gran rey!; pero Nagasena no es más que un nombre, una denominación, una expresión, una simple palabra: no hay aquí sujeto alguno…Nagasena no designa sino un conjunto de relaciones y acontecimientos”. El texto le sirve para plantearnos una de las grandes dudas de la ciencia contemporánea: ¿los seres humanos tienen una realidad consistente? A lo mejor no tienen ninguna, y se mueven por impulsos eléctricos como si fueran muñecos. Aun siendo así, y aunque nuestro mundo fuera un simple sueño, algo irreal, lo cierto es que para funcionar es necesario que nos atribuyamos una identidad, caso contrario no nos reconoceríamos y el espectáculo no podría continuar.

En el sueño que vivimos, desde sus mismos inicios, una característica ha servido para relacionarnos, la del sexo. Así machos y hembras, desde que en Matrix se desarrolló el fenómeno de la evolución y los australopitecos dieron lugar a los primeros ejemplares del homo, han creído unirse para garantizar la reproducción. Los hombres tenían unas determinadas características, o así se pensaba, y las mujeres otras. Ambas se complementaban y ejercían de factores que propiciaban la mutua atracción. En un plano teórico, que servía de modelo, el hombre poseía fuerza física, valentía e inteligencia, la mujer ternura, debilidad y sentido de la protección. Así, todo encajaba hasta que, ya desde Simone de Beauvoir, corrientes cada vez más poderosas de pensamiento han puesto de relieve una distinción que creen elemental: la del sexo y el género. No serían lo mismo ni mucho menos. Mientras que el sexo supondría una categoría biológica, el género lo es cultural. Así, la diferencia sexual dependería estrictamente de los genitales en tanto que el género sería un producto de la historia, que habría atribuido los caracteres positivos y protagonistas al hombre y  habría convertido a la mujer en un ente sometido.

¿Y por qué se habría comportado así la historia? Por una razón muy sencilla, nuestras sociedades serían patriarcales, estarían construidas en beneficio del varón. En consecuencia, las mujeres habrían sido educadas para descanso del “guerrero” pues se castiga de una manera u otra a las que son capaces de salirse del guión. De acuerdo con este planteamiento, el pacto social, que los ilustrados elaboraron en el siglo XVIII para limitar el poder político, excluyó conscientemente a la mujer. Es interesante señalar cómo las feministas hacen objeto de todo tipo de reproches a Rousseau cuando, en su célebre Emilio, al buscarle esposa, Sofía, se expresa en la siguiente forma: “el dominio de la mujer es un dominio de dulzura, de habilidad y de complacencia; sus órdenes son las caricias, sus amenazas las lagrimas. Ella debe reinar en la casa como un ministro en el estado, procurando que le manden lo que ella quiere hacer”. Es más, lo que no deja de ser curioso desde un punto de vista social, también escandaloso para muchos, cuando se refiere a la niñez de Sofía llega a decir algo así como mirad cómo juega con las muñecas, ella misma es muñeca.

Lo anterior es ciertamente una construcción cultural, de manera intuitiva todo el mundo ha sabido que no por el hecho de ser varón se tenía que amar el fútbol, jugar con los soldaditos y pelearse en el patio. Tampoco todas las mujeres  tenían que preocuparse por las casitas, leer el Hola o tener la sensibilidad suficiente para parecerse a la refinada Mme de Sorquainville en el retrato de Perronneau. Aunque fuere así, lo que no parece prudente es construir el mundo desde cero. Edmund Burke lo advirtió con expresividad: "Cuando veo el espíritu de la libertad en acción, me doy cuenta que se ha puesto en marcha un principio muy poderoso, y esto es todo lo que, de momento, puedo discernir. El gas carbónico se ha desatado”. Las revoluciones se desatan, pero casi siempre rebasan los límites de la  racionalidad. Nadie puede negar, desde el momento en que la moralidad religiosa ha dejado de contar, y cualquier otra está por definir, que los hombres y las mujeres pueden configurar su personalidad psicológica sin estar predeterminados por su aparato reproductor. El problema radica en que una educación poco inteligente o ideologizada lleve a niños y niñas, en la edad de primera formación, a no ser capaces de distinguir o les suma en el desconcierto.

No se puede convertir lo blanco en negro, o el hombre en mujer de un día para otro. Es infantil pensar que la diferencia sexual implica hostilidad; el que lo crea así carece del esprit de finessse que pedía Pascal, es decir, de la sensibilidad necesaria para solucionar con medida los conflictos que nos trae la vida, sea esto Matrix u otra cosa. Si la historia la hubiesen escrito machos celosos y violentos, habría que pedir que ahora no ocurriese al revés. El fanatismo nunca ha sido privilegio del varón, y  el pensamiento único es peligroso. Es mejor dudar.

Borrell y la información privilegiada (no publicado en prensa)

En 1874, el profesor de pintura y dibujo español, Pere Borrell del Caso pintó un excepcional cuadro, Huyendo de la crítica,  que se conserva en la colección del Banco de España en Madrid, y ha sido expuesto en las galerías más prestigiosas como en la National Gallery of Art de Washington. Es la representación perfecta del engaño de los sentidos, una imagen en la que un niño parece salir de un cuadro de manera tan realista que cualquiera se lo cree. Constituye el más claro exponente de la técnica artística del trampantojo. Pues bien, hoy mismo otro Borrell, Josep, ministro, catedrático e ingeniero aeronáutico, antiguo Presidente del Parlamento Europeo, y la personalidad de lejos más brillante de nuestro actual Gobierno puede estar siendo objeto de una trampa similar. Veamos:

Primero.-Desde hace muchos siglos, los juristas sabemos que la inmensa mayoría de los actos de los hombres son equívocos, pues son interpretables de infinitas maneras. Sólo cuando se conviertan en inequívocos, sean claramente reprobables, puede la sociedad actuar. Mientras tanto, sólo cabe afirmar que Borrell ha sido sancionado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lo que nada nos asegura sobre la naturaleza, gravedad ni siquiera realidad del uso de "información privilegiada" del que se le acusa, probablemente ninguna dada la cuantía de que se trata. Pero aunque fuera cierta, la levedad de la cuestión convierte en desproporcionada la sanción efectiva, es decir su exposición pública. En la práctica, puede constituir una manera interesada de debilitar su posición política

Segundo.-Es cierto que nuestro actual Gobierno debería haber convocado  elecciones inmediatamente después de la moción de censura, mantenerse gracias a los independentistas le hace perder todo tipo de legitimidad. Y es cierto también que las relaciones de una ministra con los bajos fondos, allí donde se generan chantajes y miserias, sería suficiente para su inmediata dimisión. Pero la oposición no puede desarrollarse en base a chismes y denuncias, es demasiado bajo. Combatir al Gobierno mediante la práctica de sacar trapos sucios de unos y otros no me parece demasiado ético, tampoco elegante.

Tercero.-Decía Ortega y Gassett que una característica de nuestro país, y escribía en 1921, era incidir en el “error inveterado en la elección de personas, la preferencia reiterada  de lo ruin a lo selecto [que constituye] el síntoma más evidente de que no se quiere hacer nada, emprender nada, crear nada” porque cuando se tienen ideales “se acaba siempre por buscar los hombres más capaces de ejecutarlo”. En un momento en el que una parte del territorio español, tan nuestra y querida como Cádiz o Valladolid, dirigida por presuntos delincuentes irresponsables, pretende abandonarnos, no podemos combatirlos con prácticas inquisitoriales.  Un mínimo de estilo, por favor. Y también de la piedad que siempre reclamó Albert Camus. ¿De qué sirve hundir a Josep Borrell?

España es un patrimonio que nos han transmitido las generaciones anteriores y que, como decía Azaña, supone “un caudal de belleza, de bondad y libertad, en suma, de cultura, que es lo que nuestro país, como cada país, aporta en definitiva a la historia como testimonio de su paso por el mundo”.  Habría que pedir a unos y a otros, por supuesto más a Pedro Sánchez y sus irresponsables asesores, pero también a la oposición, que muestre algo de categoría en su manera de actuar.  Nos estamos jugando nuestra pervivencia como Estado. Buscar continuamente los pecados del contrario, removiendo sus papeles e historia, era una de las características más viles de la Santa Inquisición.

Si no mostramos un poco de grandeza, este país se terminará de hundir. Ya casi no merece la pena seguir las noticias. Y, desde luego, Borrell es uno de los pocos activos que tenemos en este gobierno. ¿O es el único?

El aforamiento no es un privilegio. ABC de Sevilla

¿Cuál es el público de nuestros políticos? La verdad es que muchas veces da la impresión de que creen que la mayoría de los españoles somos tontos de remate. No solamente repiten una y otra vez su propia propaganda, son capaces de atribuir al contrario las mayores arbitrariedades sin habilidad alguna para mentir. Es verdad que para ser político no es necesario, ni falta que hace, tener estudio alguno pero sí sentido del ridículo, responsabilidad y vergüenza. Por ejemplo, el Gobierno ha señalado, como si de una gran conquista se tratara, que piensa eliminar los aforamientos establecidos en la Constitución porque suponen un privilegio. Todo el mundo se ha quedado tan contento y el asunto ha pasado al Consejo de Estado. Pues es falso de toda falsedad, veamos por ejemplo el de los diputados y senadores de Cortes, que con el fuero ven limitada su posibilidad de recurso:

Primero.-Sus aforamientos responden a la técnica procesal del "juez predeterminado”, es decir, el que está establecido de manera previa a los hechos. El art. 24.2 de la CE lo señala expresamente: “todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado”, y con ello no es necesario nada más. Lo que quiere garantizarse es que el juez que conozca del asunto lo sea por razones objetivas de competencia, se tenga en cuenta la persona, el lugar o la materia. Con ello, se pretende eliminar  la técnica de los jueces “ad hoc”, propios del Antiguo Régimen y las Dictaduras que, según convenía, imponían un magistrado u otro. Los aforamientos, entonces, establecen el juez que se considera competente por razón de la función pública ejercida por los parlamentarios y punto, el Tribunal Supremo. No hay privilegio alguno en ello con independencia de que sea una técnica escasamente utilizada en el derecho comparado .

La razón de ser del fuero de los miembros de las Cortes Generales se encuentra así perfectamente justificada por el Tribunal Constitucional. Basta con analizar el  contenido de la STC 22/1997, de 11 de febrero, en la que se delimita su finalidad exacta: “proteger a los legítimos representantes del pueblo […] poniéndolos al abrigo de querellas insidiosas o políticas que, entre otras hipótesis, confunden, a través de la utilización inadecuada de los procesos judiciales, los planos de la responsabilidad política y la penal, cuya delimitación es uno de los mayores logros del Estado constitucional”. En consecuencia, esos supuestos son atribuidos a órganos en la cúspide del Poder Judicial porque por su preparación y experiencia, la lejanía física y psicológica también, están mejor situados para su conocimiento. ¿Hay alguien más adecuado que el Tribunal Supremo?

Segundo.- Por una perversión de valores de la que son culpables los propios políticos, también los creadores de opinión y la ciudadanía en general, nuestra sociedad convierte sistemáticamente en sospechoso al que se ocupa de los intereses públicos, fundamentalmente al político. Se parte para ellos de una presunción de culpabilidad, que nos lleva a tiempos arcaicos del ordenamiento punitivo. La responsabilidad pública se transforma en penal por razones de ejemplaridad, de venganza, o simplemente porque resulta mucho más eficaz eliminar al adversario mediante la utilización de las vías represivas. Es el orden de valores de nuestra civilización, basado en el análisis y la distinción conceptual, en definitiva en la racionalidad, el que se pone en juego. A la vista de ello, el aforamiento de los Diputados y Senadores puede facilitar el cumplimiento de las exigencias de precisión y rigor jurídico que evite la vuelta a épocas en que el Derecho y la Moral constituían la misma cosa, y no se sabía distinguir.

En las circunstancias actuales de judicialización de la política, los avatares de la vida pública pretenden dirimirse ante los tribunales lo que introduce un factor específico de singular importancia. Está en riesgo la capacidad de nuestros jueces para resistirse con eficacia a las presiones de la opinión pública y de los medios de comunicación. Si no lo consiguen, corremos el riesgo de que las causas contra los parlamentarios se conviertan en espectáculos públicos teledirigidos, con olvido de las exigencias de "tutela judicial efectiva" a las que tiene derecho todo imputado. Y es indudable que la capacidad de presión será mayor cuanto más cerca se esté del presionado. ¿Quién mejor que el Tribunal Supremo puede resistir un “juicio paralelo?

Lo que es evidente, en un momento en el que independentistas y antisistema pretenden destruir el régimen constitucional, es que si hay alguien que puede garantizar responsabilidad, prudencia y conocimiento en la labor de juzgar es el Tribunal Supremo. Y con eso me basta. Querer cargarse ahora los aforamientos de una manera sorpresiva, en plena crisis territorial, y cuando día tras día provocadores de distinto signo, mediante la práctica cobarde de las delaciones y escándalos, ponen en jaque nuestro sistema no constituye más que un fuego de artificio peligroso e irresponsable. ¿Por qué no intentan resolver de una vez el problema catalán? Es actualmente lo único importante

En defensa del Estado, elecciones. El Mundo. Madrid

La cosa juzgada era capaz de convertir lo blanco en negro y lo cuadrado en redondo, al menos así lo creían los juristas medievales. Los independentistas catalanes son más peligrosos, llaman ultimátum a lo que es la continuación de un golpe de estado institucional más sutil que aquellos que describía, en los años treinta del pasado siglo, el fascinante escritor Curzio Malaparte. Cuando Pilsudski, Primo de Rivera o Mussolini dieron los suyos nadie lo dudó. El problema es que Pedro Sánchez, ahora, no sea capaz de reaccionar a tiempo o nos quiera engañar con el lenguaje, lo que sería una auténtica irresponsabilidad por elementales razones:

 

Primero.-Un Gobierno que dice representar al pueblo español no puede mantenerse por los votos de un movimiento independentista que pretende destruir el régimen constitucional y fragmentar el Estado. Además no lo ocultan, lanzan advertencias con plazo. La moción de censura sólo podía estar justificada por razones éticas, eso dijeron. Pretender gobernar a fuerza de novedades teatrales, sin programa, y con la garantía de los antisistema no es un error, es una inmoralidad. ¿Qué diría Julián Besteiro?

 

Segundo.-Un Presidente de Gobierno, para conservar el poder, no puede renunciar a la política exterior. ¿No se da cuenta que por primera vez en siglos España puede maniobrar con respecto a Gibraltar? No es capaz de hacer nada porque nuestra posición es singularmente débil por temor a los chantajes derivados de Cataluña. ¿No se han enterado tampoco de los problemas existentes actualmente en Melilla? Sin presencia internacional, un país como el nuestro perderá posibilidades reales de jugar a favor de sus intereses. ¿Qué diría Juan Negrín?

 

Tercero.-Resulta suicida, de otra parte, que para no convocar elecciones se renuncie a la presencia de la Jefatura del Estado en Cataluña. Si se acepta, de hecho estamos legalizando la Republica. Es un problema puro y simple de inteligencia política, pero también de dignidad. ¿Cómo se puede dejar solo a Felipe VI tratándolo de apestado? ¿Les da vergüenza o tienen miedo? No puede limitarse la Monarquía al resto del Estado español, si lo hacen legalizan el golpe. ¿Qué pensaría Fernando de los Ríos?

 

No se puede gobernar por razones de ego personal, o para conservar a toda costa el poder. Ni tampoco cabe reunirse con Trudeau, por cierto sin tener la menor idea de la decisión del Tribunal Supremo canadiense sobre Québec, mientras en España unos y otros, también una poco responsable oposición, se dedican a mezquindades de todo género mediante la práctica ruin de las delaciones y calumnias. La desgraciada conclusión es que carecemos del estilo y la grandeza de ánimo que siempre nos pidió Ortega. Si Pedro Sánchez no es capaz de inspirarse en antecesores como Felipe González, Alfonso Guerra o Ernest Lluch, que bien amaba a Cataluña, lo que debería hacer es convocar inmediatamente elecciones o se cargará este país

 

¡Ya está bien! El Mundo. Madrid

Decía Tribe, en su Constitutional Choices, que "en temas de poder, el fin de la duda y la desconfianza es el comienzo de la tiranía". Es cierto, ningún poder, ni siquiera el judicial, puede quedar al margen de sospecha. Por ello, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido tajantemente que no sólo debe hacerse justicia, debe parecer también que se hace. Lo que requiere que la ciudadanía tenga la convicción psicológica de que los  órganos encarga­­dos de fallar los litigios están situados por encima de las partes, pudiendo decidir libremente. En una sociedad democrática, todos los asuntos son discutibles pero lo que no pueden los miembros de su Ejecutivo, porque irresponsablemente pondrían en peligro esa convicción, es realizar manifestaciones sobre el comportamiento a seguir por sus jueces y tribunales. Con respecto a las diligencias del procés, un ministro de nuestro Gobierno ha señalado que “no sería lógico  alargar la prisión preventiva” de los procesados. ¿No se da cuenta que eso puede constituir una presión? Veamos:

Primero.- ¿No es consciente nuestro Gobierno de que el objetivo esencial de los independentistas es negar la imparcialidad del instructor de las diligencias? La demanda presentada en Bélgica contra el Sr. Llarena, que sencillamente inicia el camino a seguir, así lo pone de manifiesto. No lo han ocultado, continuamente ponen de relieve que todo terminará en los tribunales europeos. Y es cierto, de una u otra manera, el Estado español se va a encontrar con una demanda ante el TEDH. Cuando no se tiene nada que perder, la moral no existe y los procesados van a utilizar todos los medios, que no son pocos como se ha visto en Alemania, para acusar a nuestros jueces. ¿Queremos darles más motivos?

Segundo.- ¿Tampoco se han dado cuenta que el ataque a los tribunales de justicia va unido a la puesta en cuestión de la forma del Estado español, es decir, la Monarquía parlamentaria? ¿Tampoco? Pues es evidente, todo estado implica un orden jurídico que se garantiza por los tribunales. Si éstos desaparecen, o son desprestigiados, el sistema entero se viene abajo. No habrá nadie capaz de defender el pacto social que nos dimos con la Constitución de 1978.

Tercero.- Según el artículo 56 de la Constitución española, el Rey es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado. Quien quiera destruirlo, ya sabe entonces lo que tiene que hacer: eliminar su capacidad de influencia, evitar otra intervención televisada como la de octubre.  ¿Somos tan tontos que no nos damos cuenta de su estrategia? Los independentistas pretenden cargarse a la vez nuestro sistema jurídico y el símbolo del Estado. Ambas cosas van unidas.

Es cierto que los problemas políticos no pueden solucionarse sólo con la justicia penal. También que nuestro amor por Cataluña exige buscar el restablecimiento de la confianza mutua y la exploración de caminos en ese sentido, así la labor de Partido Socialista Catalán puede ser imprescindible con personalidades tan valiosas como las de Iceta o Borrell. Pero no es tolerable el nivel de tensión a que están sometidos en esta materia los órganos judiciales competentes. ¡Ya está bien!