¿Cuál es el público de
nuestros políticos? La verdad es que muchas veces da la impresión de que creen
que la mayoría de los españoles somos tontos de remate. No solamente repiten
una y otra vez su propia propaganda, son capaces de atribuir al contrario las
mayores arbitrariedades sin habilidad alguna para mentir. Es verdad que para
ser político no es necesario, ni falta que hace, tener estudio alguno pero sí
sentido del ridículo, responsabilidad y vergüenza. Por ejemplo, el Gobierno ha
señalado, como si de una gran conquista se tratara, que piensa eliminar los aforamientos
establecidos en la Constitución porque suponen un privilegio. Todo el mundo se
ha quedado tan contento y el asunto ha pasado al Consejo de Estado. Pues es
falso de toda falsedad, veamos por ejemplo el de los diputados y senadores de
Cortes, que con el fuero ven limitada su posibilidad de recurso:
Primero.-Sus
aforamientos responden a la técnica procesal del "juez predeterminado”, es
decir, el que está establecido de manera previa a los hechos. El art. 24.2 de
la CE lo señala expresamente: “todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado”, y con ello no es necesario nada más. Lo que quiere garantizarse es
que el juez que conozca del asunto lo sea por razones objetivas de competencia,
se tenga en cuenta la persona, el lugar o la materia. Con ello, se pretende
eliminar la técnica de los jueces “ad
hoc”, propios del Antiguo Régimen y las Dictaduras que, según convenía,
imponían un magistrado u otro. Los aforamientos, entonces, establecen el juez
que se considera competente por razón de la función pública ejercida por los
parlamentarios y punto, el Tribunal Supremo. No hay privilegio alguno en ello
con independencia de que sea una técnica escasamente utilizada en el derecho
comparado .
La razón de ser del fuero de los miembros de las Cortes Generales
se encuentra así perfectamente justificada por el Tribunal Constitucional.
Basta con analizar el contenido de la
STC 22/1997, de 11 de febrero, en la que se delimita su finalidad exacta: “proteger
a los legítimos representantes del pueblo […] poniéndolos al abrigo de
querellas insidiosas o políticas que, entre otras hipótesis, confunden, a
través de la utilización inadecuada de los procesos judiciales, los planos de
la responsabilidad política y la penal, cuya delimitación es uno de los mayores
logros del Estado constitucional”. En consecuencia, esos supuestos son atribuidos a órganos
en la cúspide del Poder Judicial porque por su preparación y experiencia, la
lejanía física y psicológica también, están mejor situados para su
conocimiento. ¿Hay alguien más adecuado que el Tribunal Supremo?
Segundo.- Por una perversión de valores de la que son culpables los propios
políticos, también los creadores de opinión y la ciudadanía en general, nuestra
sociedad convierte sistemáticamente en sospechoso al que se ocupa de los
intereses públicos, fundamentalmente al político. Se parte para ellos de una
presunción de culpabilidad, que nos lleva a tiempos arcaicos del ordenamiento
punitivo. La responsabilidad pública se transforma en penal por razones de
ejemplaridad, de venganza, o simplemente porque resulta mucho más eficaz
eliminar al adversario mediante la utilización de las vías represivas. Es el
orden de valores de nuestra civilización, basado en el análisis y la distinción
conceptual, en definitiva en la racionalidad, el que se pone en juego. A la
vista de ello, el aforamiento de los Diputados y Senadores puede facilitar el
cumplimiento de las exigencias de precisión y rigor jurídico que evite la
vuelta a épocas en que el Derecho y la Moral constituían la misma cosa, y no se
sabía distinguir.
En las circunstancias actuales
de judicialización de la política, los avatares de la vida pública pretenden dirimirse
ante los tribunales lo que introduce un factor específico de singular
importancia. Está en riesgo la capacidad de nuestros jueces para resistirse con
eficacia a las presiones de la opinión pública y de los medios de comunicación.
Si no lo consiguen, corremos el riesgo de que las causas contra los
parlamentarios se conviertan en espectáculos públicos teledirigidos, con olvido
de las exigencias de "tutela judicial efectiva" a las que tiene
derecho todo imputado. Y es indudable que la capacidad de presión será mayor
cuanto más cerca se esté del presionado. ¿Quién mejor que el Tribunal Supremo
puede resistir un “juicio paralelo?
Lo que es evidente, en un
momento en el que independentistas y antisistema pretenden destruir el régimen
constitucional, es que si hay alguien que puede garantizar responsabilidad,
prudencia y conocimiento en la labor de juzgar es el Tribunal Supremo. Y con
eso me basta. Querer cargarse ahora los aforamientos de una manera sorpresiva,
en plena crisis territorial, y cuando día tras día provocadores de distinto
signo, mediante la práctica cobarde de las delaciones y escándalos, ponen en jaque
nuestro sistema no constituye más que un fuego de artificio peligroso e
irresponsable. ¿Por qué no intentan resolver de una vez el problema catalán? Es
actualmente lo único importante
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