¿Es legítimo nuestro actual
Gobierno? Desde el punto de vista jurídico es indudable que sí, es la
consecuencia de un instrumento, la moción de censura, previsto en el artículo
113 de la CE. Dicha moción se decía motivada por la corrupción puesta de manifiesto
por distintas resoluciones judiciales, que revelarían la implicación del
partido que sostenía al Gobierno. Nada habría que objetar, por tanto, si la
justificación estaba en la necesidad de regeneración de la vida política: todos
los partidos se habrían puesto de acuerdo para castigar la responsabilidad
gubernamental, incluso las fuerzas antisistema. Pero si ése era el motivo, el
único resultado lógico era la convocatoria inmediata de elecciones para que el
cuerpo electoral tomase la decisión final. No se hizo así, y Pedro Sánchez
pretende prolongar o agotar la legislatura apoyado por los independentistas,
moralmente carece entonces de legitimación:
Primero.-No hace falta ser Maquiavelo
para darse cuenta que los apoyos de un Gobierno dependen de las cesiones
que está dispuesto a realizar. En este caso, los independentistas pretenden
consolidar sus posiciones y, sobre todo, conseguir las mayores garantías en
relación con la situación procesal, penitenciaria y penal de sus dirigentes. Es
tan elemental que lo primero que exigieron, y obtuvieron sin problemas,
fue el traslado de los presos a Cataluña. Lo siguiente es crear la
atmósfera necesaria para debilitar las decisiones sobre la prisión preventiva
y, sobre todo, desacreditar la calificación fiscal, fuera ésta la de rebelión,
sedición o cualquier otra. Si llevas a la opinión pública la idea de que los
jueces inciden en injusticia, será mucho más difícil que se mantengan en sus
pronunciamientos.
Segundo.- Constituye una característica elemental de un Estado de Derecho la
existencia de un Poder judicial independiente e imparcial. Corresponde, en
primer lugar, a los poderes públicos la preservación de dicha garantía. Sería
disparatado que el propio Gobierno la pusiera en cuestión, y si fuera tan irresponsable
que lo hiciera sus Jueces y Tribunales adolecerían de una falta de credibilidad
que haría imposible el funcionamiento del sistema, nadie los respetaría.
Además, lo que es determinante en este caso, los tribunales extranjeros,
piénsese por lo que nos afecta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
acogerían con sospecha cualquier decisión proveniente de los mismos. A pesar de
ello, diversos ministros han llegado a sostener que la prisión provisional es
irrazonable, que la acusación por el delito de rebelión es difícil de sostener
y, en algún caso, se ha llegado a coquetear con la idea de indulto. ¿Están
locos los que hacen esto? Parece que no, son algunos miembros de nuestro
Gobierno.
Tercero.-Es
inmoral, pura y simplemente inmoral, llegar a decir todo esto si su único
objetivo fuera mantenerse en el poder. Los jueces y tribunales no pueden
ser inquietados en el ejercicio de sus funciones. Si se llegara a hacer, sobre
todo si es desde las propias instituciones, se estaría poniendo en peligro la
convivencia ciudadana que no es posible mantener sin confianza en la Justicia.
Lo anterior no haría falta decirlo, es elemental. Para colmo, todo resulta
disparatado si se tiene en cuenta que cualquier estudiante de derecho sabe que
lo que pasó en Cataluña el año pasado fue una rebelión política extremadamente
grave, cuya exacta calificación jurídica corresponde ahora al Tribunal Supremo.
Y si de rebelión se trata, sea propiamente tal o una sedición, los procesados
deben seguir en prisión preventiva al objeto de evitar una fuga íntimamente
conectada con la gravedad de los hechos y los peligros de la reincidencia
delictiva.
La decisión final
del Tribunal podría ser incluso absolutoria con respecto a todas o algunas de
las acusaciones. Esa es la grandeza de nuestro sistema, pero si el Gobierno
pretendiera condicionar una sentencia no solamente actuaría con
irresponsabilidad, perdería también toda legitimidad.
Lo anterior no es obstáculo para aceptar
que es necesario fortalecer el diálogo. Nadie lo duda, sobre todo si se trata
de recuperar la normalidad en esa parte de España, Cataluña, que es de todos
nosotros. Cierto también que serían deseables iniciativas como las que puso en
marcha el Gobierno de Gran Bretaña cuando, ante el problema escocés, organizó
campañas como la del Better togheter. Y, en cualquier caso, es necesario poner
de manifiesto que el problema separatista nace de un enorme error conceptual:
el sujeto del derecho de autodeterminación no puede derivarse del
nacimiento en Cataluña, sino de la nacionalidad española. Un sevillano es tan
catalán como alguien nacido en Sabadell, es el sentimiento de pertenencia a una
misma cultura jurídica lo que atrae la nacionalidad.
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