¡Ya está bien! El Mundo. Madrid

Decía Tribe, en su Constitutional Choices, que "en temas de poder, el fin de la duda y la desconfianza es el comienzo de la tiranía". Es cierto, ningún poder, ni siquiera el judicial, puede quedar al margen de sospecha. Por ello, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido tajantemente que no sólo debe hacerse justicia, debe parecer también que se hace. Lo que requiere que la ciudadanía tenga la convicción psicológica de que los  órganos encarga­­dos de fallar los litigios están situados por encima de las partes, pudiendo decidir libremente. En una sociedad democrática, todos los asuntos son discutibles pero lo que no pueden los miembros de su Ejecutivo, porque irresponsablemente pondrían en peligro esa convicción, es realizar manifestaciones sobre el comportamiento a seguir por sus jueces y tribunales. Con respecto a las diligencias del procés, un ministro de nuestro Gobierno ha señalado que “no sería lógico  alargar la prisión preventiva” de los procesados. ¿No se da cuenta que eso puede constituir una presión? Veamos:

Primero.- ¿No es consciente nuestro Gobierno de que el objetivo esencial de los independentistas es negar la imparcialidad del instructor de las diligencias? La demanda presentada en Bélgica contra el Sr. Llarena, que sencillamente inicia el camino a seguir, así lo pone de manifiesto. No lo han ocultado, continuamente ponen de relieve que todo terminará en los tribunales europeos. Y es cierto, de una u otra manera, el Estado español se va a encontrar con una demanda ante el TEDH. Cuando no se tiene nada que perder, la moral no existe y los procesados van a utilizar todos los medios, que no son pocos como se ha visto en Alemania, para acusar a nuestros jueces. ¿Queremos darles más motivos?

Segundo.- ¿Tampoco se han dado cuenta que el ataque a los tribunales de justicia va unido a la puesta en cuestión de la forma del Estado español, es decir, la Monarquía parlamentaria? ¿Tampoco? Pues es evidente, todo estado implica un orden jurídico que se garantiza por los tribunales. Si éstos desaparecen, o son desprestigiados, el sistema entero se viene abajo. No habrá nadie capaz de defender el pacto social que nos dimos con la Constitución de 1978.

Tercero.- Según el artículo 56 de la Constitución española, el Rey es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado. Quien quiera destruirlo, ya sabe entonces lo que tiene que hacer: eliminar su capacidad de influencia, evitar otra intervención televisada como la de octubre.  ¿Somos tan tontos que no nos damos cuenta de su estrategia? Los independentistas pretenden cargarse a la vez nuestro sistema jurídico y el símbolo del Estado. Ambas cosas van unidas.

Es cierto que los problemas políticos no pueden solucionarse sólo con la justicia penal. También que nuestro amor por Cataluña exige buscar el restablecimiento de la confianza mutua y la exploración de caminos en ese sentido, así la labor de Partido Socialista Catalán puede ser imprescindible con personalidades tan valiosas como las de Iceta o Borrell. Pero no es tolerable el nivel de tensión a que están sometidos en esta materia los órganos judiciales competentes. ¡Ya está bien!