Al parecer, muy recientemente Meritxell Batet en
entrevista concedida a un periódico de tirada
nacional ha señalado que “sería más fácil hacer política en Cataluña sin
presos”. En lo que viene a coincidir con su compañero Josep Borrell, que se ha
manifestado en el mismo sentido ante la prensa extranjera. Nada hay que decir
desde un punto de vista intelectual, incluso personal, pues cuando los
políticos entran en la cárcel la racionalidad suele sustituirse por los
sentimientos. Sin embargo, se corre el riesgo de pensar que los razonamientos
de ambos ministros pueden ser valorados al mismo nivel que los del tribunal que
los mantiene en prisión. Lo que sería un disparate, pues las decisiones
judiciales encuentran su fundamento en el ordenamiento jurídico y es
exclusivamente en este aspecto en el que pueden ser discutidas. Veamos:
Primero.-A tenor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la
medida de prisión provisional ha de basarse esencialmente en la gravedad de los
hechos investigados en íntima relación con la posibilidad de fuga y, sobre todo
en este caso, el riesgo de reincidencia en la actividad delictiva. ¿Se puede
poner en cuestión, entonces, la existencia de los requisitos necesarios para el
mantenimiento de dicha medida procesal?
Segundo.-Nadie, absolutamente nadie de los investigados,
puede negar que tuvo lugar una declaración de independencia, que se vulneró el
ordenamiento constitucional español y que, de una manera u otra, se invitó a la
población residente en Cataluña a resistir activamente a las fuerzas de orden
público. Desde el punto de vista de los intereses públicos no puede haber nada
de mayor gravedad, y se trata de una actividad que persiste en el tiempo. El
propio Torra reconoce aceptar las instrucciones del fugado Puigdemont. ¿Cómo,
entonces, ponerlos en libertad? ¿Para que prosigan su presunta rebelión?
Tercero.-Todos los actos que son objeto de enjuiciamiento
fueron realizados por los procesados, de manera presunta al menos, con clara conciencia de sus consecuencias. No es posible olvidar
los distintos requerimientos expresos que realizó al efecto el Tribunal
Constitucional. Los acusados sabían lo que hacían, y seria absurdo y tonto
pensar que actuaron en forma teatral.
Pero como respetamos a Borrell habrá que añadir, si de
sensibilidades personales se trata, que los procesados nos han infligido a los
españoles, que somos tan catalanes como ellos, un enorme daño: han querido
usurpar nuestra soberanía, pues sólo nosotros en su conjunto podemos decidir
sobre cualquier parte del territorio. Han infringido las leyes que garantizan
la convivencia, y nos impiden con sus presiones desarrollar una política
estable, incluso desde una perspectiva exterior. Lo hacen de una manera irresponsable sin conocer
siquiera la legislación internacional, pues no han sido capaces de determinar
quién fuese el titular de ese pretendido derecho de autodeterminación, al no
haber entendido la decisión sobre el tema del Tribunal Supremo de Canadá. Para
colmo, sus admiradores, después de defender sus delitos, nos insultan de manera
supremacista y torpe. ¿Hace falta algo más?
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