Se ha dicho siempre que Santiago Casares Quiroga,
Presidente de Gobierno de la Segunda República española tras las elecciones de
febrero de 1936, ante las noticias sobre el alzamiento militar de los días 17 y
18 de julio, se negó a reconocer su relevancia imposibilitando la eficaz
reacción del aparato estatal. Lo que pudo haber sido un simple “golpe” se
convirtió en una guerra, cuyas consecuencias hemos estado pagando hasta estos
días. Pues bien, Pedro Sánchez, según noticias de prensa, acaba de anunciar que
el conflicto catalán no puede ser solucionado más que con una votación, con el
matiz de que «un referéndum por al
autogobierno, no [es] por la autodeterminación». Y si es verdad que los
problemas ciudadanos sólo pueden resolverse a la larga políticamente, sería
necesario recordar los siguientes datos bien elementales:
Primero.-Desde un punto de vista estrictamente jurídico
penal, de tener razón el instructor Llarena, que creo que la tiene de sobra, el
Govern sería protagonista de actos de continuidad delictiva que el propio Torra
reconoce al remitirse, una y otra vez, a las decisiones de Puigdemont. A la
brillantez inteligente de Borell, personaje que desde luego admiramos, no puede
haberle pasado desapercibido este dato, tampoco a la bonhomía de Iceta. Si el
President y sus consejeros asumieran actos que los tribunales califican de
carácter criminal no podrían continuar en sus funciones, es algo que sabe
cualquier estudiante de derecho. El Estado español no puede suicidarse.
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