En defensa de los jueces. ABC de Sevilla

Cuando, en 1828,  François Guizot se preocupó en determinar las características esenciales de la civilización occidental, en su  Histoire générale de la civilisation en Europe, señaló como una de las más importantes la primacía del Derecho. Es indudable que es así desde Roma, pues ya Cicerón sostuvo que “para ser libres debemos ser siervos de la Ley”. De hecho, los contractualistas, con Locke y Hobbes a la cabeza, insistieron en que la superación del salvajismo propio del “estado de naturaleza” sólo era posible mediante un “pacto social”, es decir, mediante el Derecho. Para dejar atrás la arbitrariedad que generaba el gobierno del más fuerte, era necesario sustituirlo por el de la Ley en cuanto conjunto de reglas fijas previamente establecidas, que proporcionan certeza y seguridad. Es algo elemental, que en los tiempos actuales deberían saberlo hasta los escolares más pequeños.

Por otra parte, la aplicación del ordenamiento jurídico, en cuanto sistema complejo sujeto a interpretación, se viene atribuyendo desde los inicios de nuestra cultura a órganos especializados, es decir, a los tribunales de justicia. Hay una razón elemental: el Derecho constituye una técnica, realmente una ciencia, que sólo es posible dominar tras muchos años de estudio y preparación. Por eso, al menos en el sistema continental, el acceso a la función judicial deriva de las llamadas oposiciones, o excepcionalmente del “reconocido prestigio”, que sirve para acreditar el conocimiento adecuado para el ejercicio de tan importante labor. Si de una forma directa las masas se encargaran de ello las sentencias podrían quedar a merced de la venganza privada, la demagogia o la pura y simple crueldad, sobre todo cuando se trata de la justicia penal.

Por eso, en Roma, como nos explica el profesor Llano Alonso, la función judicial se concebía como una actividad reservada a las minorías capaces de sistematizar y comprender los distintos matices de las reglas jurídicas.  Pero, además, si los tribunales son siervos solamente de la Ley, tal y como señalaba Cicerón, serán ellos los únicos capaces de garantizar una de la notas esenciales de la función de juzgar: la imparcialidad. Es esto lo que posibilita la existencia de “jueces en Berlín”. Sin ellos, sin personas dotadas de la fuerza necesaria para sustraerse a las indicaciones arbitrarias de los déspotas de turno, ya sean personales o colectivos, se volvería a la ley de la selva. Si es cierto todo lo anterior, ¿cómo es posible que nuestro país haya permitido reacciones tan ofensivas para los tribunales como las que han tenido lugar con ocasión de la conocida sentencia de la Audiencia de Navarra? Más escandaloso aún, ¿cómo es que un gobierno conservador, amante por tanto teóricamente del orden y la ley, ha sido incapaz de pronunciarse ante los graves ataques de que vienen siendo objeto sus miembros?

En el momento de redactar este artículo, me entero de que un miembro de nuestro Gobierno ha aludido, al parecer,  incluso a las circunstancias personales de uno de los redactores de la sentencia. ¿No se da cuenta que desprestigia la credibilidad del propio órgano judicial?  Además, si a los miembros de un determinado tribunal se les permite actuar como tales, es que están en condiciones para dictar cualquier resolución. Caso contrario, deberían haber sido previamente incapacitados.  Y, si no lo fueron, se encuentran en el ejercicio regular de sus funciones. Por otra parte, si en alguna ocasión fueron advertidos por retrasos o menores incidencias, nada de ello les deslegitima. En conclusión, un Gobierno que hace estas cosas, si es que lo ha hecho, debe inmediatamente pedir perdón por el daño que ha infligido no sólo al propio tribunal, a la sociedad en su conjunto. Todo esto constituye una vergüenza.

En cualquier caso, el problema central de todo lo que ha ocurrido es que gran parte de la opinión pública, de los políticos y de los periodistas de este país no sabe leer. Porque, antes de criticar una sentencia, hay que leerla, sobre todo cuando, en este caso y desde un punto de vista técnico, es singularmente minuciosa y de calidad. Lo que señalamos con relevancia en el caso del “voto particular”, que es sin duda notable. El magistrado que lo ha dictado no podía imaginarse, al preparar su oposición, que la emisión con arreglo a su conciencia de una resolución judicial iba a implicar una agresión más propia de una persecución inquisitorial que de otra cosa.  ¿Quién le resarce del daño moral que se le ha infligido? Es hora de terminar con los “juicios paralelos” protagonizados por irresponsables “redes sociales” al servicio de la demagogia y la ruindad.

Hay algo elemental que parece inconcebible que la sociedad no haya llegado a captar: se puede ser una mala bestia sin llegar a incidir en tipo delictivo. Ha sido necesario el transcurso de siglos para establecer claramente tal deducción, ¿queremos volver a empezar? Y todo ello es independiente, como es natural, de que los ataques a las mujeres constituyan una repugnante cobardía que hay que perseguir en la forma que establezca la ley, pero ése es otro problema.