Ley de Amnistía

La defensa del Juez Garzón parece centrarse en una idea fundamental: la invalidez jurídica de las leyes de amnistía a la hora de exigir responsabilidades en los denominados “crímenes contra la humanidad”. Es un argumento falso de toda falsedad, y sobre ello sería necesario precisar las siguientes cuestiones:

Primero: No existe ningún tratado internacional que pueda determinar la carencia de efectos jurídicos de la Ley española 46/1977, de 15 de octubre. Pensar lo contrario supone partir de una enorme confusión conceptual: la de creer que nuestra Ley es equiparable a las llamadas de “punto y final”, es decir, las promulgadas en distintos países sudamericanos al objeto de garantizar la impunidad de los antiguos dictadores a la vista de un cambio democrático. No existe ninguna similitud entre uno y otro tipo de normas.

Segundo. Nuestra ley de Amnistía fue un producto de las Cortes Constituyentes que quisieron eliminar toda exigencia de responsabilidad derivada de “los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976”. Operó a manera de pacto fundacional del régimen democrático: se trataba de construir un nuevo Estado sobre la base del perdón, lo que se hizo sin ningún tipo de coacción, y partiendo de la idea de que el pueblo español en su conjunto había sido víctima y verdugo del franquismo. Si todos habíamos sido responsables, parecía que ya era hora de terminar.

Tercero.- En Cataluña y Euskadi, y luego en todas las grandes ciudades del territorio español, el lema repetido por los demócratas en sus actos públicos fue el de “Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía”, ¿o es que ya no lo recuerdan? Se trató esencialmente de una reivindicación de la izquierda, que no sólo pretendía sacar a sus militantes de la cárcel sino también, y dice mucho de ella, iniciar la andadura sin venganzas ni hipotecas.

Cuarto.- Es completamente cierto, sin embargo, que resulta doloroso aceptar que los culpables de los crímenes cometidos por el franquismo, desde luego horrendos, basta con mencionar a García Lorca, queden impunes. Pero un jurista debe saber que sus sentimientos personales no pueden imponerse sobre los de la mayoría. Y debe tener en cuenta que nadie está por encima de las leyes por muy importante que se pudiera creer. Además, el “hágase justicia y perezca el mundo” tiene siempre consecuencias muy graves: en este caso, las de haber suscitado otra vez en nuestro país un clima de “guerra civil” que hay que rechazar, más aún si se es Juez.