Ley de Amnistía y populismo reaccionario. El Mundo. Madrid

Una concepción delirante de la realidad, y hay muchas, no es exclusivo producto de la enfermedad mental, en ocasiones deriva de la ignorancia o de la manipulación intelectual. No es extraño que un genio, como Nietzsche, llegara a la conclusión de que los hechos no existen, sólo las interpretaciones que expresan posiciones derivadas de las ansias de dominio o justificación de cada cual. En el ámbito político español, es frecuente encontrar la idea de que el régimen nacido de la Constitución de 1978 constituye una continuación del franquismo. Sería necesaria entonces una nueva transición, derogando en primer lugar la Ley de Amnistía de 1977, que habría  legitimado la represión de la Dictadura. ¿Saben lo que están diciendo? Evidentemente no, en la redacción de dicha ley tuvo una destacada participación el Partido Comunista de España, verdadero protagonista de la restauración de nuestras libertades, a través de dos personalidades tan destacadas como Pilar Bravo y Marcelino Camacho.

La ley fue el resultado final de la política del PCE, que ya en junio de 1956 elaboró la doctrina del “Pacto por la Libertad” al publicar una declaración dirigida a la “reconciliación nacional”. En ella, señalaba literalmente lo siguiente: “Al acercarse el XX aniversario del comienzo de la guerra civil, el Partido Comunista de España declara solemnemente [que] fuera de la reconciliación nacional no hay más camino que el de la violencia. El Partido Comunista no quiere marchar por ese camino”. Y añadía: “Crece en España una nueva generación que no vivió la guerra civil, que no comparte los odios y las pasiones de quienes en ella participamos. Y no podemos, sin incurrir en tremenda responsabilidad ante España y ante el futuro, hacer pesar sobre esta generación las consecuencias de hechos en los que no tomó parte”. Por ello, al final del documento se abogaba por una “amplia amnistía que devuelva la libertad a los presos y permita la vuelta al país de todos los exilados políticos con plenas garantías”.

Sus dirigentes no actuaban por impulsos de caridad cristiana o bondad; se trataba de un partido materialista, marxista leninista, que utilizaba la inteligencia política como instrumento de lucha. Y era consciente de que la mayoría del país era sociológicamente franquista. Además, la mitad al menos de la población había apoyado el Alzamiento, no fue un simple golpe de Estado. Vencer a la Dictadura no era posible ni militarmente, ya se había constatado el fracaso del  Valle de Arán, ni con la “Huelga Nacional Pacífica”, aun cuando de manera propagandística se mantuviera esta última idea hasta el final. La única opción era conquistar “parcelas de libertad”, tanto en el mundo sindical como en las Universidades donde se educaban las nuevas generaciones. El PCE lo hizo con notable éxito, y los mejores ejemplos fueron la creación de Comisiones Obreras y el rechazo intelectual al franquismo. Por desgracia, la población española, incluso en Cataluña,  aceptaba de buena gana el sistema, no era posible entonces un salto revolucionario.

La Ley de Amnistía no tuvo como objetivo el perdón de los crímenes franquistas, aunque de hecho también lo supusiera. Lo que pretendió el PCE, acompañado por el Partido Socialista y otras fuerzas adheridas al final a la lucha abierta contra el régimen, fue exonerar de responsabilidad a personas tan destacadas en la recuperación de las libertades cívicas como Mario Onaindia, Teo Uriarte y otros condenados en el “proceso de Burgos”, que no habían sido incluidos en el Decreto Ley de 1976 que había ya dispuesto: “Se concede amnistía por todos los delitos y faltas de intencionalidad política y de opinión comprendidos en el Código Penal o en leyes penales especiales no mencionadas en el apartado siguiente, en tanto no hayan lesionado la vida o la integridad de las personas…”. Es decir, habían quedado fuera los que habían recurrido a la lucha armada. Todas las manifestaciones de la época eran presididas por pancartas en las que se reclamaba “Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía”. ¿Por qué no repasan las hemerotecas?

Lo cierto es que, consolidada la democracia, y como consecuencia de denuncias interpuestas por delitos de lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada cometidos durante la guerra civil y la dictadura, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional solicitaron la derogación de la norma, al considerarla incompatible con el Derecho internacional, lo que fue planteado también en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La investigación de los delitos cometidos por el franquismo hubiera sido posible dado que los mismos, por su naturaleza, eran considerados imprescriptibles. A partir de entonces, la Ley de Amnistía fue objeto de sistemática crítica por parte de la denominada izquierda, que aprovechó para poner en cuestión la verdadera naturaleza del régimen de 1978. Para ciertas organizaciones, no sólo las de carácter independentista, el franquismo, a través de la institución monárquica y el poder judicial, seguiría contaminando al país. Sería necesario efectuar la depuración de responsabilidades que no se realizó en su momento.

Es un grave error que obvia la historia real, fue el Partido Comunista de España el que defendió la Amnistía, y su objetivo era conseguir la liberación de responsabilidades de los etarras del proceso de Burgos. Aquí no se trató de una “Ley de Punto final” como en los países sudamericanos. No fueron los militares los que impusieron la Amnistía como interesaba a los pinochetistas para protegerse a sí mismos, chantajeando a los demócratas, fueron estos últimos los que la reclamaron. Por otra parte, si no se olvidaba penalmente el pasado, crímenes cometidos por los dirigentes de la oposición, que no habían sido castigados, como los presuntamente cometidos por Santiago Carrillo en Paracuellos del Jarama, quedarían abiertos a persecución. Nos encontraríamos con una historia de nunca acabar. La libertad se alcanzó en España mediante el perdón final de unos y otros, una lección de generosidad y de elemental prudencia.

¿Por qué, entonces, se utiliza este tipo de discurso? Por una razón bien sencilla, la izquierda europea, particularmente la española, está huérfana de ideas. No es consciente de que en Occidente han triunfado sus objetivos, vivimos en un mundo socialdemócrata. La dialéctica marxista ha funcionado con todo su rigor: frente a un capita­lismo primario cruel y agresivo, tesis, se habría desarrollado la antítesis revolucionaria, singularmente comunista, que constituiría la negación radical de todas sus afirmaciones. Ambas, tesis y antítesis, habrían sido superadas progresivamente, síntesis, por un sistema que respetando el mercado habría hecho posible la redistribución de la riqueza y la igualdad. El mundo occidental se habría aproximado al sueño del socialismo en libertad, sin necesidad de seguir ortodoxos mecanicismos. Con independencia de la crisis y de especulaciones como las de Piketty, lo cierto es que no ha existido jamás tanta igualdad como la de hoy, bastaría preguntar cómo vivían a nuestros abuelos. La izquierda clásica ha muerto de éxito, ha desaparecido. Son los populistas, con enorme ignorancia, los que intervienen ahora. Y eso es otra cosa, les falta profundidad intelectual, sustituida con demagogia.

Como carecen de ideas en un mundo en transformación revolucionaria, creen que restaurar el discurso de 1931 es progresista. Quieren colgar a Mussolini y Claretta Petacci boca abajo. Sería cobarde, y habría que advertir que esa acción no la protagonizaron verdaderos resistentes sino colaboracionistas arrepentidos. No hay cosa peor en la política que la desaparición de la inteligencia y la originalidad. ¿Quiénes son nuestros dirigentes? Salvo Josep Borrell, Cayetana Álvarez de Toledo, Manuel Valls y poco más, el resto parecen niños con zapatos nuevos. Y lo peor es que si limitan la acción política a actuaciones demagógicas como la recuperación de la propaganda antifranquista, olvidando reales problemas como el de la inteligencia artificial, la crisis demográfica, el control de la intimidad, la persecución inquisitorial de los disidentes o la actuación irresponsable de los independentistas, terminarán por destruirnos. Eso sí, con alarde gestual e invocaciones cursis al progreso.

El triunfo del Derecho. El Mundo. Madrid

Todas las narraciones implican una selección de hechos, con un principio y un final, a los que se exige la coherencia necesaria para que el resultado sea creíble. A las sentencias también se les pide lo mismo, con la diferencia de que, en su construcción, no pueden olvidar el ordenamiento jurídico cuyo respeto es imprescindible si se quiere mantener la estructura constitucional de un Estado. Todos los delitos son susceptibles de un sinnúmero de interpretaciones, pero sólo  podrán admitirse las que puedan someterse a juicio de razonabilidad, es decir, las que sean sensatas y proporcionadas al daño social causado por la infracción. Por ello, y ante la dictada el día de ayer sobre el intento de golpe de Estado en Cataluña sería conveniente matizar lo siguiente:

Primero.-El Tribunal Supremo aprecia como conducta más relevante, desde el punto de vista penal, el delito de sedición, es decir, considera que los encausados se alzaron pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza la aplicación normal de nuestro ordenamiento jurídico. Y por ello dicta una condena que, en algunos casos, alcanza los trece años de prisión. No ha apreciado la rebelión, es verdad, pero nuestros tribunales no son responsables de la defectuosa técnica jurídica del legislador, tampoco de la dificultad probatoria en una materia como ésta. Se condena por lo que se ha podido probar y punto. Los jueces no valoran intenciones; restablecen el derecho, no la moral.

Segundo.-Decía Mr. Justice Brandeis, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que “la luz del sol constituye el mejor de los desinfectantes”. Lo ha tenido muy en cuenta nuestro TS al respetar las exigencias más rigurosas de la normativa internacional de carácter procesal. Todas las sesiones del juicio han sido públicas, con lo que no ha podido haber mayor garantía de transparencia. Y nadie podrá negar la imparcialidad de su desarrollo, que no puede discutirse por las torpezas irresponsables de algún dirigente parlamentario ajeno al Tribunal. El respeto a los procesados, incluso la cordialidad con sus técnicos de defensa, ha podido constatarse claramente.

Tercero.- Es un hecho notorio que los tribunales deben interpretar las normas de acuerdo con la realidad de su tiempo, pues no cabe hacer abstracción de ellas como si pudiesen contemplarse en una urna de cristal.  No es así,  los jueces por simple prudencia, imprescindible de guardar en su labor, deben tener en cuenta el contexto social también en el momento de elegir las penas más adecuadas a la reinserción. Tienen que proceder como aconsejaba el  viejo y prestigioso Juez Zekia del TEDH cuando decía que el encausado al que se le priva de esperanza defiende sus derechos “con una capacidad notablemente disminuida”. La sentencia ha sido lo suficientemente sabia como, para mediante el complemento del tratamiento penitenciario, obtener soluciones razonables y justas.

El Tribunal ha sabido castigar con rigor el intento de golpe de Estado, corresponde ahora a los políticos, con la inteligencia que hasta ahora no han tenido, y moderando si es necesario la aplicación de la sentencia, restablecer la paz social en nuestra querida Cataluña. Los rebeldes sociales y sediciosos han sido vencidos.

Franco, entre la ley y la política. El Mundo. Madrid

Con fecha 30 de septiembre, la sección cuarta de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en el tema de la exhumación de Franco. Sobre la calidad de la decisión nada hay que decir, teniendo en cuenta  la profundidad intelectual del Ponente, Pablo Lucas Murillo de a Cueva, y la notable brillantez del Presidente, Jorge Rodríguez Zapata, así como de los demás componentes de la misma. Tampoco se puede oponer objeción fundamental a su contenido. Cuando un tribunal ha de resolver una petición jurídica, debe aplicar la ley y punto. Esto es lo que ha hecho la Sala, partiendo de la base de los siguientes datos:

Primero.-El recurso se refería a unas puntuales decisiones del Consejo de Ministros por las que se acordaba la exhumación de los restos de Francisco Franco Bahamonde de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, se rechazaba la inhumación propuesta por los familiares en la sepultura situada en la cripta de la Catedral de La Almudena y se disponía que tuviera lugar en el Cementerio de El Pardo-Mingorrubio, donde yacen los de su esposa. La misión del Tribunal era determinar si dichas decisiones eran conformes al ordenamiento jurídico. ¿Se había producido alguna arbitrariedad? Es un problema que continuamente se plantean los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, y para eso han sido instituidos: verificar la conformidad a la ley de los actos que se recurren.

Segundo.-La sentencia constata que las decisiones del Consejo de Ministros se fundamentan en el Artículo 16.3 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, a cuyo tenor y en su actual redacción: “En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda”. Así como en su Disposición adicional sexta bis, cuyos apartados 1 y 2 indican lo siguiente: “1. Corresponde al Gobierno garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.3 de esta Ley, asegurando en todo caso unas condiciones adecuadas de dignidad y respeto. A tal efecto, se declara de urgente y excepcional interés público, así como de utilidad pública e interés social, la inmediata exhumación y el traslado de los restos mortales distintos de los mencionados en dicho artículo. 2. La decisión de exhumación y traslado será adoptada por Acuerdo de Consejo de Ministros, tras la tramitación del procedimiento regulado en los apartados siguientes”. Los acuerdos respetan, entonces y en principio, lo dispuesto en texto legal.

Tercero.-Ello no obstante, se puede respetar formalmente una norma vulnerando el ordenamiento jurídico en su conjunto, bien por incidir en arbitrariedad, bien por no respetar derechos fundamentales u otras exigencias derivadas del texto constitucional. En particular, en este tema tiene relevancia la posible colisión de las decisiones ministeriales con los derechos a la intimidad, libertad religiosa y libre autodeterminación de los particulares afectados. No es cuestión baladí desde luego que los poderes públicos decidan la exhumación de unos restos mortales,  u ordenen su obligatorio entierro en el lugar que les convenga. No deja de producir perplejidad intelectual, pues no hay nada más privado que las decisiones de última voluntad. De hecho, en el affaire Solska et Rybicka c. Pologne, la Corte Europea de Derechos Humanos consideró que una exhumación llevada a cabo sin respetar la decisión familiar implicaba un atentado a su derecho al respeto a la vida privada y no ofrecía garantías, por lo que procedió a emitir una condena en base al artículo 8 de la Convención.

Cuarto.- Todo ordenamiento jurídico implica un juego de opciones en la colisión entre intereses privados y públicos. El respeto a los derechos individuales constituye el fundamento de una sociedad democrática, pero eso sólo lo pueden garantizar los poderes públicos. Como es lógico, los particulares no tienen la posibilidad de hacer lo que les venga en gana, y menos cuando del cuerpo de un Jefe del Estado se trata. Lo dice muy bien la sentencia que analizamos: “No nos parece que sea necesaria una especial explicación para poner de relieve el carácter único del caso. Las circunstancias que se reúnen en torno a la persona de cuyos restos mortales se está debatiendo lo manifiestan con absoluta claridad. Fue el Jefe del Estado surgido de la Guerra Civil y ocupó una posición central en el ordenamiento presidido por las Leyes Fundamentales del Reino que dieron forma al régimen político por él encabezado […] La extraordinaria singularidad de su figura la convierte, efectivamente, en un caso único en el sentido de que no hay otra en la que desde el punto de vista público se reúnan las mismas circunstancias”.

         Sería absurdo pensar que la familia de Hitler hubiera tenido la opción de enterrarlo, llegado el caso, en el lugar donde le hubiera parecido oportuno para su recuerdo o la admiración de sus seguidores. Cuando se trata de un disparate, es mejor no tenerlo en cuenta. En estos casos, hay un interés público evidente que justifica la intervención del aparato estatal. Se mire como se mire, y con independencia de matizaciones que no afectan a lo esencial, la sentencia es técnicamente impecable. ¿Y políticamente?

Quinto.-El franquismo tuvo un carácter dictatorial es indudable, y en buena parte llegó al poder gracias al apoyo de los regímenes de Hitler y Mussolini. Tropas regulares italianas, al mando de generales como Mario Roatta, intervinieron en la guerra civil, teniendo participación destacada en la toma de Málaga y otras ciudades. No puede olvidarse tampoco la actuación de la aviación alemana, y no sólo en Guernika.  Pero la sublevación del general Franco no fue simplemente un golpe de Estado, que también, constituyó una cruel guerra civil en la que buena parte de la población estuvo de su lado. Los resultados electorales de febrero de 1936 así lo demuestran.  Y si la dictadura pudo mantenerse durante cuarenta años fue porque la población la aceptó muy bien. Solamente Euskadi, de manera bien honrosa, mantuvo hostilidad hasta el final. Al terminar la segunda guerra mundial, el régimen supo arreglárselas con los vencedores y los intentos de invasión militar por el Valle de Arán, que intentaron los republicanos combatientes al  lado de los aliados, fueron fácilmente rechazados.

Salvo en los años inmediatamente posteriores al final de la guerra civil, jamás existió una resistencia militar al franquismo y los partidos republicanos carecieron de actividad en el interior. De hecho, el Partido Socialista Obrero Español  se limitó a desarrollar su oposición en el exilio. Sólo al final del régimen, con  Franco ya enfermo, inició una actividad limitada a los núcleos de Sevilla, en el despacho laboral de Felipe González y en los círculos intelectuales y de carácter teatral influenciados por la capacidad de Alfonso Guerra, Madrid, con Pablo Castellanos y  Euskadi  con los Múgica. La Democracia Cristiana de Gil Robles y Ruiz Giménez tenía una presencia testimonial, y el Partido del Trabajo, Bandera Roja, el  Movimiento Comunista y otros, se limitaban a la Universidad y poco más. Desde Barcelona a Conil de la Frontera, el país convivió muy bien con la Dictadura. Por eso, a veces es mejor olvidar.

Sexto.- Existió una oposición real, la mantenida por el Partido Comunista de España con dirigentes como Santiago Carrillo, Dolores Ibarruri, Semprún, Claudín, Marcelino Camacho y tantos otros, con sus luchas intestinas, sus purgas y su capacidad de movilización. Con muchos de sus militantes en la cárcel, ya desde los años cincuenta, propusieron la “reconciliación” como medio para liberarse de la dictadura. Los que, en cambio, practican una política de venganza no solamente suelen ser crueles, también torpes. ¿De qué sirve desenterrar el cuerpo de un dictador? Si se hace para ganar unas elecciones y distraer a las masas, se olvidan de que existen problemas mucho más graves, y que dedicarse a jugar con restos humanos supone perder un tiempo decisivo para un país que se está jugando su continuidad como Estado cuando los independentistas se pronuncian otra vez

Mirar al pasado sólo sirve para ocultar la incapacidad de planificar una vida en común. La verdad es que perder el tiempo con los restos de Franco  resulta triste, morboso y dice muy poco sobre la altura moral de quienes se dedican a ello.

 

 

La sombra de Caín. El Mundo. Madrid

Antonio Machado advertía al viajero por tierras de España que vería: “Llanuras bélicas y páramos de asceta –no fue por esos campos el bíblico jardín- son tierras para el águila, un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín”. Es una conclusión desde la melancolía y la tristeza, pero nada exagerada si se tiene en cuenta que en los años de la guerra civil nuestros abuelos se dedicaron, con crueldad inconcebible en país moderno, a matarse los unos a los otros sin ningún tipo de piedad. Y el odio subsiste, basta contemplar la facilidad con que se trazan líneas rojas, que sirven de mezquina exclusión de los demás, para constatar que seguimos viviendo en un polvorín. ¿Qué nos pasa?

Decía Ortega y  Gasset en 1921: “Peor que tener una enfermedad es ser una enfermedad. Que una sociedad sea inmoral, tenga o contenga inmoralidad, es grave; pero que una sociedad no sea una sociedad, es mucho más grave”. Éste es nuestro caso, pues España tendría “infeccionada la raíz misma de la actividad socializadora”. Seríamos incapaces de vivir en común. La ausencia de una clase dirigente brillante puede haber influido de manera decisiva en la incapacidad para crear un proyecto que vertebre y de sentido a la Nación. Así, el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 nos alejó durante cuarenta años de la modernidad; el miedo y la represión sofocaron cualquier impulso de vitalidad. Pero fue nuestra entera sociedad política la responsable. “Venceréis pero no convenceréis”, soltó Unamuno a un enajenado Millán Astray en la Universidad de Salamanca. La reacción militarista y clerical se había sublevado, es cierto. Antes, las provocaciones de los extremistas habían hecho fracasar a la República, y el 18 de julio fue su consecuencia.

En esencia, la II República supuso el enésimo intento de consolidar en España la revolución burguesa, que los países más avanzados de la  Europa occidental habían realizado en el curso del siglo XIX. Desgraciadamente, nuestra burguesía era muy débil. Como diría Henry Buckley, en su Vida y muerte de la República española: “El problema de la clase media española era que no tenía la fuerza suficiente como para gobernar el país en solitario. En aquellos momentos [en los inicios del régimen] Azaña y Alcalá Zamora podían representar el poder político, pero las riendas del auténtico poder estaban en manos de los grandes terratenientes, de la Iglesia Católica y del Ejército. Mandaba la clase media pero dependía de una oligarquía sin la cual era imposible gobernar”. Buckley consideraba que había una solución: la alianza entre los republicanos y la izquierda moderada. Y eso es lo que intentaron los escasos estadistas del régimen: el real proyecto modernizador republicano.

De hecho, el brillante Manuel Azaña utilizaba en sus discursos los  planteamientos de los dirigentes socialistas afines. Y así, tomando como referencia a Julián Besteiro, que reconocía la imposibilidad estructural de la toma del poder por la clase obrera, señalaba: “La República le es tan necesaria al proletariado como a la burguesía liberal, pero nosotros no tenemos el pensamiento ni los socialistas tienen ahora la ambición de que nuestra fuerza común concluya en una república socialista. Pensamos en una república burguesa y parlamentaria, tan radical como los republicanos más radicales consigamos que sea, si tenemos opinión y votos para ello”. Toda la política de Azaña iba dirigida a la confluencia de intereses con los partidos obreros. Es verdad que realizaba una arriesgada apuesta, la de una evolución “reformista” de las organizaciones de trabajadores. Pero, a la altura del tiempo transcurrido, puede considerarse que era la única posible en la situación de nuestro país.  Desgraciadamente, la división del PSOE, la inmadurez de los republicanos, y el carácter profundamente reaccionario de una buena parte de la derecha, impidieron el triunfo de un objetivo tan atractivo.

Su fracaso fue originado, es indudable, por un golpe de estado de carácter militar pero no es posible desdeñar la inseguridad y el miedo que generaron en la derecha el desorden en la calle, las huelgas salvajes y el pistolerismo. Además, no es posible eludir el hecho de que personalidades relevantes del sistema, y organizaciones políticas fundadoras de la República, participaron en una revolución, la de Asturias, por el simple hecho de entrar en el Gobierno miembros de un partido político, la CEDA, que había ganado las elecciones. Lo que, con su conocida franqueza y honestidad, llevó a Indalecio Prieto a declarar años después lo siguiente: “Me declaro culpable, ante mi conciencia, ante el partido socialista y ante España entera, de mi participación en el movimiento revolucionario de 1934. Lo declaro como culpa, como pecado, no como gloria. Estoy exento de responsabilidades en la génesis de aquel movimiento, pero la tengo plena en su preparación y desarrollo”. Si a eso añadimos que, pocos días antes del Alzamiento, fue asesinado por militantes de  izquierda uno de los jefes más destacados de la oposición parlamentaria, el Sr. Calvo Sotelo. Y que  alguno de ellos era miembro de las fuerzas de orden público, ¿qué es posible decir?

A veces da la impresión de que en el fondo todos querían ir a la guerra. El bondadoso cardenal Vicente Enrique y Tarancón recordaría en una ocasión: “Creo que llegamos todos a convencernos de que el problema no tenía solución sin un enfrentamiento en la calle. Durante meses creo que toda España estaba a la espera de lo que iba a ocurrir. Media España estaba contra la otra media, sin posibilidad de diálogo. Habían de ser las armas las que dijesen la última palabra. Lo cierto es –hay que confesarlo con honradez- que todos confiábamos entonces en la violencia y juzgábamos que ésta era indispensable, echando, claro está, la culpa a los otros”. Siguiendo a Preston, podría aceptarse que hubo una tercera España, en la que estarían figuras de la calidad de Felipe Sánchez Román, Salvador de Madariaga, Ortega y Gasset o Marañón, pero el problema radica en determinar si podían haber influido sobre los acontecimientos en forma real: ¿Hubieran sido capaces de defender el sistema exclusivamente con palabras e inteligencia? Evidentemente no, el odio y la ignorancia generalizada lo hicieron imposible.

El comportamiento de unos y otros durante la misma guerra no puede producir más que horror. Los golpistas fueron crueles y las consecuencias de su triunfo son conocidas por todos, nada humanitarias. En España hubo condenas a muerte por motivos políticos hasta el mismo 1975, año del fallecimiento de Franco. Se persiguió cruelmente a estudiantes idealistas que luchaban por un mundo mejor, y una vez eliminados se les quiso injuriar hasta los extremos más denigrantes, caso del recordado  Enrique Ruano. En el mundo obrero, personalidades de la talla de Marcelino Camacho padecieron interminables años de cárcel. Pero canallas hubo en todos lados, también en el republicano. No es posible olvidar las “sacas” de Madrid, Barcelona, basta con leer Los cipreses creen en Dios de Gironella para recordarlo, y demás lugares donde triunfó la legalidad. La represión, sádica y enferma, que sufrió la Iglesia fue impropia de un país civilizado, realmente es que no lo fuimos.

Es preciso sentir vergüenza. Es nuestra historia y todos fueron responsables, desde luego unos en mayor medida que otros. Ya va siendo hora de terminar. ¿Por qué no nos dedicamos a construir un futuro desde la generosidad, es decir, desde la defensa del régimen constitucional y de la soberanía de todos y cada uno de los españoles? Resulta asombroso que a estas alturas sigamos arrojándonos muertos a la cara, y se considere progresista buscar la forma adecuada para exhumar a un  dictador. La memoria sin generosidad y sin amor no es más que rencor. Julián Zugazagoitia, basta con leer su Guerra y vicisitudes de los españoles,  no hubiera comprendido la mezquindad y falta de visión de nuestros actuales dirigentes. Parece un problema de torpeza.

Utilizando palabras del gran dramaturgo Priestley, podríamos decir que nuestro país se encuentra ante una nueva “esquina peligrosa”, la de Cataluña. ¿Seremos capaces de actuar con un mínimo de categoría? Es difícil con políticos tan narcisistas y niños como los actuales.

Fumus boni iuris. El Mundo. Madrid

El gran jurista Oliver Wendell Holmes, magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, en su “dissenting opinión” en Abrams v. United States 250 U.S. 616 (1919), expresó con belleza una de las bases sobre la que se ha construido la sociedad contemporánea: “Cuando los hombres comprueban cómo el tiempo ha invalidado muchas creencias agresivas, entonces pueden llegar a convencerse que el ansiado bien supremo [la verdad intelectual] se consigue de mejor manera en el mercado libre de las ideas. Esta es en cualquier caso la teoría de nuestra Constitución”. Cuán distintas hubieran sido las cosas si los independentistas hubieran dejado transcurrir el tiempo necesario para que sus ideas fueran sometidas a la discusión con el resto de los españoles, titulares efectivos de la soberanía popular, con respeto estricto a la legalidad interpretada  por los tribunales de justicia.

Una exigencia fundamental de cualquier Estado de Derecho es la imparcialidad judicial. Así, ha recordado continuamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que “Justice must not only be done; it must also be seen to be done", es decir, no sólo debe hacerse justicia, también debe parecer que se hace. Las apariencias son esenciales a la hora de juzgar. El Auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictado el día de ayer ha cumplido de manera nítida esa exigencia. Una consecuencia del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos es la necesidad de que los jueces motiven, es decir, expliquen sus resoluciones, y la Sala Segunda lo hace con precisión cuando razona la diferencia entre la condición de miembro de las Cortes y la de parlamentario europeo a efectos de la suspensión de sus derechos políticos:

Primero.- Las Cortes Generales, aun aceptando el principio de autonomía parlamentaria del artículo 72 de la CE, están obligadas al estricto respeto de nuestro ordenamiento jurídico, y en una forma u otra deberían proceder entonces a la suspensión de la condición de Junqueras a virtud de lo dispuesto en el artículo 384bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En cambio, aunque la Junta Electoral Central hiciera la correspondiente advertencia, los independentistas tendrían en el Parlamento Europeo un margen de maniobra que podría afectar al monopolio jurisdiccional de nuestro Tribunal Supremo.

Segundo.-A virtud del art. 71 de la CE, la Sala Segunda no tiene que expedir ningún suplicatorio a las Cortes porque sólo debe hacerlo en período de instrucción, y no en la fase de juicio oral;  menos aun cuando pende sólo de sentencia. En cambio, en el Parlamento Europeo, aunque su protocolo de privilegios e inmunidades obliga a acomodar sus decisiones a lo que disponga la legislación española, los riesgos de interferencia en nuestra jurisdicción serían evidentes. No digamos ya si se pretendiera, sería disparatado, hacerlo comparecer en Bruselas.

Tercero.-Lo decisivo en el Auto es la referencia que hace al “fumus boni iuris”, que además nos da pistas para el futuro. Lo que nos viene a decir es que la prisión de Junqueras goza de una “apariencia de buen derecho”. Se ha intensificado, señala literalmente, esa presunción. Y si existen razones fundadas para evitar su libertad, no sería razonable eludirlas ahora. El peligro para una buena administración de justicia es mayor.

Cayetana Álvarez de Toledo y Manuel Valls I.Notas estivales para no publicar

En El laberinto español, Gerald Brenan, probablemente valorándonos en demasía, señaló que España sólo era capaz de expresar categoría cuando se embarcaba en "grandes y espectaculares fines". Por eso, empezó a decaer cuando "el ideal burgués del deber, del trabajo y de la perseverancia" se convirtió en el único objetivo serio de una sociedad racional. Hay mucho de estereotipo en este análisis ciertamente; pero sería conveniente determinar hasta qué punto la envidia y la mezquindad constituyen factores definitorios de nuestra manera de actuar. Para Fernando Díaz Plaja, la envidia era uno de nuestros "pecados capitales" . Probablemente también el deseo de destrozar a todos los que destacan. Por ejemplo, Cayetana Álvarez de Toledo con una brillantez muy por encima de lo corriente en la esfera pública de ete país es rechazada con encono, y se puede decir maldad. Por su parte, el inteligente, muy inteligente, gesto de Manuel Valls es recibido con sorpresa, incluso con sorna.

A la vista de lo que está ocurriendo a la hora de la política de pactos, a nivel nacional y al de los gobiernos municipales y autonómicos también, habría que preguntarse si los dirigentes de los partidos estatales conservan un mínimo de dignidad y categoría. ¿La tienen Pedro Sánchez, Pablo Casado y Albert Rivera? Decía Ortega y Gasset que “cuando se tiene el corazón lleno de un alto empeño se acaba siempre por buscar los hombres más capaces de ejecutarlo”. En el caso que analizamos, parece que lo único que importa es la pequeña rivalidad, los celos y la política ventajista del corto plazo. Es decir, se prefiere, como decía el mismo Ortega, “lo ruin a lo selecto”; la vanidad narcisista e infantil no puede tampoco desdeñarse. ¿No se dan cuenta que España se encuentra en peligro inminente de ruptura territorial? ¿Les da igual? En los grandes países, en los momentos decisivos se busca un pacto en defensa del estado. Después de la guerra, Alemania no hubiera salido adelante sin la confluencia en lo fundamental de la democracia cristiana con el partido socialista. Aquí, somos tan miserables que no queremos tenerlo en cuenta.

Todo el mundo sabe, o debería saberlo, que si se produce una sentencia condenatoria, en el caso del procés, los partidos independentistas van a “tirarse al monte”. Es más, no lo niegan y aluden incluso a una nueva declaración de independencia. El problema no es sólo ya de  Cataluña, amenaza seriamente a Navarra y al País Vasco. Sin  olvidar que el independentismo catalán puede extenderse, más de lo que está, en las islas Baleares. No es un problema de minorías, en Cataluña los secesionistas están en condiciones de conseguir la mayoría electoral. ¿Qué hacemos si reiteradamente triunfan en las urnas? Es verdad que ni aun con el cien por cien de los votos tendrían legitimidad alguna pues el resto de los españoles somos tan catalanes como ellos. La nacionalidad la determina el pasaporte, que nos proporciona “el sueño de porvenir compartido” que define a una Nación. Nadie puede robarnos nuestra común catalanidad. Pero, ¿son capaces Pedro Sánchez, Casado y Rivera de defenderla?

La impresión que dan unos y otros es que los que no les votan sufren de alguna enfermedad vergonzosa, afectada incluso por  maldición bíblica. Si en Caffa, en Crimea, se extendió en 1348 la más mortífera de las epidemias de peste que se recuerdan en los tiempos históricos, parece que en nuestro país hay otra peor: la que sufren los enemigos ideológicos ¿Cómo es posible? Todos somos españoles y en los momentos finales de la guerra civil el gran estadista que fue Manuel Azaña nos rogaba que “pensáramos en los muertos”, en esos compatriotas que “ya no tienen odio, ya no tienen rencor” y que nos exigen un mínimo al menos de piedad. ¿No cabe un pacto de legislatura entre el PSOE, PP y Ciudadanos? El objetivo sería muy simple: abordar en estos cuatro años el problema territorial, la reforma constitucional si es posible, y la defensa de nuestro ordenamiento jurídico.  Si se nos responde negativamente, habría que pensar muy seriamente que estamos gobernados por irresponsables.

España es una realidad contingente pues tiene un carácter histórico. Pero es una obra conseguida a base de los sueños y esperanzas de los millones y millones de personas que han vivido en esta tierra durante siglos. Si Pedro, Pablo y Albert deciden comportarse como niños malcriados e irresponsables  serán culpables de lo que pueda ocurrir. Pero también lo seremos todos los españoles que a lo largo de estos últimos años hemos estado votando sistemáticamente a políticos que carecen de la talla mínima para representarnos con vergüenza. Si hay sentencia condenatoria en el procés, los independentistas no la aceptarán. ¿Tendrán entonces los llamados constitucionalistas la generosidad suficiente para unirse? ¿Por qué no son capaces de hacerlo desde ya? No hay otra cosa más importante para nuestro país que la que concierne a su propia existencia. A lo mejor, nuestros infantiles dirigentes prefieren el suicidio

La rebelión de los catalanes. El Mundo. Madrid

No hace falta leer La rebelión de los catalanes del gran John H. Elliott, maestro de la  inteligente Cayetana Álvarez de Toledo, para concluir que los sucesos desarrollados en los meses de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña constituyen, en sentido sociológico, una rebelión. ¿Lo fue desde un punto de vista jurídico penal? En el momento de las conclusiones definitivas en el juicio sobre “el procés”, se trata de uno de sus temas centrales. Juristas prestigiosos, como algún Letrado de las Cortes, no dudan en señalar que tal calificación resulta insostenible, pues sería un disparate pensar que pueda tener lugar sin armas. No estoy de acuerdo, pues no cabe pronunciarse sin tener en cuenta los términos exactos del artículo 472 del Código Penal cuando señala: “Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: “1.º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución […] 5.º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. Prescindiendo de que siempre cabría apreciar la conspiración, con requisitos distintos, es imprescindible tener en cuenta:

Primero.- La regla según la cual las normas han de interpretarse de acuerdo “con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas” no puede ser obviada en este análisis. Ya no estamos en la época de Curzio Malaparte; para apreciar la violencia constitutiva del delito de rebelión no es necesario comportarse a la manera del mariscal Józef Piłsudski, o a la del primario y cuartelero Antonio Tejero. Los golpes de Estado se realizan ahora mediante astutas técnicas de propaganda audiovisual y adoctrinamiento de las masas. Antes era necesario ocupar el Congreso,  en los tiempos actuales basta con poseer TV3. Vivimos en la “posmodernidad” y los delincuentes actúan en esa forma, no son tontos.

Segundo.- Por supuesto que hubo violencia, no se desarrolló un ejemplar acto de “desobediencia civil” como en plan teórico se ha querido sostener. Lo que ocurre es que la fuerza desplegada por los ciudadanos tuvo lugar en forma de resistencia activa, con lo que quisieron apropiarse también del lenguaje. Para ellos, los violentos fueron los defensores de la Constitución, con olvido de que era su obligación protegerla. Guardia Civil y Policía Nacional hicieron lo que debían: reprimir una sublevación. Y los que se opusieron, incidían en una actividad claramente delictiva pues nadie está legitimado para desobedecer a las fuerzas de orden público, y mucho menos para obstaculizar su acción. El simple hecho de entrelazar los cuerpos de los manifestantes constituyó un acto violento.

Tercero.-Con independencia de que la calificación de sedición encajase mejor en los hechos, en lo que no entramos y constituye otro problema, el Ministerio Fiscal acierta incluso por consideraciones de estricta política penal. Problema distinto es el de la prueba, no de los hechos, sino de la participación de los acusados. Respecto a ello, sí hemos de decir que en este  caso no es necesario el dolo directo. Para incidir en delito basta con el dolo eventual. Es decir, aceptar para conseguir la declaración de independencia que las masas se lancen a las calles para enfrentarse con las fuerzas defensoras de la Constitución, aunque no fuese su única opción. Los que actuaron en esa forma son rebeldes jurídicamente aunque no se llegase a probar, y son responsables de lo que ocurrió en nuestra querida Cataluña