Pacto de legislatura. El Mundo. Madrid

Los votantes de los Partidos Socialista, Popular y Ciudadanos constituyen un porcentaje nada desdeñable de la población, y que se sepa no están aquejados de la enfermedad de la peste ni de ninguna otra plaga bíblica. Son compatriotas y están obligados a convivir los unos con los otros, se proclaman además constitucionalistas. Entonces, ¿por qué les resulta imposible pactar? Es lo propio de cualquier sociedad civilizada, aunque los españoles no hemos sido capaces de hacerlo ni siquiera para evitar la Guerra Civil. En junio de 1936, Miguel Maura publicó varios artículos en El Sol en los que proponía un pacto de todos los partidos republicanos, sin diferenciar que fueren de izquierda o derecha, “que sean capaces de anteponer el interés supremo de España a toda mira partidista o de clase”. Advirtió que no abrigaba “la más mínima esperanza de que mis razonamientos logren convencer a quienes tienen sobre sí el peso de la mayor responsabilidad en la hora actual de España”. En efecto, nadie le hizo caso, prefirieron matarse durante tres años.

¿Es que Pedro Sánchez, Pablo Casado y Albert Rivera son irresponsables y mezquinos? No son intelectuales ni parece que les preocupe demasiado el mundo del arte ni de la cultura en general, pero al menos debería interesarles la supervivencia del país por encima de sus pulsiones narcisistas o de vanidad estrictamente personal. Si no es así, ¿qué pintan? Ya Ortega y Gasset denunciaba que en este país no existían “minorías egregias”  y “que lo que no ha hecho el pueblo se ha quedado sin hacer”. ¿Son los tres tan tontos que no se dan cuanta de que lo que está actualmente en juego es el propio régimen constitucional? No sólo son los independentistas catalanes, Podemos es claramente ambiguo sobre el referéndum de autodeterminación, con olvido reaccionario de los derechos soberanos del resto de los españoles, y el PNV aboga claramente por una relación bilateral con el resto de España. ¿Cómo es posible, entonces, seguir peleándose como niños malcriados y torpes?

Un pacto de legislatura entre los partidos que se proclaman constitucionalistas no sólo parece sensato, probablemente sea lo recomendable a la vista de los desafíos que se avecinan en el caso de sentencia condenatoria de la Sala segunda del Tribunal Supremo. ¿Es que no se dan cuenta que, de producirse, Quim Torra disolverá el Parlament con una convocatoria plebiscitaria de elecciones? ¿Queremos arriesgarnos a una nueva declaración de independencia? Sería ingenuo pensar que la posición del Estado Español sería de nuevo fuerte. Todo lo contrario, las instancias internacionales podrían desequilibrar la balanza. Nos han dado bastantes advertencias: la actitud frente a las órdenes europeas de detención, la declaración de 41 senadores franceses contra la represión del Estado y el cómodo autoexilio de los rebeldes a la acción de nuestra justicia, sin que sea posible desdeñar a una opinión pública que, por razones que analizaría mejor Elvira Roca, sigue desconfiando de España.

El objetivo de ese pacto sería evidente, dedicar la legislatura a la resolución del problema territorial. La posible reforma constitucional, la actitud a adoptar ante medidas de gracia que pudieran solicitarse, el fortalecimiento del aparato estatal ante nuevos desafíos, y la adopción de políticas tendentes a la seducción de los catalanes ahora desafectos, constituyen medidas que sólo pueden afrontarse con el concurso de los partidos que representan a la inmensa mayoría de los españoles. Todo lo demás es subsidiario, pues sin un aparato estatal firme no podrían mantenerse las conquistas sociales.

¿Había demócratas en la II República? El Mundo. Madrid

El ensayista Antony Beevor, al estudiar nuestra II República y la Guerra Civil, señaló que “constituyen probablemente el más convincente recuerdo de que la última palabra en materia histórica es imposible. La verdad absoluta acerca de un tema políticamente apasionado nunca puede ser conocida”, pues nada puede ser escrito de una vez y para siempre. No se trata de ninguna novedad, Nietzsche había dicho que “no hay hechos, sólo interpretaciones”. Y lo cierto es que no deja de ser positivo buscar nuevos enfoques que contribuyan al debate intelectual y la determinación de la verdad, si es que fuera posible conseguirla. Así, con respecto a la II República, durante mucho tiempo todo parecía resuelto: el Alzamiento del 18 de julio no habría sido más que un golpe militar protagonizado por los sectores más reaccionarios de la sociedad española, aliados con movimientos fascistas europeos, contra la legalidad republicana. Lo que constituye una verdad con bastantes matices.

La interpretación más ortodoxa lo describe como una clara sublevación contra un régimen democrático, y no es exactamente así. Nadie, o casi nadie, era demócrata en la España de 1931. Ni siquiera lo fue uno de nuestros más grandes filósofos, D. José Ortega y Gasset, que tan destacado papel tuvo en las Cortes Constituyentes y en la fundación de la Agrupación al Servicio de la República. Todo lo contrario, defendiendo a las minorías selectas, deslizó en 1929 en La rebelión de las masas ideas claramente elitistas: “Como las masas, por definición, no deben ni pueden dirigir su propia existencia, quiere decirse que Europa sufre ahora la más grave crisis que a pueblos, naciones, culturas cabe padecer”. Es muy revelador, la población en su conjunto no estaría capacitada para ejercer el poder pues no tendría la suficiente formación.

En la España de la época, se podrían contar con los dedos de la mano los partidarios del viejo liberalismo fuertemente desprestigiado por los totalitarismos de izquierda y derecha. De hecho, los partidos republicanos, esencialmente Izquierda Republicana, Unión Republicana y Esquerra republicana, integrantes del Frente Popular  que en febrero de 1936 ganó las elecciones generales, eran esencialmente jacobinos. Ni siquiera el símbolo de la II República, el señor Azaña, era realmente un demócrata. Su personalidad encajaba mejor con el estilo de Robespierre. El jacobinismo era la ideología de los que defendían la máxima según la cual “no hay libertad para los enemigos de la libertad”, tan propia de Saint Just. De hecho, constituye una forma de entender la política con enorme incidencia en la historia europea de los siglos XIX y XX, y que pretende evitar que los liberticidas se sirvan de los instrumentos del Estado de Derecho.

Sin embargo, nadie podrá afirmar que los jacobinos sean demócratas, todo lo contrario. El mejor ejemplo es la Convención francesa de 1792 que implantó el reinado del terror y de la sospecha. Y lo subrayamos porque sectores significativos de la burguesía, que aspiraron a consolidar en el período temporal 1931-1939 un sistema de libertades en nuestro país, estaban influenciados por esa ideología. De hecho, consideraban enemigos del régimen a los partidos no estrictamente republicanos, sobre todo si no habían firmado el Pacto de San Sebastián. En distintos discursos, Manuel Azaña, probablemente el más capacitado intelectualmente de nuestros jefes de Estado en el siglo XX, defendió sin complejos el radicalismo: "No temáis que os llamen sectarios. Yo lo soy. Tengo la soberbia de ser ardientemente sectario, y en un país como éste, enseñado a huir de la verdad, a transigir con la injusticia, a refrenar el libre examen y a soportar la opresión, ¡qué mejor sectarismo que el de seguir la secta de la verdad, de la justicia y del progreso socia!”.

El problema es que con esta mentalidad era imposible crear un régimen de consenso. Para los partidos republicanos de izquierda, firmantes del Frente Popular, la derecha monárquica, los agrarios y la CEDA eran enemigos del régimen. Y contra ellos todo era lícito. Lo que nos sirve para explicar el alcance de lo ocurrido en octubre de 1934 cuando entraron a formar parte del gobierno tres ministros de la CEDA,  organización política de inspiración cristiana y “accidentalista” con respecto a la forma de Estado, aunque ciertamente corporativista y simpatizante de movimientos autoritarios como el de Dollfuss en Austria. Se trataba de Giménez Fernández, en la cartera de Agricultura, Angüera de Sojo en Trabajo, y el abogado navarro Aizpún en Justicia. Los tres formaban parte de la línea más moderada, podría decirse progresista de la organización.

Para Javier Tusell, se trataba de personalidades claramente republicanas y, en concreto, Giménez Fernández aparte de un demócrata convencido, “representaba en el terreno social la extrema izquierda de su partido”. Desde este análisis, lo interesante no es el desencadenamiento que provocó de la revolución de Asturias sino la actitud mantenida por las organizaciones estrictamente republicanas, defensoras de la legalidad. Así, un partido tan de orden como el Republicano Conservador, de Miguel Maura, publicó una nota del siguiente tenor: “Asistimos con tanta amargura como asombro a la entrega del régimen en las manos de quienes representan la negación de los postulados y principios del 14 de abril y rompemos toda solidaridad y trato con los órganos de un régimen desleal a sí mismo y a quienes por él lucharon victoriosamente”.

En un sentido muy significativo, el Partido Republicano  Federal señaló que estaba dispuesto a solidarizarse “con todos aquellos partidos que pretenden rescatar y aun superar el 14 de abril”, con independencia de los medios que utilizasen se sobreentendía. Lo que  era tanto como legitimar cualquier reacción, incluso la que tuvo lugar mediante la revolución de Asturias. ¿Qué podía justificar un rechazo de esta naturaleza? La respuesta es clara: la mentalidad de la clase política republicana que consideraba fuera del sistema a los que no hubiesen fundado el régimen. Azaña en discurso pronunciado el 17 de julio de 1931 había ya señalado:”La república es para todos los españoles. Todos los españoles, todos los ciudadanos, aunque no sean republicanos, están en la República amparados por la ley, pero la República ha de ser gobernada, pensada y dirigida por republicanos”. El Gobierno no podía quedar en manos de los enemigos del régimen, “no lo permitiremos” advertía.

¿Se pueden calificar como demócratas a quienes así se expresaban? No es posible obviar que la CEDA había ganado las elecciones de 1933, jurídicamente no existía ningún obstáculo para su entrada en el gabinete. Esta mentalidad es la que desgraciadamente llevó a la revolución de 1934, Sir Raymond Carr lo denunció expresamente: “La revolución de octubre es el origen inmediato de la Guerra Civil. La izquierda, sobre todo los socialistas, habían rechazado los procedimientos legales; el Gobierno contra el que se rebelaron estaba electoralmente justificado”, añadiendo que “el argumento de que el señor Gil Robles intentaba traer el fascismo era a la vez hipócrita y demostradamente falso”.

Los republicanos defendían la separación de la Iglesia y el Estado, la esencial igualdad de los hombres así como un orden social que mejorase la suerte de la clase obrera y eliminase la miseria en el campo, la liberación de la mujer, la generalización de la enseñanza y la identificación con los países más próximos de la Europa occidental. También es cierto que su intelectualidad, basta citar a Ramón J. Sender y Arturo Barea, llevó a nuestro país a uno de sus momentos culturalmente más brillantes. La España republicana es por tanto la nuestra, la de las libertades y el progreso. Es verdad, pero también es cierto que el respeto a las reglas democráticas no fue una de sus características y sería absurdo obviarlo. También que la represión que llevaron a cabo algunos de sus representantes durante la guerra civil tuvo idénticas características arbitrarias y crueles que la de los nacionalistas. La misma Clara Campoamor tuvo que refugiarse en Suiza amenazada por los anarquistas. En más de una ocasión, se ha señalado  que nuestra historia a veces sólo despierta vergüenza y puede ser verdad. Si queremos ser honestos con nuestra memoria histórica así tendremos que reconocerlo.

El error de Iceta. El Mundo. Madrid

Nos advertía Hermann Hesse que es imposible expresar con palabras lo que uno siente en lo profundo de su intimidad, y probablemente sea cierto. Mucho más grave es que la incomunicación derive del desconocimiento o de la pura y simple confusión conceptual. Ha dicho Iceta que si más de un 65% de los catalanes votase a favor de la independencia sería necesario encontrar una solución. El problema es que parece ignorar las características elementales del ordenamiento jurídico e, incluso, de lo que pudiera entenderse por Nación, que ya no responde al romanticismo irracional decimonónico. Cuando Max Weber escribió “El político y el científico” no pudo imaginarse que en el siglo XXI los políticos argumentaran sin una idea mínimamente sólida del fundamento de sus planteamientos. Es bien sencillo:

Primero.-No existen derechos sin sujeto, de tal manera que el de autodeterminación tiene que tener su correspondiente titular. La cuestión es que los independentistas nos han generado un enorme problema sin saber exactamente a favor de quién están reclamando la secesión. ¿Quiénes son catalanes? Los que, como Torra o Puigdemont, conservan una  concepción inmadura e infantil del mundo que les rodea no sabrán responder de una manera precisa porque necesitarían poseer nociones jurídicas (ius sanguinis, ius soli…), culturales y antropológicas de las que carecen.

Si se les dice que Renan definía la Nación como “un sueño de porvenir compartido” se mostrarán entonces satisfechos sin saber lo que significa. En la práctica, todo lo contrario de lo que preconizan, pues los Estados de Derecho representan a ciudadanos cuya patria es la Constitución, es decir un  conjunto de normas que responden a una misma sensibilidad jurídica y cultural. Por tanto, todos los españoles somos extremeños, castellanos y vascos a la vez. Pensar que sólo lo son los residentes en determinada Comunidad, además de provinciano y cateto, constituye un disparate intelectual. La nacionalidad la define el pasaporte, el que escribe se ha sentido siempre tan catalán o más que canario o andaluz. ¿Con que fundamento se me pretende usurpar una exacta condición nacional que adquirí en el momento de nacer?

Segundo.-Sería absurdo sostener que el deseo de secesión de un 65% de la población de Cataluña no constituyese un problema. Claro que lo supondría, implicaría el rechazo del mundo de valores que encarna nuestra Constitución. Sería suicida no tenerlo en cuenta políticamente, pero lo que no se podría hacer en ningún caso es prescindir del derecho de decidir que tenemos el resto de los españoles, tan catalanes como los residentes en Gerona o en Manresa.

Tercero.- Los independentistas tienen  una solución bien sencilla: convencernos a los demás. Ninguna Constitución, con el mundo de sensibilidades que implica, ha sido escrita para toda la eternidad. Existen mecanismos bien claros de reforma, y están a su disposición. Es ridículo pretender utilizar la vía más cómoda para la independencia prescindiendo del derecho de los demás. ¿Por qué se niegan a utilizar las fórmulas jurídicas ya existentes? Eso sí, sin trampas como las de autorizar un referéndum mediante mecanismos que eludan la soberanía de todos y cada uno nosotros. De manera freudiana, se podría afirmar que los independentistas lo que pretenden es vencer mediante la humillación.

Subversión permanente. El Mundo. Madrid

Cuando Curzio Malaparte escribió su Técnica del Golpe de Estado no previó que en el siglo XXI se pudiera ejecutar  simplemente mediante la burla sistemática de la autoridad y la utilización fraudulenta de los instrumentos ofrecidos por el Estado de Derecho, sin necesidad de mayor artificio. Los independentistas catalanes vienen actuando con notable éxito en esta forma mucho antes de los sucesos del 1 de octubre de 2017. Ahora se niegan a acatar los acuerdos de la Junta Electoral Central al parecer con el argumento de que vulneran la libertad de expresión, sin tener en cuenta el dato elemental de que los límites de dicha libertad no pueden ser fijados a su conveniencia. Para colmo, parecen creer que se arriesgan exclusivamente a la imposición de una multa de 300 a 3000 euros. Lo que pretenden, mediante la utilización de recursos, es que la orden de la Junta Electoral no pueda hacerse efectiva a tiempo, es elemental, y debiera tenerse en cuenta lo siguiente:

Primero.- La Junta Electoral Central, que tiene por específica finalidad garantizar la transparencia, imparcialidad y objetividad de los distintos procesos electorales, debe considerarse como autoridad a los efectos del vigente Código Penal. Quienes se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a sus decisiones, órdenes o acuerdos pueden incidir  en los  tipos de desobediencia previstos en nuestro ordenamiento. Es verdad que la LOREG prevé la mencionada sanción de 300 a 3000 euros para la infracción de sus preceptos, pero, y se dice expresamente, siempre que no constituya delito. Si lo fuera, nos encontraríamos en otro campo.

Segundo.-Cuando el obligado al cumplimiento de un acuerdo de la Junta Electoral Central niega su legitimidad, pone en cuestión el ordenamiento constitucional o utiliza de manera fraudulenta sus recursos para eludirlo, no está infringiendo determinada normativa, que también, vulnera el Código Penal. El que conscientemente se sitúa al margen del Derecho deberá atenerse a las consecuencias, lo contrario sería una burla no susceptible de ampararse pues el sistema jurídico rechaza el absurdo. Es a la autoridad judicial a la que corresponderá establecer las sanciones por su desobediencia, adoptando además de inmediato las medidas conducentes a restablecer el orden  violado. Es decir, proceder a retirar los símbolos partidistas de los establecimientos públicos.

Tercero.- Con todo esto se vuelve a poner de manifiesto el absurdo que supone rechazar la aplicación del artículo 155 de la CE con la argumentación de que la Generalitat no está dando motivos racionales para ello. ¿Cómo es posible? El delito que pudieran haber cometido los dirigentes del procés, actualmente sometidos a juicio penal, sea rebelión, sedición o desobediencia, el Supremo lo dirá, no ha cesado sus efectos. Igual que se mantiene la presidencia teórica de Puigdemont,  se rechaza la autoridad del Rey y del Tribunal Constitucional, y se pone en cuestión la jurisdicción de nuestros tribunales, ahora se niega el acatamiento de las órdenes de la autoridad electoral. ¿No atenta todo ello gravemente al interés general de España? Por supuesto que es necesario el diálogo, pero nunca con quienes quieren destruir el Estado.

¿Cuál es la verdad? ABC de Sevilla

Se lee en el Evangelio según San Juan (18:37,38) que Jesús afirmó en el pretorio:"Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el  que es de la verdad, escucha mi voz”. A lo que Pilatos le contesta: “¿Qué es la verdad?”. Es la pregunta eterna de la filosofía: ¿Cuál es la verdad? Si no somos  capaces de ver la luz, sería mejor proceder en la forma que aconseja Ludwig Wittgenstein, en su Tractatus Logico-Philosophicus,  cuando nos dice que «sobre lo que no es posible hablar, es preferible callar». Y efectivamente, cuando la velocidad y complejidad de los cambios te llenan de dudas, parece conviene retirarse a tiempo. Me despido de ustedes entonces, agradeciendo al ABC la forma en que me ha tratado durante este año, ha sido un honor colaborar en el periódico. Pero, como hay que terminar de alguna forma, aprovecho para expresar las pocas certezas que me restan por si de algo sirven:

La que está ocurriendo en estos momentos en Occidente, y por supuesto en España con singular intensidad, es el resultado de la atribución real de la soberanía a la universalidad de los ciudadanos. Una vez que el sufragio censitario fue eliminado y las clases obreras y campesinas, como diría un leninista, accedieron al juego del poder, su participación tuvo lugar a través del mecanismo representativo. Es decir, se creó una burocracia partidista preparada profesionalmente, y ello tanto en la izquierda como en la derecha.  La justificación se encontraba en que la inmensa mayoría no estaba capacitada ni tampoco interesada en la participación directa. Sin embargo, el acceso universal a la educación y el aumento constante del nivel de vida determinan actualmente que todo el mundo tenga el tiempo libre necesario para ocuparse de los vericuetos del juego político.  Y al final Rousseau va a tener razón, pues la gente termina creyendo que la  representación supone una usurpación.

Decía Alexis de Tocqueville que todo proceso democrático conduce a que la gente entienda que cualquier diferencia, por mínima que sea, ofende a la razón. Y la cualidad de representante pasa a considerarse como un privilegio, pues nadie es más que nadie. La igualdad se reclama como un bien muy superior al de la libertad. Los representados se vuelven contra sus representantes, los señalan como enemigos y utilizan a los medios de comunicación para su desprestigio.  No es que quien quiera dedicarse a  la política tenga que vigilar los rincones ocultos de su alma, también debe preocuparse de las de sus abuelos y tatarabuelos. Ha vuelto la Inquisición. En conclusión, nadie que tenga un prestigio que defender se dedicará a la política; solamente a los más osados e irresponsables podrá interesarles.  Es un proceso fatal: el triunfo de la inmensa mayoría, lo que Elías Canetti y Ortega y Gasset llamaron las masas, puede suponer el hundimiento real de la democracia, que no puede existir sin inteligencia ni racionalidad. Es un pensamiento políticamente incorrecto es cierto, pero ni a la izquierda ni a la derecha les conviene la destrucción del Estado de Derecho tal y como las revoluciones burguesas y proletarias lo concibieron.

Y por lo que se refiere en concreto a la vida política española de estos agitados tiempos, lo único que tengo claro es que nuestro régimen constitucional y la defensa de la unidad del Estado dependen de la fortaleza de los tribunales de justicia. Son los jueces, desde el Presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, el instructor Llarena, también Paúl de Velasco en Andalucía,  o Ángel Juanes en la Vicepresidencia del TS quienes con su inteligencia y preparación están defendiendo las instituciones democráticas. Por eso, los independentistas quieren debilitarlos, sembrando dudas sobre su imparcialidad. Parece que no nos damos cuenta de que, como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el ordenamiento jurídico pertenece al mundo de las apariencias.

El prestigioso magistrado de ese Tribunal Sr. M. Zekia señaló, en más de una ocasión, que “igual de importante que hacer justicia es parecer que se hace”. Si de una manera irresponsable alimentamos sospechas sobre su honestidad podemos inevitablemente generar “prejuicios” desfavorables en el TEDH. Y si llegaran a fallar en su día, en el tema del procés,  en contra de nuestro Estado, el daño sería irreparable. Es conveniente que todos lo tengamos en cuenta, la opinión pública también. Sobre todo cuando somete las decisiones judiciales, fundamentalmente las de manera bien cursi llamadas “de género”, otras también,  a un escrutinio desconfiado de carácter policial. Así no se puede seguir…

Nos cuenta Hermann Hesse que Siddharta se convirtió en barquero, el agua corre, pero el río permanece. Y se dijo: “¡He necesitado tiempo para aprender, y aún no he conseguido entender que no se puede aprender nada!”. Pasarán los años, y ninguna de nuestras creencias se mantendrá porque somos una angustiada esperanza de eternidad quizás sin sentido.

Con piedad y sin miseria moral. ABC. Sevilla.

Con belleza, nos dice el Elesiastés: Lo que fue, eso será; lo que se hizo, eso se hará: Nada nuevo hay bajo el sol”. Y es que “todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Su tiempo el nacer, y su tiempo el morir…”. Nada hay eterno efectivamente, por tanto no puede sorprender que un partido ganador de las elecciones en Andalucía durante cerca de cuarenta años esté a punto de perder el poder. No es algo extraño, en los países escandinavos la socialdemocracia se mantuvo en el gobierno buena parte del siglo XX, y fue artífice de su Estado del Bienestar hasta entrar finalmente en crisis. Pues bien, aquí ha llegado la hora del relevo para el Partido Socialista Obrero Español y sería absurdo que sus dirigentes no fueran capaces de comprenderlo. También parece prudente que los vencedores, en cuanto portadores de la necesidad de un cambio, eviten el ridículo y la desmoralización que supondría que no fueran capaces de ponerse de acuerdo. Además, deben evitarse simplificaciones que van acompañadas de buena dosis de mezquindad. Y así me gustaría señalar lo siguiente:

Primero.-Ya desde Goya se ha puesto de relieve la dureza del pueblo español hacia los derrotados, aquí muchas veces se prefiere la humillación del contrario antes que el logro de sus respeto. Somos cainitas, y lo demostramos a la hora de tratar a los antiguos presidenetes de gobierno. No es posible olvidar el desprecio con el que Pedro Sánchez se dirigió a una persona tan digna como Marian Rajoy, ¿hay algo más contrario a la ética que el insulto que le soltó en pleno debate electoral? ¿Y no es ciero que sus rivales quisieron llevar injustamente a la cárcel a Felipe González por todos los medios? Decimos esto porque la derrota del PSOE en Andalucía ha sido en gran parte producto de sus errores, es verdad. Pero, desde una mínima elegancia, es necesario recordar que su permanencia en el poder fue consecuencia directa  de la aceptación por el electorado, es decir por los andaluces. Y no hay que eludir el respeto que deben merecer todos y cada uno de sus presidentes, alguno de ellos, como José Antonio Griñán, tratados con enorme crueldad e injusticia por sus enemigos partidistas, a pesar de su categoría. Al admirable Albert CAmus pedía, en Les Justes algo tan elemental como “un mínimo de piedad”.

Segundo.-El resultado obtenido por los partidos Popular, Ciudadanos y Vox refleja, es indudable, una voluntad de cambio. Deberían tener en cuenta, sin embargo, que no hay nada más peligroso que no ser capaces de administrar un triunfo. Sería decepcionante que no tuvieren la mínima generosidad e inteligencia a la hora de negociar entre ellos. Más grave aún, que no supieran interpretar los resultados. La necesidad de modificación de rumbo, que refleja las urnas, debe entenderse en gran medida en clave nacional, no de nuestra Comunidad. El Partido Socialista Obrero Español, uno de los ejes centrales del constitucionalismo español de 1978, y garante hasta ahora de su estabilidad, carece ya de legitimación moral para gobernar en España desde el momento en que se apoya en los independentistas catalanes, lo que constituye una vergüenza. Una buena parte de los andaluces han querido expresar su miedo a la destrucción de nuestro país, han tratado de influir sobre Madrid y punto. Es preciso tenerlo en cuenta, pues no es el momento de políticas mezquinas y estrechas. De lo que se trata es de incidir en la política estatal.

Tercero.-Todos los pueblos defienden su grandeza, y Andalucía tiene el mérito, expresado en la simbología, de actuar por sí, “para España y la humanidad” por muy cursi que pudiera parecer. Uno de sus primeros estadistas, después de identificarse como españolista, señaló que nuestro objetivo debía ser eliminar la desigualdad económica e injusticia social que habíamos padecido durante siglos. Nuestra Autonomía se ha identificado así con el progreso y la necesidad de liberación, rechazando cualquier tentación nacionalista. Los miembros del nuevo gobierno deberán tener en cuenta que lo único importante es recuperar la cohesión estatal y la defensa de la unidad. Sería absurdo, además de suicida, embarcarnos en políticas competitivas con otras Comunidades.

         Es el momento de un cambio probablemente decisivo, es hora de la recapitulación. Así, habría que expresar agradecimiento a todos los que han luchado, en este tiempo, por Andalucía. Ha habido políticos malos y corruptos, cierto, pero también generosos y eficaces. Y ello en todos los partidos, no es posible olvidar, entre otros muchos, al miembro del Partido Popular Antonio Garrido Moraga, un gran intelectual recientemente fallecido. Tampoco a la culta e inteligente Fuensanta Coves, del PSOE, que llegó a ser Presidenta del Parlamento, o a Inmaculada Nieto y Horacio Lara, ambos de Izquierda Unida y ejemplos de generosidad. La categoría no es privilegio de ninguna formación. A nuestra Comunidad le ha llegado la hora de la transformación, ojalá sea con grandeza. Si no son capaces, menuda irresponsabilidad.

Vox no es un partido fascista hoy. El Mundo. Madrid

“Cuando yo uso una palabra – dijo Humpty-Dumpty con un tono burlón – significa precisamente lo que yo decido que signifique: ni más ni menos”. Lo decía Humpty-Dumpty, y lo dicen siempre los que mandan, los que tienen capacidad para adulterar el lenguaje. Así, se llega a afirmar con rotundidad, a raíz de las elecciones en Andalucía, que Vox es un partido fascista, y la verdad es que los que lo dicen no tienen mucha idea de lo que fue el fascismo, ni tampoco lo han combatido nunca. Para bien o para mal, Vox no es más que la reacción de una parte del pueblo andaluz a la torpeza y dejación de los partidos estatales con respecto al problema catalán. Caso contrario, el porcentaje de votos que han conseguido sería mucho menor. Es una cuestión elemental:

Primero.-El Partido Popular, al menos desde un punto de vista político, incurrió en clara dejación de sus responsabilidades en Cataluña. Con independencia de la categoría personal de Rajoy, lo cierto es que en esta materia se abstuvo de actuar. No tuvo ni la energía, tampoco la grandeza y altura de miras necesaria para afrontar el problema. No se planteó siquiera el mantenimiento del art. 155 de la CE cuando jurídicamente existían posibilidades reales para ello. Decepcionó en consecuencia a sus votantes.

Segundo.-El Partido Socialista tan próximo a lo mejor del catalanismo y a su historia, no podemos obviar la brillantez de Borrell, en los últimos tiempos ha dado la impresión de ser capaz de aliarse a los independentistas con tal de permanecer en el poder. Si la moción de censura hubiera estado basada en la corrupción del PP, Pedro Sánchez tendría que haberse limitado a convocar elecciones y punto. Conservar el gobierno implica dar posibilidades a quienes mantienen viva una rebelión política, jurídica también si hacemos caso al profesor Enrique Gimbernat.

Tercero.-Un partido es de extrema derecha cuando propugna la vulneración de la legalidad, fomenta la violencia y pretende la eliminación de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Eso es lo que hizo la dictadura franquista, y así en sus comienzos fue calificada justamente como fascista. Vox, por ahora, no ha hecho nada de eso. Si lo hiciera, sería legítimo volver contra ellos a las barricadas. Mientras tanto, su discurso no constituye más que parte de una reacción contra el abandono de una política clara en materia territorial, todo lo demás es accesorio.

Enmanuel Macron ha dicho de manera bien brillante que el nacionalismo constituye una traición al verdadero patriotismo. Es cierto, ya afirmaba Manuel Azaña que ser patriota español no significaba otra cosa que defender el caudal  de belleza, bondad y cultura que España había aportado al mundo. Y dentro de ese caudal está lo que nos ha dado Cataluña. Pedro Sánchez no parece haberse dado cuenta que con sus pactos, aunque sean meramente tácitos, con los independentistas está traicionando el amor que una parte importante del pueblo español siente por Cataluña. Es suicida abandonarla a su suerte, porque es de todos nosotros. El éxito de Vox forma parte de esa reacción, su torpeza y la del PP lo han creado.