La psicosis del terror (en El País)

Decía Albert Camus que "ha habido en el mundo tantas pestes como guerras y, sin embargo, pestes y guerras cogen a las gentes siempre desprevenidas... Nuestros conciudadanos, a este respecto, eran como todo el mundo; pensaban en ellos mismos; dicho de otro modo, eran humanidad: no creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre, por lo tanto el hombre se dice que la plaga es irreal, es un mal sueño que tiene que pasar. Pero no siempre pasa, y de mal sueño en mal sueño son los hombres los que pasan". Hasta hace poco, los andaluces tampoco creíamos en las plagas. Sin embargo, los recientes asesinatos de Luis Portero y de Muñoz Cariñanos han provocado un estado de angustia colectivo no siempre expresado, pero desde luego perceptible.

Todos los días surgen nuevas listas, que cada vez se sienten más próximas. Y así, de amenaza en amenaza, la ciudadanía en su conjunto parece haberse reencontrado con una nueva modalidad de la peste bíblica, el terror. Todo el mundo quiere seguridad y surgen los reproches por la que se pudo tener y no se tuvo. Sin embargo, por mucho que se busquen escoltas y guardaespaldas, de poco servirá. Es muy difícil mirar todos los días los bajos de tu coche, cambiar de itinerario, observar caras nuevas en el vecindario... sin que al final no te quiebres psicológicamente, no te domine la neurosis. La angustia es una horrorosa experiencia individual, pero es su generalización a nivel colectivo lo que precisamente persigue el terrorismo.

Se trata de conseguir que la sociedad se desestabilice, sea incapaz de tomar decisiones racionales sin estar poseída por el miedo. El ¡que se vayan! será al final una decisión liberadora. La gente justifica siempre lo que necesita creer. Y, cuando no puede más, de nada servirá plantear la inmoralidad de abandonar a más de la mitad de un pueblo a su suerte, el carácter fraudulento de una decisión adoptada exclusivamente por las tres provincias del País Vasco sin tener en cuenta a Navarra o a los departamentos del norte francés, o la necesidad de una modificación de carácter constitucional que haría surgir siempre el problema de que un pacto social, el que dio lugar en su día a la realidad histórica que llamamos España, no puede romperse por la decisión unilateral de una de las partes que lo hubieron firmado.

Lo que exclusivamente importará será la necesidad de eliminar el miedo, y nada más. Y si ello es así, será sin duda lamentable. Un problema como el del País Vasco sólo puede solucionarse partiendo de la lógica y la razón. Desde que la Ilustración dejó establecidas las bases de lo que denominamos civilización occidental, se ha partido de la creencia generalizada de que todo problema puede ser resuelto buscando el método adecuado para llegar a su esencia, huyendo de la irreflexión y los prejuicios. Euskadi se ha convertido en un trauma para nuestro país. Ojalá seamos capaces de solucionarlo con inteligencia, generosidad y, sobre todo, serenamente.

Prensa,tribunales y el sambenito de los inquisidores (en el diario El País)

Como nos cuenta Henry Kamen en su excelente trabajo La inquisición española, el sambenito, corrupción de las palabras saco bendito, era un traje penitencial usado en la Inquisición medieval y adoptado por la española. Por lo general era amarillo con una o dos cruces diagonales pintadas sobre él, siendo condenados los penitentes a llevarlo como señal de su infamia por un periodo indefinido que podía ir de varios meses a toda la vida. Cualquiera que fuese condenado a llevarlo tenía que ponérselo cada vez que salía de su casa. Deliberadamente se quería originar vergüenza, pero también perpetuar la infamia. Así, en algunos casos, quedaba colgado en la iglesia parroquial ad perpetuam memoriam. Las llamas y demonios que en él se dibujaban constituían el símbolo eterno del pecado contra Dios. El penitente quedaba fuera de la comunidad, marcado para siempre por el horror.Hoy día, en cambio, la propaganda dominante nos ha hecho creer que vivimos en un perfecto Estado de Derecho, completamente asegurados por el establecimiento del imperio de la legalidad. Habrían desaparecido los sambenitos.

Lamentablemente tal idea no deja de constituir más que una aspiración, en el fondo completamente falsa. Existen ahora medios mucho más eficaces para la humillación de los delincuentes, basta con someterlos al ojo vigilante de la prensa y, sobre todo, de una televisión que quiere sacar a la luz del día los reductos más secretos de la intimidad. Es verdad que la actuación de los medios de comunicación aparece legitimada por su condición de garantía de la formación de la opinión pública, que constituye la base sobre la que descansa cualquier Estado democrático. Esto es cierto, pero no debe llevar a olvidarnos que, como indica el artículo 10 de la Constitución española, la dignidad de las personas es el "fundamento del orden político y de la paz social" y que lo que conocemos como civilización occidental no puede entenderse sin la misma.

Y decimos lo anterior porque el problema de la información en los tribunales no supone otra cosa, en la práctica, que una permanente colisión entre esa libertad y la profunda dignidad de todos aquellos que, en un concepto u otro, deben presentarse ante el juez. ¿No constituirá la prensa, en ocasiones, el nuevo sambenito a sufrir por quienes transgreden el orden social? El símbolo más eficaz de la pérdida de la honorabilidad lo constituye actualmente el ingreso en prisión, o la simple incoación del proceso. No hay mayor tacha que la comparecencia ante el juez en concepto de imputado. Las cámaras fotográficas, el atosigamiento de los reporteros, la imagen tomada por unas televisiones atentas a cualquier señal de inseguridad o de temor... En estos casos no será necesario esperar a la conclusión del "juicio", la condena ya habrá sido impuesta pues el inconsciente colectivo quedará fijado por la escenográfica llegada a los Palacios de Justicia.

Miguel Delibes describiendo un auto de fe en Valladolid, en su espléndida novela El hereje, nos dice: "Eran apenas las cinco de la mañana pero un incierto resplandor lechoso anunciaba el día por encima de los tejados. A la cabeza de la procesión, a caballo, portado por el fiscal del reino, flameaba el estandarte de la Inquisición". Y, tras él, "dos dominicos portando la enseña carmesí del Pontificado y la cruz enlutada de la iglesia del Salvador, precedían a los reos relajados, destinados a la hoguera, con sambenitos de demonio y llamas y corozas decoradas con los mismos motivos". Se trataba de un magnífico espectáculo efectivamente, pues históricamente la lucha contra el crimen ha basado su eficacia en la representación escénica, es decir, en su capacidad para impresionar, para producir temor. Actualmente, sin embargo, la simple compasión que es la base de todo sentimiento civilizado nos debería llevar a rebelarnos enérgicamente frente a situaciones de esta índole, intentado evitar que la información periodística pueda degenerar en humillación y crueldad.

Juristas para la democracia. El Correo de Andalucía. Sevilla

Con motivo de la próxima presentación de la “Asociación de profesionales del Derecho para la defensa del orden constitucional”, se están desarrollando interesantes debates en torno al papel del derecho en una sociedad democrática. Nuestro objetivo es la defensa de un orden jurídico, el constitucional. La afirmación parte de una paradoja. En ningún país de nuestro entorno cabría hablar de una Asociación para la defensa de su orden jurídico. La Constitución se impone por sí misma, no necesita defenderse.

Es más, en estos países, la inmensa mayoría de los planteamientos intelectuales, en torno a la Constitución, parten de tesis superadoras o de crítica a la misma. Lo cual es lógico. La Europa de postguerra partió de unas premisas ideológicas unánimemente aceptadas a nivel social. El Estado democrático como antítesis a las fórmulas autoritarias del reciente pasado estaba hondamente consolidado. El orden jurídico de la democracia sólo podía ser objeto de críticas desde perspectivas de izquierda. La derecha había asumido, como sistema propio, el de la democracia. El hombre de orden europeo es un hombre constitucionalista.

El problema de este país es que todavía la sociedad, sectores importantes de la misma, no han asumido la Constitución como orden jurídico de todos. Es más, hay que reconocerlo, para amplios sectores de esa sociedad el rechazo de nuestro orden jurídico es consecuencia de que ideológicamente, de modo pasivo, están por otro orden.

La transición político española, al posibilitar una evolución dentro de la legalidad, determinó la inexistencia de la sensación de fracaso que las fórmulas institucionales europeas, de carácter autoritario, sufrieron con la segunda guerra mundial. En España, en cambio, el proceso de descomposición del régimen anterior, dirigido y gradual, ha determinado que amplios sectores de la sociedad, beneficiarios directa o indirectamente del mismo, anhelen su orden. Y ello porque los esquemas ideológicos del sistema si bien se revelaron incapaces de adaptación a la “modernidad”, no experimentaron, en cambio, el trauma de la destrucción violenta.

El problema tiene, entre nosotros, características peculiares. El país lo que necesita es la conciencia de un orden jurídico unánimemente aceptado. El convencimiento de que el Derecho es para todos y de que, hoy por hoy, es imposible, con mentalidad europea, un derecho de carácter autoritario. Convencimiento de todos los juristas debe ser que el Derecho, para ser verdaderamente tal, tiene que ser entendido desde y para la libertad. Sólo un derecho inspirado en la libertad puede posibilitar nuestra propia reacción personal como profesionales. No nos importan, entonces, las limitaciones o imperfecciones que pudiera tener el contenido de nuestra Constitución. Nos basta con saber que quiere ser de todos y para todos.

Cabe plantear un tema ulterior. ¿Es necesaria la participación activa del profesional del derecho en una sociedad en evolución democrática? Creemos que sí. Todo cambio de sistema político implica un cambio de capa dirigente. Las convulsiones revolucionarias, en la historia, han supuesto, siempre, el desplazamiento del equipo dirigente del anterior régimen por otro inspirado en contenido ideológico distinto.

        La transición política española ha traído, igualmente,  el mencionado relevo. Con una peculiaridad, nuestra evolución ha sido netamente jurídica. Pero, siempre, con un salto. A guisa d ejemplo, no hay solución de continuidad normativa entre la España de Alfonso XIII y la España de la República del 31. Sus esquemas constitucionales estaban inspirados en principio radicalmente diversos.

Nuestra transición, por el contrario, vino marcada por los propios instrumentos jurídicos del régimen anterior. Se ha tratado de un proceso único reconocido como tal por innumerables tratadistas. Como es lógico, tales características han producido imperfecciones, pero han permitido el cambio. El papel del jurista ha sido tremendamente importante en la transición. Pero, en España, paradójicamente, los juristas del cambio estaban, ideológicamente, em el campo opuesto. Fueron los intérpretes de las normas del anterior sistema, los que posibilitaron los mecanismos de la evolución.

         Estamos en un momento distinto. Han surgido, por tanto, los juristas de la democracia. Asumir el contenido constitucional desde las propias posiciones de la democracia. Defender ese contenido y proyectarnos en una sociedad de a que no podemos ser meros intérpretes pasivos.

Mi padre, el Presidente en Tierras del Sur

Pienso que hacer una semblanza de mi padre, puede pecar de subjetivismo; mi visión no puede ser sino parcial y limitada. Recuerdo la influencia que para todos nosotros, sus hijos, ha tenido en la infancia la figura de Uriel. Era el personaje central de la obra de teatro La casa de los siete balcones de Alejandro Casona, representada por mis padres en Santa Cruz de la Palma. Se trataba de un chico mudo a quien su tía Genoveva enseñaba una sola palabra: No. El no de la rebeldía, del incorfonmismo. Mi padre cultivó siempre aquel espíritu, bautizando a uno de mis hermanos con el nombre de Uriel, que, curiosa, románticamente, significaba ‘Chispa de Dios’.
    Posteriormente, otra obra, Baco, de Jean Cocteau, contribuyó a llenarnos de admiración con aquella frase en la que nos venía a decir que no pertenecería a ningún «dogma» porque, en ese caso, traicionaría a su alma libre al seguir sus dictados, o bien traicionaría al «dogma» por atender a su alma. Creo que estos dos sentimientos, el de la rebeldía y la libertad, son los que mejor pueden sintetizar lo que, en pasión de hijos, representa Plácido padre para nosotros.
    De otra parte el retrato de su personalidad me viene condicionado por las numerosas vivencias que hemos experimentado juntos. Creo que no es propaganda señalar cómo la nuestra ha sido una de tantas familias perseguidas por la «Dictadura». El año 1970, estando uno de sus hijos en los calabozos de la «Gavidia», fue una de las pocas veces que le hemos sentido debilitarse, perder su rigidez de padre.
    Desde entonces, y hasta bastante después de la muerte de Franco, han sido años muy malos para la familia. Nos privaron de pasaportes, de certificados de buena conducta, para culminar con su suspensión de empleo y sueldo en el año 76. Y sin embargo, salimos adelante.
    Un rasgo anecdótico e inédito de su personalidad nos lo da el sentido casi patriarcal de su familia. Hasta hace pocos años acostumbraba, en los veranos, a recorrerse el país con todos los hijos a cuestas. Y más de una vez despertó el sentido del ridículo de los mayores, al hacernos bajar del coche en medio de la Gran Vía madrileña, para ponerse a contarnos por si faltaba alguno de los más pequeños: el público que alrededor nuestro se congregaba llegó a pensar que se trataba de alguno de los antiguos programas televisivos de ‘Objetivo Indiscreto’.
    Siempre gustó de hacer humor con los problemas derivados de su numerosa prole. En Castilleja de la Cuesta, donde vivimos algunos meses, nos llamaban «los rusos» por la cantidad de ruidos que salían de casa y quizá por la matrícula marroquí del coche de mis abuelos que a alguien en el pueblo le debió sonar vagamente esotérica y extraña. Por eso, acostumbrados a un Plácido padre, nos va a ser difícil verlo como «honorable presidente».

Los jóvenes, hoy. Universitarios de ahora. Tierras del Sur

Frente a la conflictividad universitaria de los años finales del franquismo, resulta interesante observar cómo el apoliticismo y la moderación han constituido las notas características de los últimos cursos académicos.

Le explicación es, en principio, fácil si se tiene en cuenta que la institución universitaria se convirtió durante las últimas décadas en la mejor caja de resonancia de que disponían la pequeña y mediana burguesía para reflejar la inadecuación de sus intereses económico-sociales con las estructuras político-ideológicas existentes en el país.

A falta de otros cauces legítimos de oposición, la Universidad, por sus propias peculiaridades, los centralizaba todos. En definitiva, los universitarios cumplimos, en ese tiempo, un papel que en pura lógica política no nos correspondía.

Entonces, y a pesar de los problemas, contábamos con un proyecto de sociedad, con una alternativa real. Todos nuestros esfuerzos   se limitaban a derribar al “régimen”. Lo que viniese después era, hasta cierto punto, secundario.

Y, efectivamente, comenzó la democratización: se cumplieron parte de nuestros objetivos.

Las generaciones posteriores se han quedado sin posibilidad de elaborar una alternativa racional a su propio “status”. La sociedad española ha empezado a asemejarse a lo que constituyó la ilusión de su intelectualidad: el mundo occidental. Pero, como siempre, lo ha hecho tarde y en un momento de crisis de ese mundo.

Tras el último intento de crear un universo  paralelo, el de las colectividades “hippies” con su aspiración de conseguir al igual que el “Siddharta” de Herman Hesse, la última verdad a la vera de cualquier río perdido, la juventud actual aparenta haberse sumido en un tremendo nihilismo.

Parece como si, ante la decepción derivada del desgaste de todos los programas de ordenación sistematizada de la existencia, los grupos juveniles de hoy se orientaran hacia lo irracional, hacia el caos.

Fuerza Nueva y grupos anarquistas han sustituido a los antiguos militantes de izquierda. En las horas libres, el porro y “El Viejo Topo”  reemplazan la lectura de El Capital

¿Dos legalidades? Tierras del Sur

Dos opciones políticas se ofrecían al país a la muerte de Franco: evolución o ruptura. La elección de la primera, posibilitada por el engarce que con el sistema anterior suponía el protagonismo real, iba a tener consecuencias fundamentales.

El proceso del postfranquismo ha venido, de un modo claro, condicionado por el hecho de que la legalización de las fuerzas políticas, de las reglas de la democracia, tenía como contrapartida el respeto al “status” jurídico anterior, la no desvinculación con el mismo.

La justificación fue fácil de encontrar, teniendo en cuenta que el aparato del “régimen” difícilmente se dejaría arrebatar el poder de las manos para que fuera, luego, utilizado contra él. Todo ello permitió un cambio sin traumas, pero impidió la ruptura jurídica, lo que ha supuesto una hipoteca para todo el curso posterior de los acontecimientos.

Toda situación política ha de guiarse por unas reglas del juego, que no sólo han de ser ideológicas sino también de derecho. El orden jurídico de la Libertad ha de ser completamente distinto del de la Dictadura. Y es aquí donde podemos encontrar la esencia del problema. Este país no ha tenido una pauta jurídica en su evolución. Nos dirigíamos hacia la democracia, legitimando, al mismo tiempo, al franquismo.

La transformación se ha producido, así, lentamente y a través de compartimentos estancos. La permeabilización de algunos sectores ha sido y sigue siendo aún muy difícil.

La mejor constatación de lo expuesto la encontramos en el juicio del capitán Domínguez, así como el reciente procesamiento y posterior condena de los miembros de un conocido grupo teatral. Sin olvidar, no podemos hacerlo la incoación de expediente al señor Chamorro, miembro de la carrera fiscal.

En definitiva, la cuestión radica no sólo en que los mismos órganos de poder han pretendido servir para la democracia, sino que, en ocasiones, se produce una superposición  de normas provenientes de aquella época para los cuales no ha llegado aún la hora de su reforma. Y esto trae al ánimo de las gentes una confusión que se hace preciso salvar a toda costa.

La gran paradoja del proceso político que estudiamos la constituye el hecho de aparecer como heredero del régimen franquista. Ha sido su complejo normativo, fundamentalmente el sucesorio, el que ha permitido el control, y desarrollo de la “evolución”. Es cierto que los diversos cambios cuantitativos habidos posibilitan hablar de un salto de tipo cualitativo, pero el excesivo respeto al ordenamiento jurídico preestablecido determinó la coexistencia y consiguiente confusión de dos estados de legalidad que tendían a contrarrestarse.

Sin llegar, por tanto, a la nulidad absoluta de las disposiciones normativas obsoletas que constituyeron cauce al ejercicio del poder político anterior y sin un honesto saneamiento de sus principales órganos, no será posible, todavía, hablar de democracia en este país