En defensa de Juan Carlos. El Mundo. Madrid

“Entre la justicia y mi madre, prefiero a mi madre”, la frase da medida de la categoría moral de Albert Camus. En su polémica con Jean Paul Sartre y los activistas franceses de mediados del siglo pasado, puso de relieve que no hay exigencia ética superior que la que debemos a  quienes amamos, sobre todo si constituyen nuestra patria. Combatir por una abstracción a veces es fácil, se queda como un héroe de cara a la galería si te matan. Sin embargo, los gestos teatrales rebeldes pueden esconder una cobardía moral. Hay quienes son capaces de morir por una idea, y son valientes. Muchos otros, con las espaldas bien aseguradas, pretenden demostrar un coraje inexistente amparándose en los tópicos bienintencionados de la mayoría social. Pueden querer aprovecharse de la situación, ser viles incluso.

AL Rey Juan Carlos los militantes del PCE lo apodábamos “El Breve”, su escaso interés intelectual y apoyo franquista parecían condenarlo a la inconsistencia de una página perdida de la historia. No fue así, hay que reconocer que la transición no hubiera sido posible sin él. Es más, fueran cuáles fuesen sus incidencias completas, el golpe de estado de Tejero hubiera triunfado sin su oposición, pues la mayoría del ejército estaba con los sublevados. Si hubiera querido le bastaba con haberse callado la noche del 23 de febrero de 1981, desde Milans del Bosh hasta Armada, los “pesos pesados” de nuestra milicia, querían destruir la  democracia. Bien aconsejado o por propia iniciativa, se enfrentó a ellos y nos salvó.

Independientemente de lo que sostengan opiniones doctrinales minoritarias, ciertamente respetables, Juan Carlos, durante todo el período de su reinado, estuvo protegido por la prerrogativa de la inviolabilidad del artículo 56.3 de la Constitución española. Es decir, no está sujeto a responsabilidad. Ciertamente, como todos los gobernantes, está sujeto al juicio de la historia. También era irresponsable Luis XVI y fue llevado a la guillotina. Pero en los cambios revolucionarios no se juzgan las actitudes personales sino el símbolo que representan. No es una crisis de esa índole la que vive España, ni es posible reconocer a Robespierre o a Saint Just, más bien a populistas malcriados. Son niños que están jugando con fuego, desde luego, porque los estados se vienen a pique cuando los dirigen mentecatos.

No es posible eludir que Juan Carlos tiene, y ha tenido, responsabilidad moral por sus actos. Se puede ser un una persona simpática, bonachona y ocurrente, como es el caso, e incidir al mismo tiempo en actitudes poco prudentes, incluso reprochables desde la ética, es cierto. Hay una cosa elemental, sin embargo: no cabe realizar un análisis sin tener en cuenta los usos de la época, sus costumbres. Es decir, utilizando terminología jurídica, sin considerar la realidad social del tiempo en que fueron realizados los  actos. Gracias al Rey emérito, España consiguió una ventajosa posición en las relaciones con las monarquías petroleras y  eso hace años podía implicar lo que implicaba. Es imposible juzgar, ni siquiera moralmente, de manera retroactiva.

En el derecho británico hay una máxima bien utilizada por William Blackstone: the king can do not wrong, el Rey no puede equivocarse, que significa sutilmente algo superior a la inviolabilidad. Implica la ficción de que la actuación del Monarca siempre es justa. Podremos estar equivocados, pero si un régimen quiere sostenerse será necesario que los súbditos lo acepten aunque tengan dudas. Pascal decía que en España no existía la piedad. Por la cuenta que nos trae, más vale que en este caso la tengamos

¿Abandonamos también Ceuta y Melilla? El Mundo. Madrid

¿Conoce el Gobierno la actual posición marroquí sobre Ceuta y Melilla?, ¿es consciente de las incidencias históricas de la relación con nuestro vecino? Tradicionalmente, la política exterior constituyó un escenario propio de  estadistas serios, expertos en los vericuetos del panorama internacional. De ahí el prestigio de la carrera diplomática. Hoy día, da la impresión de que a nuestros dirigentes lo único que les preocupa es el mayor o menor número de pateras que se dirigen a las costas españolas, sin darse cuenta de lo que realmente está detrás y supone el marco del  problema que puede plantearnos Marruecos.

Primero.- El Sahara era una provincia española en la misma forma que Málaga, Jaén o Almería lo son. Desde cualquier punto de vista, los saharauis eran compatriotas nuestros. Tras una política de chantaje, que culminó con la “marcha verde”,  aprovechando  la debilidad española en los momentos de la enfermedad y muerte de Franco, Marruecos obtuvo a finales de 1975 la cesión de la administración del territorio, procediendo a su ocupación.

De una forma vergonzosa, dejamos abandonados a sus habitantes. No tuvimos el coraje de los británicos cuando los argentinos, independientemente de sus razones de fondo, ocuparon “manu militari” las Malvinas. Desde el otro extremo del mundo, acudieron a defender a sus compatriotas. De manera similar, los portugueses supieron proteger la independencia de Timor oriental cuando fue invadida por Indonesia.

Segundo.- Previamente a la ocupación, el Tribunal Internacional de la Haya, en octubre de 1975, había concluido que “ni los actos internos ni los internacionales invocados por Marruecos indican la existencia ni el reconocimiento de lazos jurídicos de soberanía territorial entre el Sahara occidental y el Estado marroquí”. Por tanto, nuestro vecino, que siempre juega bien sus cartas, carecía de título suficiente para ello. En cerca de cincuenta años, no hemos hecho nada para  remediar el trato cruel que sufrieron los saharauis. Constituye, además,  una muestra de falta de inteligencia al tratarse del único país, junto con Guinea Ecuatorial, de lengua española en África, y suponer  la mejor defensa estratégica para Canarias.

Tercero.- Debería saber el Gobierno, da la impresión de que no lo sabe, que Marruecos rechaza la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, las equipara con la situación de Gibraltar. Y mientras Gran Bretaña cuenta con la excusa de sus ciudadanos, nosotros estamos perdiendo esa baza desde que el censo está jugando a favor de la población musulmana; lo que sirve para constatar nuestra torpeza y falta de planificación. De nada valdrá recordar que dichas ciudades están relacionadas con la historia española desde los visigodos y el califato cordobés, en política internacional no sirven los relatos románticos.

Los marroquíes son conscientes de la debilidad derivada del problema catalán, ¿queremos que nos vuelva a pasar lo del Sahara? Si los que nos gobiernan sólo saben implementar inmaduras políticas exhibicionistas, “jugando a las casitas”, más valdría que se retiraran a tiempo. ¡Desgraciadamente, ya no tenemos siquiera a Borrell!

Lenguas extrañas. El Mundo. Madrid

Contaba Giovanni Guareschi las desventuras de unos campesinos algo sinvergüenzas que, en tanto los americanos avanzaban por la península italiana en el caos de la destitución de Mussolini, se apropiaron de un tanque abandonado, decían, por las tropas alemanas en retirada. Lo escondieron cuidadosamente en un granero, decididos a aprovecharlo como tractor. Llegada la paz, comprobaron que no estaban capacitados para una transformación de tal envergadura: ¿qué hacer?, ¿cómo explicar la posesión del armatoste? Tenían que evitar que se les involucrara en actividades subversivas. Angustiados, pidieron consejo al Alcalde comunista del pueblo, que puso en movimiento la maquinaria del partido para hacerlo desaparecer. Una vez conseguido, Pepón, que así se llamaba el Alcalde, les apostrofó: ¡Traidores, no era alemán, era americano! A lo que avergonzados se limitaron a responder: “Americano, alemán…todos hablan lenguas extrañas!

Cuando se hablan distintas lenguas, se resquebraja el sentimiento de pertenencia común desde el momento en que la expresión verbal afecta a los propios mecanismos de conformación cerebral, como acreditaría cualquier especialista. En esencia, incluso en sentido literal, eso es lo que nos está pasando: el experimento autonómico, que nació con la misma alegría que produjo en su día el 14 de abril de 1931, está terminando en un  fracaso que puede conducir a la ruina ahora de nuestra monarquía parlamentaria. A manera de taifas, estamos generando tan distintos intereses, separándonos en tantas lenguas, que el ambiente llega a ser irrespirable. Es imposible afrontar una política unitaria común,  inmediatamente saboteada incluso a nivel exterior ¿Cómo ha sido posible?

Primero.- La articulación territorial del Estado español, que surge con la Constitución de 1978, vino condicionada por razones históricas: la existencia de unas Comunidades con fuerte referencia nacional, y cuya singularidad jurídica se justificaba por haber contado en la II República con Estatutos de Autonomía, los casos de Cataluña, por ley de 15 de septiembre de 1932, y del País Vasco desde octubre de 1936. También Galicia plebiscitó la correspondiente norma el 28 de junio de 1936, sin poder aplicarse por la inmediata ocupación franquista. Con el advenimiento del régimen constitucional, las tres fueron consideradas, desde el inicio, como “nacionalidades históricas”. El peso determinante de sus lenguas “propias”, y la represión que sufrieron durante la dictadura, las hizo objeto de relevante atención. También la fuerza de sus relatos de autoidentificación. Era lógico que el restablecimiento de las libertades públicas implicara el reconocimiento de su particularidad.

Segundo.- El problema es que una parte importante de la clase política, la más conservadora especialmente, sintió pánico ante el potencial desestabilizador catalán y vasco. Generalizaron entonces un Estado de las Autonomías al objeto de debilitar los peligros del separatismo. Creían que si todos tenían “café” el problema se diluiría. No era mera estupidez, tenían serios argumentos: el fracaso de la Primera República no puede entenderse sin el cantonalismo. En el de Cartagena, por ejemplo, un personaje singular, Antonete Gálvez, llegó a proclamarse comandante “general de las fuerzas del Ejército, Milicia y Armada” enarbolando una bandera turca creyendo pintorescamente que se trataba de la roja. Y en la Segunda, basta leer a Hugh Thomas o a Gabriel  Jackson para darse cuenta de la responsabilidad de los nacionalistas, incluida la proclamación de un Estado Catalán en 1934, en su destrucción.

Si se juzga simplemente desde la deslealtad, habría que recordar, en plena guerra civil, el Pacto de Santoña por el que las fuerzas militares controladas por el PNV se rindieron por su cuenta a las tropas italianas sin consultar al Gobierno legítimo.

Tercero.- Hoy, 28 de febrero, se celebra el día de Andalucía y es cierto que en la transición, también en esa Comunidad, los antifranquistas se manifestaban reivindicando un  Estatuto de Autonomía. Los andaluces no eran ajenos a su rica historia,  y no podían olvidar el rasgo distintivo que los caracterizaba: un atraso social que exigía intensa labor de transformación, pues como fue poéticamente señalado el día de la investidura de su primer presidente: “Es hora de que este pueblo empiece a cantar sin pena”, para que sea “la vida [y no la injusticia de siglos] la que toque la guitarra”. Pero la misma necesidad de diferenciación sería predicable de Canarias, con su reivindicación atlántica, Aragón, Valencia y todas las demás. El problema radica en que una cosa es una descentralización administrativa y otra, bien distinta,  crear 17 estados con sus respectivos “padres de la patria”, parlamentos, ejecutivos y reivindicación de propia, e irrenunciable, nacionalidad. Después de cuarenta años, todo ha terminado siendo ridículo y bien triste

Cuarto.- Ya no hay vuelta atrás, sin embargo. Y demuestran falta de inteligencia los más radicales portaestandartes del centralismo. Eliminar el Estado de las autonomías es imposible, originaría una rebelión social imposible de contener. Decían los antiguos que nada se puede contra “las leyes subterráneas de la historia”, que favorecen en este momento tribales resistencias frente a la globalización. En casos así, lo prudente sería intentar controlar el fenómeno antes que oponerse frontalmente. Además, la proliferación de instancias intermedias no sólo acerca el poder al pueblo, puede resultar un instrumento bien eficaz para la planificación y el desarrollo. Los dirigentes de Voz, representantes de un nacionalismo puramente reactivo frente a la agresividad independentista, deberían tenerlo en cuenta.

Quinto.- Si no hay posibilidad de retorno, y la efectividad actual de nuestra articulación territorial resulta imposible, es que necesitamos una reforma constitucional; pero hay que saber qué se pretende. Claro que es necesario fomentar una política generosa de consenso, es lo que hicieron los constituyentes del 1978. La diferencia es que ellos conocían el objetivo: el restablecimiento de la democracia y de las libertades. Los temores conservadores podían chocar con las ideas de Jordi Solé Tura  cuando profundizaba sobre burguesía, naciones y nacionalismo en España. El marco, sin embargo, era bien claro: la equiparación política de nuestro país con el resto de las democracias occidentales. Un hombre inteligente como Fraga sabía que, en este sentido, sería disparatado oponerse a Gregorio Peces Barba o al respetado Miquel Roca. Las fuerzas constituyentes, desde Alianza Popular al Partido Comunista de España, compartían un mismo universo cultural. Además, eran prudentes y supieron enterrar el pasado. Los iluminados como Blas Piñar fueron apartados y, afortunadamente, no había surgido el fanatismo de Quim Torra.

Sexto.-Hoy día, antes de abordar una reforma de esa naturaleza, sería imprescindible saber lo que se quiere, y no se sabe. Mientras los independentistas sigan insistiendo en el referéndum unilateral sería imposible cualquier negociación, y lo mismo cabría decir sobre la opción república-monarquía que todo el mundo es consciente que constituye un tema nada secundario. No existen puntos mínimos comunes. Los esfuerzos de entendimiento del gobierno, incluso para una sensata salida al tema de los presos, recomendable muestra de humanidad, no serían rechazables siempre que tengamos la tranquilidad de que no se nos quiere engañar. ¿Por qué no se explica Pedro Sánchez? ¿Por qué es incapaz de llegar a acuerdos previos con la mitad del pueblo español representada por el resto de partidos constitucionalistas?

Nuestro Presidente debería saber que Cataluña no es Québec ni Escocia con sistemas constitucionales distintos, cualquier jurista se lo podría explicar. Y es el derecho el que determina la nacionalidad, pues constituye el “pacto social” que une a todos los que poseemos el mismo pasaporte. Si se rompe, nada es eterno, tendría que ser con nuestra voluntad. Nadie duda de que hay que buscar una generosa solución al problema catalán, pero si alguien llegara a pensar que cabe dividir, según líneas estrictamente geográficas a catalanes y andaluces, demostraría ignorancia e irresponsabilidad. ¡Sería un memo, vaya!

La tiranía de la mayoría. ABC. Sevilla

La Revolución francesa supuso la creación de un mundo en el que todavía estamos viviendo, y que consagró el gobierno de los hombres sobre criterios de libertad y de mayoría, pues no había ningún ciudadano que fuera  más que otro. La democracia, el poder exclusivo del pueblo, fue una aspiración sacralizada desde entonces. Si alguien plantea alguna objeción, será arrojado inmediatamente a los infiernos. Pero como diría el brillante Yuval Noah Harari tal idea no es más que una ficción, bien hermosa desde luego, que carece de posibilidad de prueba. La historia ha demostrado que un poder sin límites, por legitimado que estuviese el que lo ejerciese, es siempre peligroso. Como decía Alexis de Tocqueville, “mientras la mayoría está dudosa, se habla, pero desde que se ha pronunciado irrevocablemente, todos se callan y amigos y enemigos parecen entonces uncirse a su carro de común acuerdo. La razón es sencilla: no hay monarca tan absoluto que pueda reunir en su mano todas las fuerzas de la sociedad y vencer las resistencias como lo puede hacer una mayoría revestida del derecho a hacer las leyes y ejecutarlas”

 En la misma Francia, los sucesos de la Convención en 1793, con su espectáculo de sangre y maldad,  demostraron que las dictaduras populares pueden degenerar en puro y simple terror.  El miedo a disentir de los demás lleva a una obediencia ciega, que imposibilita la crítica. Y el futuro nos depararía episodios como el alemán nacionalsocialista, que pondrían trágicamente de relieve que el hecho de ostentar la mayoría de votos no es garantía de bondad ni de justicia.  El franquismo, por ejemplo, en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, llegó a contar con el asentimiento del pueblo. ¿Nos dice algo eso desde un punto de vista ético?

En cualquier caso, el poder de la mayoría, a lo largo de los siglos XIX y XX, ha determinado una relevante política de transformación social inspirada en la necesaria superación de la miseria y desigualdad de los hombres. Fue protagonizada por movimientos ideológicos de indudable carácter marxista o anarquista, también por sociedades cristianas, incluso meramente por personalidades  bondadosas ¿Quién podía oponerse al gran Víctor Hugo cuando ante la Asamblea Legislativa el 9 de julio de 1849 describía la situación de la clase trabajadora?:"En París, en los arrabales de París, donde el viento de la revuelta soplaba con tanta fuerza no hace mucho, hay calles, casas, cloacas, donde familias enteras viven amontonadas, hombres, mujeres, muchachas, niños, sin más lecho sin más mantas, incluso diría, sin más vestimenta que jirones infectos de trapos putrefactos, recogidos en el fango de las calles de las afueras, en esos estercoleros de las ciudades, donde las criaturas se sepultan vivas para escapar del frío del invierno… tales hechos no son solamente injusticias para con los hombres: ¡son crímenes contra Dios!”

Crímenes contra Dios efectivamente, el problema es que en la práctica la defensa de ideas de esa naturaleza, ciertamente generosas y cristianas,  ha dado lugar a fenómenos totalitarios como el estalinista. El poder del pueblo degeneró en el de una minoría sin escrúpulos obsesionada con la uniformidad: los sentimientos del hombre, su “alma”, no podían oponerse a las matemáticas que establecían las leyes históricas. El individuo no contaba nada a la hora de la construcción científica de una nueva sociedad. Como le diría el estalinista Gletkin a Rubachov en Darkness at Noon: “Para nosotros la cuestión de la buena fe subjetiva carece de interés. Aquel que se equivoca debe pagar; el que tiene razón será absuelto. Era nuestra ley...”. Desde luego, la ternura o la piedad no entraban en juego.

Desgraciadamente,  no sólo han sido mayorías estalinistas o fascistas las que han destruido la libertad individual. Todas son capaces de hacerlo, pues se sienten en posesión de la verdad, incluso la bondad. ¿Por qué no van a ver Vida Oculta de Terrence Malick? Los nazis se consideraban hombres de orden, amantes de su patria. El objetor de conciencia es el traidor, el peligroso. ¿No les suena? Es muy posible que sí: es lo que ocurre actualmente en un mundo en el que oponerse al pensamiento dominante se ha convertido en peligroso. La policía política franquista te llevaba a la cárcel si te atrevías a ingresar en el PCE, pero al menos podías tener la compensación psicológica de sentirte un héroe admirado por tus amigos. Al salir, contarías con los vientos de la historia a tu favor.

Hoy día, en Europa Occidental nadie va a la cárcel por sus ideas. Es mucho peor, si disientes de la opinión dominante serás objeto de destierro intelectual, perderás la paz social. Vivimos en un mundo que rechaza la excelencia, odia a los que son capaces de sobresalir. En el siglo XIX y gran parte del XX, las personas destacadas en lo privado eran llamadas a la vida pública para aprovechar sus talentos. Hoy, por el contrario, nadie brillante querrá hacerse visible porque lo destrozarán. La transparencia, idea bien engañosa de origen calvinista, se ha convertido en el medio de destruir a las personalidades valiosas. Si no tienen nada que ocultar, lo tendrá su padre, la mujer, la amante o el tatarabuelo. Así, los que protagonizan nuestra vida pública son mediocres o niños.

Torrent y el arte de la prudencia. El Mundo. Madrid

Siempre se ha dicho, y se hizo eco Gerald Brenan en El Laberinto español, que en nuestro país lo que no ha hecho el pueblo se ha quedado sin hacer. Nuestras élites han sido singularmente ineficientes, desde el impresentable Fernando VII hasta Casares Quiroga, incluyendo a Zapatero, cuya bonhomía es lo único que puede salvarle. En Cataluña tenemos el ejemplo de Lluís Companys,  brutalmente ejecutado es cierto,  que se embarcó en la Revolución de Octubre dando buenos pretextos  para la sublevación franquista.

Ante ello, debería  reflexionar Roger Torrent sobre la conveniencia de seguir al activista Torra en su reto al Estado. Si las instituciones catalanas se colocan al margen del ordenamiento jurídico, plantean un desafío cuyas consecuencias son imprevisibles. Ni nuestra querida Cataluña ni el resto de España se merecen una ruptura final. El artículo 117.3 de la Constitución establece que el “ejercicio de la potestad jurisdiccional” corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales. A sus resoluciones será necesario estar. Torra no puede desobedecer a la Junta Electoral Central, obviando las conclusiones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que es lo determinante en este caso.

Todo esto lo decimos con independencia del reconocimiento de la complejidad jurídica del problema que plantea la pérdida de la condición de Diputado del Sr. Quim Torra. Son muchas las dudas inteligentemente suscitadas por el Ministerio Fiscal y la propia defensa del President que, desde luego, sabe utilizar los matices de nuestro ordenamiento: ¿la inelegibilidad sobrevenida puede declararla la Junta Electoral?, ¿qué valor tienen al respecto los preceptos del Reglamento del Parlamento de Cataluña? Todo esto y más se puede, y se debe, plantear. Baltasar Gracián, en su Arte de la Prudencia, decía: “La muleta del tiempo es más útil que el afilado palo de Hércules. Dios mismo no castiga con bastón, sino con sazón, con tiempo”. Al Tribunal Supremo podría habérsele exigido también un punto de espera. Ante la explosiva situación del país, quizás hubiera sido más sensato  aguardar a la resolución final del litigio.

En cualquier caso, la resolución de la Sala del Tribunal Supremo del día 22 de enero es impecable jurídicamente, además la excesiva prudencia frente a un desafío al Estado puede implicar una dejación de funciones irresponsable. Lo que interesa en este momento es analizar la afirmación fanfarrona y peligrosa de Quim Torra cuando proclama que “sigue siendo diputado y Presidente”. Lo de Presidente es cuestión aparte en este momento procesal, lo que desde luego ha dejado de ser es parlamentario. Carece de fundamentación jurídica su alegato de que sólo el Parlamento de Cataluña puede privarle de tal condición, y ello por varias razones:

Primero.-La Autonomía parlamentaria, en la que quiere ampararse, expresó en su tiempo, a lo largo de los siglos XVIII y XIX, la concepción revolucionaria de que las Asambleas  Legislativas estaban por encima del Derecho, pues ellas lo creaban. Mirabeau lo señaló con claridad cuando advirtió en 1789 al marqués de Dreux-Brezé, portavoz de la legalidad del Ancien Régime,  que no podría disolver la Asamblea Nacional salvo “con la fuerza de las bayonetas”: “Je déclare que si l’on vous a chargé de nous faire sortir d’ici, vous devez demander des ordres pour employer la force; car nous ne quitterons nos places que par la puissance des baïonnettes”. Espléndido desde luego y muy teatral. Las cosas ya no son así ; actualmente la autonomía de las Asambleas se ha convertido, siguiendo las palabras del jurista Luis Mª Díez Picazo, en “aquel conjunto de facultades de que gozan las Asambleas Legislativas para regular y gestionar por sí mismas la actividad o la organización que rinde materialmente posibles las dos tareas fundamentales del Parlamento: la edición de leyes y el control del gobierno. Se trata, por consiguiente, de un haz de facultades instrumentales con respecto a los fines institucionales del Parlamento”. Pero nada más. No están por encima del Derecho.

Segundo.-Es verdad que el Reglamento del Parlamento de Cataluña no contempla más que unas causas tasadas de pérdida de la condición de sus miembros, entre las cuales no está la regulada en el artículo 6.2 de la Ley orgánica de Régimen Electoral General. Pero los reglamentos parlamentarios defienden su esfera de actuación en el marco  del ordenamiento en su conjunto. Lo que se encuentra establecido en la Constitución española debe entenderse aceptado implícitamente por la normativa parlamentaria. Así el artículo 70 de la CE preceptúa: “La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad  de los Diputados y Senadores…”. En dicha norma se establecen las que deben entenderse comprendidas en todo caso, aparte de las relacionadas en la específica normativa de la Cámara. La Constitución está  por encima del Reglamento, aunque tenga consideración de Ley en sentido material  como de hecho doctrinalmente la tiene.

Tercero.- En un Estado de Derecho, los autos y sentencias judiciales, mucho más las resoluciones de las Juntas Electorales, son discutibles y, por supuesto, recurribles. El Seños Quim Torra podrá seguir oponiéndose procesalmente. Es más, el propio Parlamento de Cataluña puede plantearse distintos instrumentos, sería de recordar por ejemplo que el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, por Sentencia de 1 de diciembre de 1988, resolvió el planteado por una Asamblea Legislativa frente a las diligencias incoadas por un Juzgado de Instrucción, que a su entender vulneraban la prerrogativa de la inviolabilidad. La interposición de un conflicto de jurisdicción, no utilizado normalmente en la práctica de nuestros Tribunales por razones esencialmente procesales, no deja de ser una posibilidad, que además podría paralizar las actuaciones en curso. Es cierto que la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales, lo que ocurre es que la regulación de esos conflictos parte de un concepto del término jurisdicción a tenor del cual el mismo no supondría más que "la función que realiza cualquier órgano o conjunto de órganos del Estado, también las Asambleas Legislativas,  al intervenir dentro de la esfera de atribuciones que le son propias".

 En derecho todo es discutible, lo que no cabe es la rebelión pura y simple por el hecho elemental de que convierte en delincuentes a los que la practican. Si tenemos en cuenta lo anterior,  y partiendo de que está en juego nuestro propio Estado de Derecho, lo que no se comprende es la actitud de nuestro Presidente de Gobierno. ¿Qué quiere? Da la impresión de que su objetivo es conservar a toda costa el poder. Si fuese así, se habría convertido en un peligro para nuestra convivencia, aparte de una personalidad esencialmente reaccionaria, en cuanto la izquierda española fue siempre solidaria y españolista. ¿Por qué no se repasan los diarios de Manuel Azaña? Claro que hay que recuperar, como dice pretender el Gobierno, a los ciudadanos catalanes probablemente en su mayoría desafectos. Propuestas como las del traslado del Senado a Barcelona, o aún mejor la que ha hecho su Ayuntamiento de compartir capitalidad con Madrid son ideas brillantes y que deben utilizarse en la medida de lo posible. Habría muchas cosas que hacer a la hora de demostrar la conveniencia de vivir juntos.

Lo que no cabe es subordinar la política española a las exigencias de personas condenadas por los tribunales de justicia. Tampoco, un auténtico disparate, compartir la afirmación de todo un vicepresidente del Gobierno de que nuestro tribunales han sido humillados por Europa. ¿Es que no  son conscientes del prestigio de nuestros jueces y magistrados en las instancias internacionales, con independencia de puntuales correcciones normales en la práctica procesal? Si lo que se pretende es desmantelar el Poder Judicial, podría darse la impresión de querer utilizar las viejas y astutas tácticas reveladas por Curzio Malaparte en su Técnica del golpe de Estado. Todos, catalanes, andaluces y vascos, somos españoles. La soberanía no nos la pueden quitar aunque Pedro Sánchez se ponga a la altura de Casares Quiroga o de algún otro irresponsable dirigente.

Falsa inmunidad parlamentaria. ABC de Sevilla

Siempre se ha dicho que la ignorancia, no digamos la estupidez, es mucho más perniciosa que la locura para las sociedades humanas. Durante siglos, hemos creído las cosas más disparatadas como si de verdades de fe se tratara. Basta citar el caso pintoresco del flogisto o, en tiempos más recientes, las teorías de Trofim Lysenko, ingeniero agrónomo soviético que, durante los años treinta, dirigió una campaña de política agrícola inspirada en técnicas disparatadas que llevaron a la ruina del campo, propiciando distintas hambrunas. Era un memo obstinado. Contra toda evidencia, sin embargo,  fue felicitado por el mismo Stalin, lo que le sirvió para llevar al cadalso a sus opositores, biólogos serios como Nikolái Vavilov. En pleno siglo XXI, aunque haya desaparecido el tal Lysenko, da la impresión de que la memez se ha incrementado, y es muy contagiosa.

Leo en noticias de agencia que el Parlamento Europeo ha indicado que:"Las autoridades españolas se han dirigido al presidente de nuestra institución para solicitar el levantamiento de la inmunidad de Carles Puigdemont y Toni Comín para poder seguir con las investigaciones judiciales contra estos dos eurodiputados. Según el reglamento, esta solicitud se someterá a la comisión de asuntos jurídicos y comisión competente". Al parecer, tal información la habría proporcionado la vicepresidente de la Eurocámara, Ewa Kopacz. La verdad es que esta señora no tiene culpa de nada, pero todo lo que ha dicho es realmente un profundo disparate para cualquiera que conozca de una manera mínima las denominadas prerrogativas parlamentarias, es decir, inviolabilidad, inmunidad y fuero. Veamos:

Primero: Los seños Puigdemont y Comín carecen de inmunidad en sentido estricto. Basta con señalar que a tenor del artículo 71. 2 de la Constitución española: “Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito.  No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva”. Pues bien, ambos señores habían sido procesados con anterior a la adquisición de la condición parlamentaria. Han perdido su inmunidad, nada habría realmente que solicitar. 

Segundo.-Para quienes hablan de una teórica primacía del derecho europeo, que justificaría la realidad de una inmunidad de contornos distintos, más amplios que los establecidos en nuestra Constitución, habría que recordar algo elemental: según su Protocolo de privilegios e inmunidades, los diputados del Parlamento Europeo gozarán  “en su propio territorio nacional de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país”. Es decir, en esta materia rige nuestra Constitución. Es evidente que la adquisición de la condición parlamentaria por los Sres. Puigdemont y Comín implica la de un estatuto jurídico en el que se comprende la inmunidad, salvo que la hubiesen perdido por un hecho anterior a su elección. Lo que es el caso, diga lo que diga, con enorme error conceptual y carencia de profundidad jurídica, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

 A un asesino no le serviría de nada presentarse a un proceso electoral, para eludir la acción de la justicia. ¿Está claro, no? Pues si lo está,  al procesado por un delito de rebelión o sedición tampoco. Sería una burla descomunal.

Tercero.-Para mayor absurdo, se alega que dichos señores no podrían ser detenidos de venir a España. Claro que lo podrían ser: tanto el Protocolo europeo como nuestra Constitución establecen de manera expresa que una excepción a la prohibición de detención afecta al delito flagrante. Es decir, al que se estuviere cometiendo o acabare de cometer cuando el delincuente fuere aprehendido. Y dichos señores, en este mismo momento, persisten en su actividad delictiva, llámese de rebelión o sedición, contra el Estado español. Es elemental entonces la necesidad de detenerlos, constituye una obligación para nuestras autoridades.

Si todo esto es así, y lo es sin duda alguna, por qué el instructor de las diligencias penales se ha visto obligado a plantear ese impropio “suplicatorio”. Por una razón bien simple: porque así lo vienen entendiendo los jueces europeos encargados de cumplimentar las correspondientes órdenes de detención. Bien lamentable, sobre todo si tenemos en cuenta que en distintos convenios y tratados internacionales, ratificados por nuestro país, se suele incluir en sus Exposiciones de Motivos lo siguiente: “Resueltos, en cuanto Gobiernos de Estados europeos animados por un mismo espíritu y en posesión de un patrimonio común de ideales y de tradiciones políticas, de respeto a la libertad y de primacía del Derecho…”. Si esos países comparten nuestros valores y tradiciones, ¿cómo nos ponen tantos obstáculos? Es decepcionante desde luego, indignante también.

Jueces en Berlín. El Mundo. Madrid

Blackstone expresó de manera bien contundente que “the power of Parliament is absolute and without control”: "tiene autoridad soberana e incontrolable para hacer, confir­mar, ampliar, restrin­gir, abrogar, revocar, restablecer, interpretar cualquier ley...En verdad, lo que hace el Parla­mento ninguna autoridad sobre la tierra puede deshacerlo". Es cierto que una posición de esta naturaleza podía ser objeto de fáciles ironías y Tomás Moro con agudeza había ya preguntado: “Suponed que el Parlamento hiciese una Ley declarando que Dios no era Dios, ¿diríais entonces, Maestro Rich, que Dios no era Dios?” Sin embargo, la divinidad de las Asambleas Legislativas no era una soberbia pretensión, tenía fundamentos bien sólidos y serios: en los siglos XVIII y XIX estaba creando una nueva sociedad.

Por su parte, en la Convención francesa, Robespierre se preguntó con toda la pompa que le caracterizaba: ¿Puede existir un Tribunal capaz de declarar culpables a los representantes de la nación? Si se responde afirmativamente es evidente que ese Tribunal será el dueño de su destino. Podría decidir su suerte con fines inicuos y, destruida su inmunidad, la independencia de los representantes de la nación ya no existiría”. Pero esto pertenece a los avatares de una historia romántica que ha perdido su sentido desde que el Poder Legislativo ha dejado de poseer los caracteres del Dios de la Ciudad y se ha normalizado; convirtiéndose en una más de las instituciones que garantizan un ordenamiento jurídico basado en el respeto a la Ley, la participación política, y la soberanía de todos los ciudadanos en su conjunto. El Parlamento es la cúspide de ese edificio pero ya no disfruta de los rasgos de la divinidad a la manera de Rousseau.

Una vez que se ha producido la consolidación del Estado de Derecho, la doctrina empezó a preguntarse la necesidad de mantener en los ordenamientos unas figuras, las de la inviolabilidad e inmunidad,  que parecen representar una evidente contradicción al principio de igualdad ante al Ley. "En un ordenamiento que realice la separación de poderes, reconozca los derechos fundamentales, someta al Gobierno y a la Administración a la Ley y se asegure la independencia e imparcialidad de los jueces, ¿qué necesidad existe de unas garantías específicas para los parlamentarios?”, es una pregunta que viene realizando lo mejor de la doctrina española desde que la planteó en estos términos el magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva.

Hace ya tiempo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, nos basta citar la STC 51/1985, de 10 de abril, dejó establecido que: "las prerrogativas han de ser interpretadas estrictamente para no devenir privilegios que no puedan lesionar derechos fundamentales de terceros"; añadiendo: "La legitimidad de la garantía se ha de reconocer en la medida en que su estructura la haga adecuada a su objetivo, sin que en ningún caso pueda ser desvirtuada para convertirla en origen de privilegio". La inviolabilidad y la inmunidad no pueden funcionar como un instrumento tramposo para que los delincuentes se libren de sus responsabilidades.  ¿Qué quieren Junqueras y Puigdemont?  Algo evidente: librarse de las consecuencias de su delictivo actuar. Sería fraudulento, por tanto, que utilizaran las prerrogativas en su beneficio. El Auto del Tribunal Supremo, relativo a la STJUE que resuelve la cuestión prejudicial en su día planteada, no puede ser más claro en este sentido si tenemos en cuenta lo siguiente:

Primero.-El Sr Junqueras carece de inmunidad a tenor de la legislación nacional española a la que se remite expresamente el Protocolo de privilegios e inmunidades de los que disfrutan los parlamentarios europeos. Ha sido procesado antes de su elección. Es algo elemental.

Segundo.-Ha sido ya inhabilitado, no es por tanto parlamentario. En consecuencia no hay suplicatorio alguno que dirigir a un Parlamento Europeo al que no pertenece.

Tercero.- La llamada “inmunidad de desplazamiento”, que más que una novedad puede considerarse un error conceptual del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no puede predicarse ahora como es de toda evidencia. Pero, desde la previsibilidad del buen derecho, tampoco en el momento  en que se suscitó la “cuestión prejudicial” porque esa “inmunidad” no podía sensatamente apartarse de sus contornos clásicos. Sería un disparate pensar  que una persona procesada, en prisión, y habiendo perdido el estatuto jurídico que obtuvo por el hecho de su elección, pueda reclamar una libertad que implicaría tanto como una exención jurisdiccional.

Cuarto.-A la vista  de la confusión manifestada por el TJUE, nuestro Tribunal Supremo ha operado de la forma más inteligente posible: no plantea suplicatorio porque no es posible solicitarlo con respecto a quien ya no pertenece al Legislativo.

Quinto.- Frente a quienes hablan de judicialización, habría que señalar que gracias a la existencia de “jueces en Berlín” subsiste nuestra democracia. Da la impresión de que, en vez de apoyarlos, la tendencia actual de nuestros políticos es la de querer aislarlos, dejarlos solos frente al independentismo y desprestigiarlos. Quienes hacen eso no son progresistas, todo lo contrario: desean la supresión de todo tipo de control, es decir, la vuelta a la Dictadura.