Todo un Vicepresidente de Gobierno, Pablo Iglesias, ha criticado
la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de condenar a una
diputada de Podemos en la Asamblea regional por haber incidido, según leo en
prensa, en tipos delictivos calificados de atentado a la autoridad, lesiones
leves y daños. El motivo de su censura, se indica, reside en que existen
“corruptos muy poderosos [que] quedan impunes gracias a sus privilegios y
contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso”.
Se de cuenta o no, y si no se da sería ridículo, está dando a entender que en
nuestro país los tribunales adolecen de falta de imparcialidad. Es decir,
insinúa que están dictando resoluciones injustas, con todo lo que significaría.
Ante ello:
Primero.-El artículo 117 de la CE señala: “La justicia
emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados
integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.
Es decir, nuestros jueces deben atenerse a la norma jurídica, y sólo a ella. Si
no lo hacen, incurren en responsabilidad que les puede ser exigida penal y
disciplinariamente a través de procedimientos que establece nuestro ordenamiento.
Ningún miembro del Gobierno puede interferir este proceso pues atentaría contra
el principio de separación de poderes.
Segundo.- El mismo artículo 117, en su apartado 3,
preceptúa: “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de
procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a
los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes…”. Sería disparatado
aceptar que todo un Vicepresidente del Gobierno se atreviera a dar, directa o
indirectamente, indicaciones a los mismos. No es sólo ya que puede incidir en
responsabilidad, es que estaría poniendo en duda las características esenciales
de nuestro sistema.
Tercero.- Olvida también el Vicepresidente que al Gobierno
le corresponde “la defensa del Estado” (art. 97 CE), es decir, de sus tres
poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Pensar que en una democracia
consolidada, como teóricamente al menos lo es España, el Ejecutivo pueda poner
en cuestión a cualquiera de los otros poderes resulta tercermundista. Lo que
puede estar ocurriendo es que este señor no tenga la menor idea de lo que
significa ser miembro del Gobierno ni conozca sus funciones institucionales.
¿Es de izquierdas el señor Pablo Iglesias? Es posible que
sólo lo sea en el sentido infantil que irónicamente señaló Lenin no sólo en la
obra que dedicó expresamente al tema, en el Estado y la Revolución también.
Esos izquierdistas tenían una concepción mecanicista del marxismo de tal manera
que las sociedades burguesas poseerían una superestructura (poder judicial,
sistema ideológico, creencias) acordes con su carácter. Así, los jueces
defenderían siempre a los poderosos como ingenuamente los califica el
Vicepresidente.
Ignoran los populistas que los jueces españoles, ya desde
los años setenta, piénsese en Justicia Democrática, conocen perfectamente su
función y en su inmensa mayoría respetan un Estado de Derecho al que debería
servir también el Gobierno.
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