sábado, 25 de abril de 2020

Pablo Iglesias contra los jueces. El Mundo. Madrid


Todo un Vicepresidente de Gobierno, Pablo Iglesias, ha criticado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de condenar a una diputada de Podemos en la Asamblea regional por haber incidido, según leo en prensa, en tipos delictivos calificados de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños. El motivo de su censura, se indica, reside en que existen “corruptos muy poderosos [que] quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso”. Se de cuenta o no, y si no se da sería ridículo, está dando a entender que en nuestro país los tribunales adolecen de falta de imparcialidad. Es decir, insinúa que están dictando resoluciones injustas, con todo lo que significaría. Ante ello:

Primero.-El artículo 117 de la CE señala: “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables  y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Es decir, nuestros jueces deben atenerse a la norma jurídica, y sólo a ella. Si no lo hacen, incurren en responsabilidad que les puede ser exigida penal y disciplinariamente a través de procedimientos que establece nuestro ordenamiento. Ningún miembro del Gobierno puede interferir este proceso pues atentaría contra el principio de separación de poderes.

Segundo.- El mismo artículo 117, en su apartado 3, preceptúa: “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes…”. Sería disparatado aceptar que todo un Vicepresidente del Gobierno se atreviera a dar, directa o indirectamente, indicaciones a los mismos. No es sólo ya que puede incidir en responsabilidad, es que estaría poniendo en duda las características esenciales de nuestro sistema.

Tercero.- Olvida también el Vicepresidente que al Gobierno le corresponde “la defensa del Estado” (art. 97 CE), es decir, de sus tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Pensar que en una democracia consolidada, como teóricamente al menos lo es España, el Ejecutivo pueda poner en cuestión a cualquiera de los otros poderes resulta tercermundista. Lo que puede estar ocurriendo es que este señor no tenga la menor idea de lo que significa ser miembro del Gobierno ni conozca sus funciones institucionales.

¿Es de izquierdas el señor Pablo Iglesias? Es posible que sólo lo sea en el sentido infantil que irónicamente señaló Lenin no sólo en la obra que dedicó expresamente al tema, en el Estado y la Revolución también. Esos izquierdistas tenían una concepción mecanicista del marxismo de tal manera que las sociedades burguesas poseerían una superestructura (poder judicial, sistema ideológico, creencias) acordes con su carácter. Así, los jueces defenderían siempre a los poderosos como ingenuamente los califica el Vicepresidente.

Ignoran los populistas que los jueces españoles, ya desde los años setenta, piénsese en Justicia Democrática, conocen perfectamente su función y en su inmensa mayoría respetan un Estado de Derecho al que debería servir también el Gobierno.

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