Con tristeza y piedad

Nos dice el Evangelio: Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos. (Mt 5,3-12) y hay ocasiones en que una elemental piedad nos obliga a recordarlo. La justicia no la imparten sólo los órganos del Poder Judicial, por desgracia en la práctica se encarga de ello la opinión pública.

Termino de leer, a estas horas finales de la tarde, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla el día de ayer en el caso de los ERE, y me gustaría dejar por escrito las siguientes reflexiones, dejando para otro tipo de artículo especializado el análisis estrictamente jurídido de su contenido:

1) José Antonio Griñán y Manuel Chaves, otros de los condenados también, son personas honorables y buenas. Ambos son, además,  brillantes y de gran valía profesional. La sentencia no puede poner en cuestión nada de esto. 

2) Manuel Chaves y José Antonio Griñán han representado con dignidad y honor la presidencia de la Junta de Andalucía. Es una auténtica tragedia que terminen su vida política en estas condiciones, no se lo merecen. Son personas de categoría muy por encima de la media de nuestro país.

3) Su responsabilidad ha sido política: la derivada de que sus subordinados, no todos por supuesto,  han gestionado fraudulentamente el patrimonio público,  comportándose como auténticos sinvergüenzas y  protagonizando actitudes tercermundistas y cutres. El Partido Socialista Obrero Español no debería nunca haber permitido su actuación, y desde luego es responsable.

4) En los países civilizados, la responsabilidad política se dirime con instrumentos de esa clase. La torpeza de nuestros dirigentes ha sido incapaz de hacerlo, y ha preferido abandonar el tema a los jueces. Se ha destrozado a personas honorables por no saber ejercitar los adecuados instrumentos de oposición. Los miembros del partido en el poder y los de la oposición han actuado de manera vulgar, cateta incluso.

5) La conversión de la responsabilidad política en responsabilidad penal constituye ya  una lacra de nuestra democracia. Como nuestros representantes carecen de la capacidad intelectual necesaria para desenvolverse con categoría, simplifican cualquier problema: se comportan como inquisidores y prefieren llevar a la hoguera a los contrarios. Eso vale para unos y para otros, no saben distinguir.

6) Con absoluto respeto a la autoridad judicial, me gustaría observar que en mi opinión la conciencia de la injusticia, palmaria ilegalidad o arbitrariedad, de las resoluciones que han constituido el objeto del enjuiciamiento no resultan en absoluto acreditadas con respecto al menos a los Sres. Griñán y Chaves. ¿Es lógico pensar que un Presidente de Gobierno o un Ministro conocen en profundidad las actuaciones de sus subordinados?

7) ¿Es sensato pensar que Griñán, Chaves, otros también, conocían la manifiesta ilicitud de las transferencias de financiación? Desde luego, un Presidente del Gobierno no está para ocuparse de cuestiones de detalle, su misión es la "alta política", la determinación de los programa y objetivos. La actuación de los gestores departamentales se rige por una relación de confianza. Y si los subordinados no la merecen, el problema es político. 
 ¿Por otra parte, de verdad es posible hablar de malversación en la actuación de Griñán? No resulta así de la atenta lectura de los hechos probados que no pueden partir de “relatos” o presunciones previas. Supongo que el Tribunal Supremo tendrá algo que decir. Hacer de la responsabilidad penal una responsabilidad por el resultado destruye las bases esenciales del Código Penal y elimina la presunción de inocencia.

Sólo de manera excepcional deberá responderse penalmente por la actuación de otros. Una relación de confianza puede generar consecuencias penales sólo en los casos en que, por su naturaleza, la actuación del subordinado implicase la del superior jerárquico. Las actividades delictivas no pueden presumirse.

 8) La sentencia obvia una distinción elemental: una cosa es la naturaleza jurídica de las subvenciones, que podría llevar a la creencia por su excepcionalidad y urgencia de un control distinto a los rigurosamente procedimentales, y otra bien distinta es que concretos y determinados personajes hayan dilapidado los caudales públicos. 

9) ¿Un Estado de Derecho puede tolerar que se utilice a la instructora de las diligencias en un medio de comunicación, en forma claramente contraria a los procesados, durante el desarrollo del juicio  oral? De hecho, se les consideraba sin matices como culpables. ¿Puede aceptarse, en estas condiciones, que el proceso se desarrolló con imparcialidad? Por el contrario, desde ese momento estuvo afectado de nulidad además de constituir un auténtico disparate conceptual. En cualquier país civilizado, sería intolerable que quien ha instruido unas diligencias judiciales interfiera después en el curso del juicio oral con declaraciones en la prensa. Para colmo, en contra de los acusados. Nadie dijo nada, ¿nos hemos vuelto locos?

10) Por otra parte, con independencia de su buena fe y capacidad de trabajo que no se ponen en duda, ¿respetó la instructora de las diligencias las garantías constitucionales y estatutarias denominadas prerrogativas parlamentarias? En nuestra opinión, la distinción entre mera imputación e inculpación, que tuvo lugar forzadamente desde el principio, fue utilizada de una manera claramente desfavorable para los acusados.  Y no podemos olvidar el hecho, verdaderamente llamativo y grave, de haber acordado unas diligencias con respecto al Parlamento de Andalucía, institución protegida por la inviolabilidad del Poder Legislativo.  ¿Cómo es posible que no se haya tenido en cuenta todo esto?

¿Han tenido, entonces,  José Antonio Griñán y Manuel Chaves, otros también,  un proceso justo? Técnicamente, entendemos que no.

11) Hasta Daniel Defoe, por limitarnos al campo bien conocido de la novela, llegó a decir que los españoles somos crueles. Basta con ir a Twitter para comprobarlo: crueles y malvados. Quienes difrutan con el daño ajeno no son personas nada recomendables, máxime si pretenden obtener ventajas de cualquier clase, incluso políticas, con su dolor.

12) Mientras España se fragmenta territorialmente, Pedro Sánchez solicita irresponsablemente el apoyo de los independentistas y el prestigio del Estado se hunde internacionalmente, nos dedicamos, como hemos hecho a lo largo de la historia, a llevar a pobre gente a la hoguera.

En fin, quiero repetirlo las veces que sean necesarias, José Antonio Griñán y  Manuel Chaves son personas brillantes, buenas y honestas. Otros de los condenados también.  

La incidencia de la opinión publicada sobre los procesos jurídicos nos lleva a lamentar su capacidad de presión e influencia sobre nuestros jueces y magistrados que, la mayoría de las veces inconscientemente, no son capaces de oponerse a la dictadura interesada de las masas y sus medios. En este caso, tal presión ha sido enormemente perjudicial para los intereses de la Justicia.

Todo ello con independencia, como es natural, de que lo ocurrido resulte vergonzoso y deba llevar al PSOE a una profunda reflexión, no nos merecemos lo que ha pasado