"Causa general" y tratamiento cruel contra Chaves y Griñán

Sobre la pretendida comparecencia en el día de hoy de los antiguos Presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, me gustaría señalar que no solamente constituye un fraude constitucional, pues se trata de convertir la investigación de una comisión parlamentaria en instrumento para alterar una campaña electoral, lo que carece de legitimidad; supone también un atentado a los derechos fundamentales de ambas personas, pues, en la práctica y sin motivo razonable que lo justifique, se les somete a  una “causa general” que conduce a un “trato inhumano y degradante” rechazado expresamente por el artículo 15 de la Constitución Española.

Para desvanecer cualquier objeción, he de aclarar que las “causas generales”, que atentan contra el “principio acusatorio”, pueden ser protagonizadas por cualquier poder público, y no sólo en el ámbito judicial. Chaves y Griñán, personas ciertamente respetables por el elemental hecho de haber sido Presidentes de nuestra Comunidad Autónoma y mantener intacto su derecho a la dignidad como cualquier otro ser humano, son objeto también al menos desde el año 2012 de una continua inquisición, no sólo procesal penal, a la que todos los ciudadanos pueden ser sometidos es cierto, también a la de los medios de comunicación y, sobre todo, a la de los círculos políticos y parlamentarios.

Se encuentran de hecho en la situación del hombre que se sabe sometido a una investigación pero ignoran de qué se les acusa concretamente, como se dijo en la STC 14/1986. Son objeto de comisiones de investigación, procesos penales e  indagaciones inquisitoriales en los medios sin otra justificación, en algunos casos, que la necesidad de mantener el interés morboso de una opinión pública a la que se pretende orientar y las conveniencias tácticas de los partidos políticos. Todo ello  es inadmisible en un Estado de Derecho.

En la práctica, sufren un acoso que ya es cruel e innecesario. Todo el mundo es consciente que su responsabilidad es estrictamente política. La judicialización derivada del mal funcionamiento de nuestro sistema, y de la torpeza de absolutamente todos los actores partidarios, les está ocasionándo unos daños que moralmente son rechazables. ¡Ya está bien! Las declaraciones decimonónicas establecieron que todos los seres humanos tienen unos derechos sagrados e inalienables cuales son la  vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad (Declaración de Derechos del hombre y del ciudadano de 1789, Constitución francesa de 1791 y Declaración de Independencia norteamericana). Ese es el fin de la política, sin que se puedan amparar las conductas tendentes a la destrucción de los adversarios, que constituyen pura y simplemente una maldad.

Los errores que los Sres. Manuel Chaves y José Antonio Griñán pudieran haber cometido en su gestión ya los han pagado con exceso con las críticas que han venido recibiendo en los últimos ocho años.

Decía Albert Camus que era necesario mostrar “un mínimo al menos de piedad”, la que no se está teniendo con dos seres humanos sometidos desde hace tiempo a comportamientos que exceden de la pertinencia investigadora, para convertirse en innecesarios y crueles. El Parlamento de Andalucía, mi Parlamento, no debería tolerarlo, no es justo. ¿A estas alturas qué pueden aportar ya Chaves y Griñán, salvo su angustia y dolor? Como ciudadano, quiero expresar mi indignación Entre unos y otros están haciendo imposible la gobernabilidad de nuestro querido país. Las escenas que se han visto en la comparecencia de Manuel Chaves producen vergüenza y pena. 

Por otra parte, se olvida un hecho elemental: las personas que comparecen ante una Comisión de Investigación  no pueden ser consideradas testigos de un proceso judicial. Ésa no es su función,  son ciudadanos llamados a aportar información ante un órgano político. El ordenamiento jurídico penal tipifica su incomparecencia y el testimonio falso, pero nada más. No legítima el trato desconsiderado ni la violencia verbal. Por ello, nadie podría acusar penalmente al compareciente que se niega a responder a los malos modos de Gabriel Rufián, en el Congreso de los Diputados, o de cualquier otro parlamentario. No someterse a una humillación no puede ser delito ni está así tipificado